Gobierno ratificó la eliminación de partida de $ 950 a Mesa de Entes

El encargado de confirmar la negativa a la Mesa Sindical Coordinadora de Entes (MSC) fue el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Enrique Rubio, cuyo sector de pertenencia, la Vertiente Artiguista, integra el bloque frentista más crítico de la política económica diseñada por el ministro Danilo Astori.

Los dirigentes Jorge Bianchi (BPS), Juan Gómez (Fancap), Augusto Larrosa (Sutel), Oscar López (ANP) y Gabriel Portillo (AUTE), entre otros, escucharon la fundamentación del rechazo oficial a la vigencia de un beneficio que alcanzaba a unos 11.000 trabajadores y, en algunos casos, era extensivo a familiares directos de los titulares. «No obtuvimos ningún resultado positivo. Rubio nos dijo que la ley debe ser aplicada», informó Bianchi a LA REPUBLICA.

La ley aludida por el jefe de Planeamiento es la que creó el flamante Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), régimen destinado a universalizar y uniformizar la atención de salud de la población asalariada. «Nos indicó que el gobierno es consciente de que (la ley) está siendo bien aplicada», precisó Bianchi.

El SNIS es financiado mediante un seguro nacional de salud al cual cada trabajador verterá el 4,5% de sus ingresos nominales, mientras que los activos, con hijos menores de 18 años de edad a cargo, aportarán mensualmente el 6% de su salario.

Hasta la entrada en vigor del SNIS, la cobertura de salud de esos funcionarios se financiaba mediante el pago mensual de una alícuota de $ 950 per cápita, que era asumida por los respectivos entes y empresas del Estado.

La MSC considera que la modificación implementada por la Administración Vázquez representa «una pérdida salarial», en virtud de las opiniones expresadas por asesores legales consultados al efecto. «La partida estaba gravada con el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, lo que la convierte en un ingreso de naturaleza salarial: o sea que no podría ser eliminada», valoró el dirigente de la ATSS.

Esa convicción surge de los análisis jurídicos que, a pedido de los sindicatos reclamantes, fueron realizados por sus «asesores legales», así como por «los abogados del Ministerio de Trabajo, que estuvieron de acuerdo» con la interpretación de los gremios, indicó Bianchi.

 

«Demandas en cascada»

Pero más allá de consideraciones y reivindicaciones «el gobierno va a mantener su posición en cuanto a que no hay posibilidades de contemplar la aspiración» de la MSC, confirmó a LA REPUBLICA el dirigente sindical Gabriel Portillo, de la AUTE.

A juzgar por la fundamentación brindada por el director de la OPP a la nutrida delegación sindical que se hizo presente ayer de mañana en el Edificio Libertad, el gobierno no objeta la propia legitimidad del reclamo de la MSC sino que apunta a prevenirse políticamente de otros potenciales planteos en el mismo sentido.

«Rubio nos dijo que de ser aceptada nuestra reivindicación, se podrían desencadenar reclamos similares en cascada», lamentó Portillo.

 

BUSCAN ALTERNATIVA

Los funcionarios no se resignan e imaginan una alternativa para que «se mantenga» el beneficio en cuestión, en virtud de su certeza sobre el carácter salarial del mismo. «Podemos cambiarle el nombre, o cambiarlo de rubro. Queremos cualquier salida negociada antes de tener que caminar por el tortuoso camino de los juicios» contra el Estado, indicó el dirigente.

Bianchi, a su turno, compartió su desagrado ante la perspectiva de litigar contra el Estado y, de hecho, contra el propio gobierno. «Como dirigente sindical no estoy de acuerdo ni creo que lo más indicado sea ir hacia los juicios», valoró. «Pero después de Turismo haremos asambleas en todos los entes y decidiremos en función de lo que decida la mayoría», advirtió el sindicalista.

Portillo, por su parte, coincidió en que la situación planteada «está haciendo correr ese riesgo», señaló, en referencia a la opción de litigar masivamente.