Estado emparda a privados en Inavi

Don Jorge Saravia –hombre conocedor del tema, si los hay– se encargó de informar del punto a sus colegas, explicando detalladamente la situación de la vitivinicultura en Uruguay. Realizó un pormenorizado informe en el que historió la evolución del sector desde mediados del siglo XVII hasta nuestros días y señaló los vicios de funcionamiento del Inavi, las irregularidades constatadas y las carencias demostradas desde su creación en 1988.

Reseñó luego las disposiciones contenidas en la nueva ley que propenden a resolver los problemas planteados. El senador emepepista hizo hincapié en que la composición del Consejo de Administración del Inavi no es justa ni democrática pues las organizaciones gremiales del sector creadas después de 1987 no tienen participación alguna en el organismo director, cuya integración no es producto de elecciones normales.

Para ello se propone modificar la cantidad de miembros del Consejo de Administración, que actualmente cuenta con tres delegados del Ejecutivo, dos por los bodegueros, dos por los viticultores, uno por los Grupos Crea de Viticultores y uno por las cooperativas vitivinícolas. El nuevo Directorio se integrará con tres delegados del Ejecutivo y tres representantes que serán electos por voto secreto y obligatorio entre los viticultores y los bodegueros; estará presidido por el representante del MGAP, que tendrá doble voto en caso de empate.

Esta disposición fue la única que recibió cuestionamientos de parte de la oposición, que anunció su disposición a votar en general pero rechazar los artículos que establecen la nueva integración, argumentando que el sector privado es el verdadero protagonista y que el Estado no debe tener injerencia ­o injerencia mínima­ en el desarrollo del sector; una vez más, la polémica entre lo público y lo privado se hizo presente en el debate del Senado.

Los blancos Da Rosa, Long y Abreu y el colorado Alfie fueron la voz cantante de la postura pro sector privado, mientras Saravia, Lucía, Mujica y Gargano abogaron por una mayor presencia del Estado en su función controladora. Lucía, por ejemplo, señaló que a su juicio el mayor mérito de esta ley es que instaura el voto secreto, directo y obligatorio para elegir a los representantes de las gremiales; el Pepe, por su parte, recogiendo su experiencia al frente del MGAP, explicó que en el seno del Consejo de Administración del Inavi existen, objetivamente, notorias contradicciones entre los representantes de los productores que sólo el Estado es capaz de resolver. Terminó afirmando que en su postura «no hay fanatismo sino responsabilidad».

Finalmente, el proyecto fue aprobado en general por unanimidad (24 en 24 presentes). Sólo los artículos referidos al Directorio y su nueva integración recibieron el rechazo de la oposición. Ahora pasa a Diputados.

En la barra, una solitaria presencia femenina siguió atentamente el debate. Se trataba de la enóloga Leticia Villalba, integrante de la Asociación de Vitivinicultores (entidad creada luego de 1988 y que por tanto no tenía, hasta hoy, ni arte ni parte en las decisiones del Inavi), quien expresó su satisfacción por la aprobación del proyecto de ley. «Antes un grupo pequeño tomaba decisiones por nosotros… ahora todo es más democrático», señaló.

La Cámara alta se abocó, inmediatamente, a la solicitud de aprobación cursada por la Suprema Corte de Justicia para designar como ministros del Tribunal de Apelaciones a la doctora María L. Elizabeth Bendahan y al doctor Julio A. Posada Xavier, magistrados que se desempeñaban como jueza letrada de Familia y juez de lo Civil respectivamente. Ambos exhiben currículos destacados que los hacen merecedores del ascenso pedido por la Corte, y las solicitudes de aprobación fueron votadas por unanimidad. El doctor Eber da Rosa pidió para fundamentar su voto, a lo cual Nin accedió con su cordialidad habitual. El ex intendente destacó su satisfacción por el nombramiento del doctor Posada, de quien fue vecino en su Tacuarembó natal. ¡Cómo tira el pago!, ¿no?

Para concluir esta breve crónica sólo me resta señalar que el sector citrícola volvió a gozar de exoneración de Contribución Inmobiliaria Rural y que la ciudad de Bella Unión fue declarada «Capital Nacional de la Caña de Azúcar».