Guardavidas privados desde hoy en playas de Canelones

Desde hoy, la empresa Lagotur Sociedad Anónima brindará el servicio de guardavidas en las costas y ríos de este departamento. Mientras tanto, la Asociación de Guardavidas de Canelones (AGC) denunció que la comuna aportó a esa firma alrededor de diez documentos que la favorecieron en la etapa previa al proceso licitatorio, actualmente investigado en la Junta Departamental.

La privatización de este servicio generó un enfrentamiento entre la administración municipal que encabeza el intendente Tabaré Hackenbruch y el sindicato de Guardavidas, cuyos miembros realizaron distintas movilizaciones e incluso intentaron encadenarse en el hall del edificio comunal, lo que motivó un amplio despliegue policial que incluyó la participación de efectivos vestidos de civil.

En las últimas horas, la AGC presentó un recurso de revocación ante el Tribunal de Cuentas y la Intendencia Municipal de Canelones (IMC). En ese escrito, los trabajadores sostienen que Lagotur –ganadora de la licitación– no cumplió con las condiciones establecidas en el pliego y denuncian que el proceso licitatorio fue «manifiestamente ilegal». Además, subrayan que Lagotur no está capacitada para brindar ese servicio.

Actualmente, la referida licitación es investigada en la Junta Departamental de Canelones por una comisión especial multipartidaria que en la próxima semana determinará si la IMC incurrió en irregularidades.

Por su parte, distintos jerarcas de la Intendencia han afirmado en reiteradas oportunidades que la tercerización permitirá ahorrar dinero. En un comunicado público emitido el martes, el gobierno canario transmitió «tranquilidad» a la población, resaltando que «no permitirá ningún boicot que atente contra la seguridad de los bañistas en nuestras playas, utilizando todos los intrumentos legales y operativos a su alcance».

 

Quince días más tarde

A diferencia de la anterior temporada –última para la cual la IMC contrató guardavidas zafrales– el servicio de vigilancia en costas y ríos comenzará hoy viernes, en lugar del primer día del mes de diciembre. Según los guardavidas, esto motivó el fallecimiento de un joven en aguas del río Santa Lucía, cerca de una torreta que estaba vacía.

Ayer, el delegado gremial Edgardo Camejo anunció que la AGC exigirá el amparo de los Ministerios de Salud Pública, Defensa Nacional, Interior y Deportes, ante lo que consideran una «fraudulenta» licitación. En ese sentido, aseguró que Atilio Garrido, encargado del área de guardavidas en la IMC, «envió más de diez faxes a la empresa Safe Ltda., pertenciente al mismo grupo económico de Lagotur».

Mediante esos documentos, dijo Camejo, el jerarca municipal aportó «datos esenciales» a los titulares de esa empresa, posteriormente ganadora de la licitación. En su edición del pasado miércoles, LA REPUBLICA dio a conocer una denuncia del edil de Asamblea Uruguay Juan Ripoll, quien exhibió un fax enviado por García al encargado del «adiestramiento» de guardavidas en Lagotur.

«La licitación es un fraude público», sostuvo el sindicalista, remarcando que la misma «le costará Canelones nada menos que 1,3 millones de dólares». Señaló además que ligas de fomento y comisiones vecinales del departamento «están coordinando acciones para presentar un recurso de amparo ante la Justicia».