Complicaciones en Diputados por las zonas francas

Un nuevo cuarto intermedio aprobó ayer jueves la Cámara de Representantes y no terminó la aprobación de la segunda ley de urgencia. Ya se votó la libre importación de gas natural, la violación de las disposiciones sanitarias y quedaron pendientes las modificaciones en las zonas francas y la ley de deportes. El tratamiento sigue el miércoles a la hora 10.00.

La importación de gas natural proveniente de la Argentina y las nuevas posibilidades a conceder a las zonas francas son las que mayor tiempo de discusión han generado en sala. La llegada del gas natural y su norma regulatoria aprobada establece que todo comprador de gas natural al por mayor «cuyo consumo anual no sea inferior a cinco mil metros cúbicos diarios», queda habilitado a elegir su proveedor entre los agentes nacionales o extranjeros y a importarlo sin restricción y sin tener que pagar tarifa de importación alguna. Por lo tanto queda sin efecto el canon que Ancap cobraba anteriormente.

El referido a la violación de las disposiciones sanitarias, modifica el artículo 224 del Código Penal, señalando que «el que mediante la violación de las disposiciones sanitarias será castigado con tres a 24 meses de prisión». La pena será más grave si por el delito causa «un grave perjuicio a la economía nacional».

 

Zonas francas

En cuanto a las zonas francas (tema que comenzó a tratarse pero que quedó trunco al votarse afirmativamente un cuarto intermedio hasta el martes próximo mocionado por la bancada nacionalista) la nueva legislación otorga a los usuarios la posibilidad de brindar servicios telefónicos o informáticos hacia el territorio «no franco». Esta posibilidad, se aclara, será factible «respetando los monopolios, exclusividades estatales y/o concesiones públicas».

Las zonas francas podrán contar con los conocidos internacionalmente como «call center» (centros de llamadas), casillas de correo electrónico, educación a distancia y emisión de certificados de firma electrónica. Estos servicios recibirán el mismo tratamiento tributario que los servicios prestados desde el exterior, ya sea en lo que refiere al prestador, así como a la deducibilidad del mismo por el prestatario. Se agrega que Antel no podrá fijar tarifas diferenciales para los servicios de telecomunicaciones fundadas en la distancia entre Montevideo y el lugar en que se encuentre emplazada la zona franca.

Los diputados de todos los sectores tiene dudas con relación a este capítulo. Incluso los representantes que estuvieron durante semanas tratando este artículo en la Comisión especial reconocieron su ignorancia sobre el funcionamiento de los «call center» y los reparos y previsiones legales que éstos deberán indefectiblemente tener en su funcionamiento. «Si yo estuviera en Antel, y esto no quiero que nadie lo tome como una autopromoción… yo no tengo nada que ver, pero si fuera un humilde gerente de Antel le estaría diciendo al Presidente: señores, el call center vamos a hacerlo nosotros asociados con algún privado, antes de que vengan otros a hacerlo», dijo el diputado del Foro Batllista Ronald Pais, uno de los más enérgicos defensores de los nuevos servicios de telecomunicaciones en las zonas francas.

El legislador respondió así a unas dudas manifestadas por un diputado encuentrista sobre si la instalación de los centros de llamada iban o no a convertirse en una competencia desleal para el ente de las telecomunicaciones.

El desconocimiento que el funcionamiento de los call center desarrollan en las zonas del mundo donde ya existen quedó explícitamente demostrado en las idas y venidas que el artículo tuvo en su redacción final. El diputado del EP Raúl Sendic confió que «en primer lugar vino a la Comisión una redacción del Poder Ejecutivo, más tarde una propuesta de un consultor técnico, después llegó el ministro de Economía Alberto Bensión con una tercera propuesta, posteriormente el Partido Nacional hizo un sustitutivo, luego otra más surgida en acuerdo entre el nacionalismo y el Partido Colorado y hoy hay una nueva propuesta que es la que estamos tratando y que aparentemente muestra un acuerdo en la coalición de gobierno».

Debido al desconocimiento que tienen los legisladores sobre el asunto, el diputado encuentrista Martín Ponce de León exhortó a que los items referidos a las telecomunicaciones y que la ley estaría concediendo «obligan a una precisión jurídica que hace no sólo a nuestra tranquilidad sino a posibles inversores». Alertó que la redacción de habilitación de los call center tal como estaba en el proyecto, «habilita a los centros de llamada de los bancos locales o de empresas de radiotaxi a instalarse en las zonas francas, por lo que les va a convenir instalarse allí con el consiguiente detrimento para el Estado que pierde de recaudar impuestos».

El legislador señaló que el artículo de creación de los centros de llamadas en zonas francas no tuvo una consideración técnica adecuada y advirtió que podría generar pérdidas para la tesorería de la Nación. «Miren que este tema puede determinar migración de trabajos actuales y serias pérdidas para la Nación si no está correctamente regulado», señaló Ponce de León, al tiempo que mocionó derivar el artículo a la Comisión de Hacienda «para un mejor tratamiento». La propuesta no fue acompañada por los diputados de la coalición, a pesar de que algunos habían apresuradamente levantado de la mano, las que bajaron también inmediatamente por «disciplina partidaria».