Acuerdo por Ley de Urgencia II

Las diferencias suscitadas por el artículo 66 de la Ley de urgente consideración referido a la instalación de empresas en las zonas francas y los servicios de telecomunicaciones hacia esas zonas habían generado idas y venidas entre la redacción enviada por el Poder Ejecutivo y la propuesta defendida por los representantes del Partido Nacional.

El gobierno había introducido un artículo en el que se autorizaría a empresas de telecomunicaciones instaladas allí a prestar sus servicios menos los referidos a la telefonía básica. Posteriormente, las modificaciones introducidas a ese artículo llevó a que se aprobara que las tarifas de Antel que brinda para las distintas zonas francas sea única por ley y no se pague por carácter de larga distancia.

«De esta manera fomentamos el interior y de que las diferentes zonas francas que se encuentran ubicadas en distintos puntos del país no estén compitiendo en desigualdad de condiciones», destacó el diputado del Foro Batllista Guzmán Acosta y Lara.

El representante agregó que esta disposición bien podría haber sido determinada por un decreto por el Poder Ejecutivo pero que, el Partido Nacional había reclamado que la misma se estableciera a través de una ley «la que será mantenida oportunamente en el plenario», prometió.

Otras de las diferencias subsanadas entre los representantes del gobierno de coalición en el artículo 66 de la ley de urgencia se refiere a la instalación de nuevas empresas en las zonas francas.

El diputado Acosta y Lara señaló que se puso especial énfasis en cuidar de no generar competencia desleal entre las empresas que se instalen en las zonas francas con aquellas ubicadas en áreas no francas. «Con esta ley se pretenden aumentar las inversiones desde las zonas francas para el resto del mundo, con las exoneraciones tributarias que correspondan pero cuando llegue el momento de que una empresa decida ingresar a una zona franca que se pague lo que haya que pagar y que deduzcan los impuestos que deban deducir».

Aportes a la construcción

El Poder Ejecutivo abrazaba la idea de exonerar los aportes de la construcción en el área privada durante 2001 en aquellas obras que superaran las dimensiones de los mil metros cuadrados. Finalmente, la Comisión aprobó una serie de modificaciones que llevaron a que, para verse amparado en el beneficio se deje sin efecto los mil metros cuadrados «porque únicamente beneficiaría a las grandes obras privadas que generalmente se dan en Montevideo y Maldonado», dijo Acosta y Lara, y la exoneración abarcará el 75 por ciento.

El diputado forista dijo a LA REPUBLICA que la ley sólo amparará a las obras de carácter privado y aquellas que se compruebe que, al momento de la promulgación de la ley, se encontrasen detenidas en un período anterior a los seis meses.

El legislador adelantó que la Comisión resolvió facultar al Poder Ejecutivo a extender por un año más las exoneraciones –hasta 2002– «si las condiciones económicas del país no se revierten».

Otras aprobaciones

La Comisión aprobó también la normativa que conceden licencias especiales tras la adopción de menores. Allí se establecieron 42 días de licencia para las familias que adopten menores de hasta 18 años y la que faculta la conformación de una comisión que observará los términos y la evolución de los convenios que se establezcan entre una empresa pública y otra privada. Esa comisión deberá redactar informes anuales sobre la materia y remitirlos al gobierno. No tuvo andamiento la propuesta del Encuentro Progresista de que se diera cabida al Tribunal de Cuentas para que de esa manera, además de informar al Poder Ejecutivo se informara también al Poder Legislativo.

El próximo martes, el proyecto aprobado a nivel de la Comisión entrará a discusión en el plenario de la Cámara de Diputados. Voceros del Partido Nacional adelantaron que esta corriente política hará algunas modificaciones al proyecto, aunque no serán sustanciales.