Solamente falta Uruguay

El jueves, Perú se convirtió en el Estado número 118 en firmar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, dejando solo a Uruguay, en tanto que las Islas Marshall se convirtieron en el Estado número 24 en ratificar este texto.

El Estatuto de Roma entrará en vigor una vez hayan sido depositadas 60 ratificaciones.

Este Estatuto fue adoptado el 17 de julio de 1998 por 120 votos a favor, 7 en contra y 21 abstenciones, luego de una conferencia diplomática de cinco semanas de duración celebrada en Roma. En el texto se previó la creación de una Corte Penal Internacional de carácter permanente con jurisdicción sobre los peores crímenes perpetrados en el mundo: el genocidio, otros crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, tanto en conflictos internacionales como no internacionales.

Según un comunicado de Amnistía Internacional, «la necesidad de que exista esta Corte es evidente. En el medio siglo transcurrido desde que se celebraron los juicios de los tribunales militares internacionales de Nuremberg y Tokio, millones de personas han sido víctimas de genocidio y de otros crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, pero los Estados no han cumplido con su deber de llevar a los responsables ante la justicia».

El comunicado agrega que «la Corte no sustituirá a los tribunales nacionales que han podido y han querido cumplir con su deber. Unicamente intervendrá cuando los Estados no cumplan con la obligación que les imponen las normas internacionales de procesar a los responsables de tales crímenes. Su mera existencia será un estímulo que animará a los sistemas jurídicos nacionales a cumplir con su deber y servirá de elemento disuasorio de la comisión de tales».

A mediados de año, una delegación de Amnistía Internacional visitó nuestro país y se reunió con jueces, parlamentarios y el presidente de la República, Jorge Batlle.

Según informó la delegación de Amnistía, el jefe de Estado se mostró proclive a firmar el documento. Sin embargo, hasta ayer no se rubricó el texto.

Amnistía insta a los Estados a que promulguen una legislación que facilite una cooperación plena, inmediata y eficaz con la nueva Corte. «La responsabilidad primordial de juzgar estos crímenes recae en los Estados, y en muchos casos será preciso promulgar importantes normas adicionales que garanticen que el genocidio, otros crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra también son considerados crímenes en el derecho interno, con independencia del lugar en que se hayan cometido».

Sin embargo, el artículo 124 del estatuto permite a los Estados que en el momento de la ratificación declaren que no aceptan la jurisdicción de la Corte sobre los crímenes de guerra durante un periodo de siete años.

«Una declaración de este tipo socavaría el propósito mismo de la Corte al conferir a los Estados impunidad ante la justicia internacional en casos de crímenes de guerra durante un período de siete años que comienza en el momento que el estatuto entra en vigor para ese Estado», sostiene Amnistía.