Familiares piden reunión con el canciller por caso Tróccoli
La Justicia italiana rechazó el pedido de extradición contra Tróccoli ya que el exhorto que libró el juez Penal de 19º Turno, Luis Charles, llegó fuera del plazo legal estipulado para ser presentado en la Corte de Apelaciones de Salerno.
El magistrado remitió el expediente, con toda la documentación adjunta de la causa abierta contra el marino en Uruguay, a la Suprema Corte de Justicia (SCJ), el 13 de febrero de 2008, pero el mismo se presentó ante el tribunal italiano el 31 de marzo, ocho días después de vencer el plazo legal. En ese sentido, los integrantes de Familiares de Detenidos Desaparecidos pretenden comunicarse con el canciller de la República a los efectos que les brinde aclaraciones sobre el desarrollo de las acciones de la secretaría de Estado en el caso Tróccoli.
El director de Protocolo de la SCJ, Raúl Oxandabarat, confirmó la fecha de ingreso del expediente a la Corte para su traducción, pero aseguró que un mes después, el 13 de marzo, el mismo se envió al Departamento de Jurídica de la Cancillería para que «vía valija diplomática» se lo remita hacia Italia. Incluso se informó a la Cancillería, el 12 de marzo, que el exhorto se remitiría a esa dependencia, dijo Oxandabarat.
La embajada uruguaya en Roma, sin embargo, entregó el pedido de Charles recién el 31 de marzo, por lo que, de acuerdo al artículo 6 del tratado binacional de 1879 entre Uruguay e Italia, Tróccoli quedó en libertad «y no podrá ser detenido por la misma causa».
El vencimiento del plazo implicó que la Corte de Apelación de Salerno resolviera el 24 de abril «la puesta en libertad inmediata, sin custodia por otra causa de Jorge Tróccoli», en relación a lo que dispone el artículo 7 del tratado binacional.
El abogado patrocinante en la causa de los traslados clandestinos de 1978, Oscar López Goldaracena, concurrió ayer al Juzgado Penal de 19º Turno, para interiorizarse del trámite que se le dio al expediente, tras lo cual señaló que «no hubo ninguna responsabilidad del juez Charles» en la demora.
López Goldaracena solicitó que se investigue la responsabilidad de la SCJ y la Cancillería en las demoras que sufrió el expediente. «Se debe investigar la demora negligente del Estado uruguayo y determinar a los responsables de esa falta de diligencia porque deberán asumir su responsabilidad», ya que «no es cierto que el pedido de extradición haya estado incompleto», dijo López Goldaracena a LA REPUBLICA.
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