SCJ culminó la redacción de otras dos sentencias: hoy se difundirían

El proyecto que redactó el ministro Hipólito Rodríguez Caorsi, que beneficiará a 1.200 militares que accionaron contra el impuesto, así como uno preparado por el presidente de la Corte, doctor Jorge Ruibal Pino, «quedaron prontos» para su corrección y la inclusión de las discordias, dijo el propio Ruibal a LA REPUBLICA.

El general (r) Iván Paulós, el ex comandante en jefe del Ejército Juan Modesto Rebollo y el presidente del Centro Militar, Luis Pírez, son algunos de los accionantes, según reveló anoche Telemundo 12.

Las sentencias, por tanto, podrían conocerse entre hoy y el miércoles cuando las mismas sean firmadas por los cinco ministros de la Corte y se dictamine la inconstitucionalidad del IRPF por violentar el artículo 8 de la Constitución, confirmó Ruibal.

Los fallos se conocerán exactamente una semana antes que la ministra Bossio abandone la Corporación, al cumplir la mayoría de edad permitida para permanecer en el cargo (70 años), lo que puede implicar un cambio en la resolución de los expedientes. La doctora Bossio es una de las integrantes de «la mayoría» que determinó la inconstitucionalidad del tributo.

La salida de Bossio implicará que la Asamblea General cuente con 90 días para designar al nuevo integrante de la SCJ, plazo que de vencerse provocará que se designe de forma «autómatica» al ministro más antiguo de los Tribunales de Apelaciones.

Las últimas designaciones se realizaron por «2/3 de los votos» pero «sin acuerdo político», pero de forma de «acelerar los tiempos» se procedió a nombrar al ministro más antiguo de los Tribunales, como en el caso del último ingreso, doctor Jorge Ruibal Pino.

Los principales candidatos para ser designados en la SCJ son: la ministra del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2º Turno, doctor Mariela Sassón, y el doctor Jorge Larrieux, ministro del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º Turno, señalaron fuentes judiciales a LA REPUBLICA.

 

Medidas

Los ex presidentes Julio María Sanguinetti y Jorge Batlle coincidieron en un encuentro del Foro Batllista en la ciudad de San Carlos, Maldonado, donde criticaron al gobierno del Frente Amplio y apuntaron sus baterías contra el IRPF. Ambos integran núcleo de jubilados que paga más IRPF que IRP (en total, son 59.001 casos).

Batlle, quien concurrió al evento a «título personal», solicitó al secretario del CEN que «nos convoque a todos los dirigentes colorados de todo el país, de todos los sectores (…) Salgamos a todos los barrios y pueblos de la República a recoger las firmas para eliminar el IRPF a los pasivos».

Sanguinetti contestó que «está ya convocado ese esfuerzo, en el cual ya estamos y en el cual seguiremos». «En estas horas andan revolviendo papeles para ver quién firmó y quién no firmó, y nosotros les decimos desde acá (…) que jamás aceptamos el impuesto a la renta», señaló.

«No estamos en actitud oportunista. Si hemos impugnado hoy el impuesto sobre los jubilados es porque había una posibilidad jurídica de la impugnación constitucional (…) Nuestro compromiso es derogar el impuesto a la renta como lo resolvió ya la Convención y como nos lo manda nuestra historia», concluyó Sanguinetti. En tanto, desde filas del Partido Nacional se reclama al gobierno la derogación del IRPF. Varios dirigentes nacionalistas han sido patrocinadores de demandas de jubilados y pensionistas presentadas ante la SCJ.

 

SILENCIO OFICIAL

El presidente de la República, Tabaré Vázquez, en la reunión de esta jornada con el Consejo de Ministros, podría considerar, entre otros asuntos, el impacto de la primera sentencia sobre inconstitucionalidad del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF). «Es un tema a ser tratado; es más que probable», indicó a LA REPUBLICA una fuente oficial consultada. El informante no descartó que también se traten, además, los escenarios alternativos que el gobierno plantearía ante la eventual caída del impuesto. Fuentes oficiales consultadas para conocer los futuros pasos de la Administración en el tema del IRPF explicaron a LA REPUBLICA que el gobierno instruyó a sus integrantes a «no hacer declaraciones de prensa» en torno a este asunto.