2ª Terminal: Rossi descartó riesgo legal

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, compareció ayer ante la Comisión de Transporte, Comunicación y Obras Públicas de la Cámara de Representantes, donde remarcó la necesidad de aprobar una ley referida a la construcción de la segunda terminal de contenedores del puerto de Montevideo. El planteo no fue bien recibido por el Partido Nacional.

El diputado nacionalista Jaime Trobo cuestionó ayer fuertemente la iniciativa, que ingresaría al Parlamento en el mes de julio, por considerar que «el gobierno debe hacerse cargo de sus decisiones», y no hacer recaer en el Parlamento las futuras repercusiones que pueden surgir de la habilitación de la segunda terminal. «El Parlamento no puede respaldar el riesgo», dijo el legislador, quien se refería a los reiterados anuncios de la empresa Katoen Natie (concesionaria de la única terminal de contenedores que existe actualmente) del inicio de juicios contra el Estado una vez que se concrete el proyecto. Trobo expresó que «evidentemente el ministro no puede asegurar que los litigios se den, por tanto debería hacerse cargo».

Sin embargo, desde la bancada oficialista se indicó que las explicaciones fueron ampliamente satisfactorias.

Rossi remarcó que los asesoramientos legales que ha recibido tanto desde el Ministerio, como de la Administración Nacional de Puertos y de especialistas en la materia, indican que no hay ningún tipo de riesgo legal que pueda desencadenar en juicios.

En lo que respecta a la forma en la que se hará la nueva concesión, si bien Rossi dijo que aún no está resuelto, todo indicaría que el gobierno se inclina por realizar una subasta, por considerarlo un mecanismo transparente ­»gana el mejor postor»­ y más práctico que la licitación. En esta decisión influye el hecho que para la anterior terminal, se declararon tres licitaciones desiertas. Si bien la fuerza política ha dado su respaldo total a la construcción de la nueva terminal, el asunto fue mencionado en la reunión de la mesa política del FA el pasado lunes, cuando los representantes del Movimiento de Participación Popular (MPP) plantearon su inquietud por el grado de participación que tendrá el Estado. Desde el sector se indicó que si bien eran conscientes de que el Estado no puede hacerse cargo de un emprendimiento de esa magnitud, es imprescindible que se controle al emprendimiento privado, mediante la participación de delegados del Estado en los organismos directivos.