Primera audiencia de la Justicia civil por el caso Elena Quinteros

A las 10 y 30 horas de hoy en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo a cargo de la magistrada Estela Jubette se llevará a cabo la primera audiencia pública por el tema de los desaparecidos. La instancia en la que comparecerá María Almeida de Quinteros como demandante y el Ministerio de Defensa como demandado surgió luego de que Almeida presentara un recurso de amparo. En ese recurso la madre de Elena Quinteros pide que se ordene al Poder Ejecutivo investigar el paradero de su hija a la luz de nuevos datos.

Como se recuerda al inicio de este caso, la jueza Jubette no utilizó la potestad que le asiste de rechazar la acción de amparo bajo el título de improponible. En cambio ordenó a los demandantes que precisen cómo y cuándo se enteraron de las denuncias del soldado Sergio Pintos, sobre las que se basa la demanda.

El ex militar Sergio Pintado denunció ante los ministros de la Suprema Corte de Justicia en enero de 1999 las circunstancias en las que fue enterrada la maestra Elena Quinteros.

El abogado Pablo Chargonia, que asiste a «Tota» Quinteros, sostuvo al presentar la demanda que el Poder Ejecutivo nunca cumplió con el deber de informar que tiene ante el reclamo de cualquier ciudadano, de acuerdo a la Constitución de la República. Es así que sostiene que no les queda a los familiares otra opción que acudir al recurso de emergencia conocido como la acción de amparo.

Acogiendo este pedido, la jueza solicitó tiempo atrás ampliación de los testimonios de Sergio Pintado ante el máximo órgano del Poder Judicial y al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Defensa a iniciar una investigación administrativa.

El fundamento de la demanda presentado ante la jueza Jubette considera que «El acontecimiento que da pie a esta acción de amparo se centra en el hecho de que en el corriente año llegó a su conocimiento a través de la prensa, la existencia de una declaración efectuada por un soldado de nombre Sergio Pintado ante la Suprema Corte de Justicia, en la que se indicarían datos relacionados con la desaparición de su hija así como del lugar donde se hallaría su cuerpo, todo lo que podría contribuir al esclarecimiento de las circunstancias de la desaparición y el conocimiento de la verdad de los hechos».

Según la demanda de Quinteros, el envío de ese expediente a la Suprema Corte de Justicia obedeció a que «era pertinente que se iniciara una investigación administrativa, un deber elemental ante una declaración como la vertida por aquel ex funcionario militar».