Instalan Comisión de Seguridad ante reciente ola delictiva en Maldonado

La inseguridad pública en general y en el departamento de Maldonado en particular, insumió ayer las casi cuatro horas de sesión en Diputados. Todo empezó con un planteo de cuestión política a cargo del diputado de Vamos Uruguay Germán Cardoso, afectado -dijo- por los recientes hechos de violencia en el esteño departamento, en donde desconocidos dieron muerte hace pocos días a una menor de 11 años y a un joven de 21.

Este planteo político desembocó en la promesa de la bancada de gobierno a la del Partido Nacional de darle vía libre a la creación de una comisión especial de seguridad pública con fines legislativos y que durará hasta que termine la actual administración. Por lo menos se estudiará su conformación, dijo el diputado frentista Aníbal Pereyra, confesémoslo, casi a regañadientes.

Esa comisión especial estudiará y propondrá normas que tiendan a mitigar las causas de la violencia ciudadana, punto en el que todas las bancadas están prácticamente de acuerdo.

 

El debate

Cinco representantes tiene Maldonado en el actual Parlamento: dos del Frente Amplio (Darío Pérez y Pablo Pérez) dos del Partido Nacional (Federico Casaretto y Nelson Rodríguez) y uno del Partido Colorado (Germán Cardoso). El quinteto acordó ayer a la tarde plantear en la sesión las necesidades de una mejor estrategia en cuanto a la seguridad pública. Claro, cada bancada lo hizo con sus bemoles, aunque tanto en el oficialismo como en la oposición se reconoció la necesidad de una mayor presencia policial en las calles de las ciudades del departamento y con fines fundamentalmente disuasivos.

«Hay un déficit de 750 efectivos policiales», disparó de entrada el diputado Cardoso, «(porque) se está viviendo allá un panorama de caos y pánico social generalizado».

Hay que recordar que hace más de un año Cardoso fue recibido por el presidente Tabaré Vázquez para dialogar precisamente sobre un proyecto de ley en el que se proponía el traspaso de efectivos militares al rango policial para patrullar las calles fernandinas. De esa iniciativa, nada se sabe hoy.

El nacionalista Federico Casaretto reclamó «manos firmes» al gobierno y aclaró que «éste no es tiempo de interpelaciones, ni de llamados a sala: es tiempo de un debate profundo».

Pablo Pérez, diputado del mismo sector político que el intendente de Maldonado, reclamó «mayor inversión» en la formación policial, y el otro frentista, Darío Pérez, sostuvo que el crecimiento demográfico de su departamento es una de las causas de los hechos de violencia que se vienen registrando.

El blanco Nelson Rodríguez pidió que se aplique el Código de Faltas con «tolerancia cero» y el herrerista José Carlos Cardozo desempolvó el programa Vecino Alerta, aplicado en anteriores gobiernos con poco éxito, «para que la sociedad también se organice en contra de la violencia».

Hasta aquí el debate era bastante digerible, razonable y conciso. Después vino lo que sigue. El hoy independiente Víctor Semproni acusó a la televisión de ser dínamo «de la delincuencia» y pidió «censurar aquellos programas teñidos de violencia». La nacionalista Sandra Etcheverry confesó vivir con miedo. «Cuando paro en los semáforos doy una moneda a los que me la piden porque basta notar su mirada…que ya sabemos está afectada por quién sabe que cosa», relató. Luis Alberto Aparicio Lacalle Pou pidió «represión» y «educación», aunque no aclaró en qué orden o si las dos cosas al mismo tiempo. Dijo que el IRPF en los servicios del 222 «desmotiva» a la Policía y aconsejó al gobierno a «no temer» ejercer el poder.

 

Las mociones que nunca fueron

Como se dice más arriba, el debate se saldó con una promesa de crear una comisión legislativa sobre seguridad ciudadana.

No obstante, se habían redactado dos mociones que aglutinaban el motivo de la discusión de ayer: los asesinatos de dos jóvenes en Maldonado.

La oposición proponía su «profunda preocupación por la inseguridad en Maldonado» y encomendaba a la ministra del Interior a «reforzar el patrullaje con 750 efectivos» y a instruir a la Policía en la aplicación de la «tolerancia cero».

El oficialismo se solidarizaba con las familias de las víctimas, reafirmaba su confianza en las autoridades, apoyaba el ingreso de nuevos efectivos y auguraba un mejor desempeño de la Policía con la ley que será sancionada sobre el nuevo procedimiento policial.

Ninguna de las dos se votó.