Integrantes del Movimiento Sin Tierra (MST) de Brasil ingresaron a territorio uruguayo y efectuaron una manifestación multitudinaria en las inmediaciones del Parque Internacional.
El hecho se produjo el jueves por la tarde y causó alarma entre los pobladores locales, según pudo comprobar LA REPUBLICA.
El grueso de los activistas, alrededor de 900 personas, había ocupado la estancia Tarumán días pasados, en territorio brasileño. El predio es propiedad de la firma Stora Enso, que también tiene propiedades en Uruguay.
El martes fueron desalojados en forma violenta del lugar tras una intervención de efectivos de la Brigada Militar del vecino país.
Las 900 integrantes del Movimiento Sin Tierra brasileño todavía permanecen en Santana do Livramento, localidad fronteriza con nuestro país. En horas de la tarde del jueves manifestaron en la zona del Parque Internacional.
Hubo decenas de detenidos que fueron prontuariados y después dejados en libertad, a excepción de la activista Irma Ostrosky, quien todavía permanece detenida en la Penitenciaría de Livramento, acusada de graves delitos, entre los que se cuenta “formación de quadrilha” (asociación para delinquir).
Se vivieron momentos de tensión ya que se pensó que las activistas, que eran acompañadas por manifestantes riverenses, podían dirigirse a las oficinas de las empresas forestadoras que funcionan en Rivera.
La movilización, que duró varias horas, fue controlada de cerca por un gran número de efectivos policiales brasileños, en tanto que no se pudo advertir la presencia de uniformados riverenses, volviendo las manifestantes al club Guanabara.
En la actualidad empresas como Stora Enso utilizan empresas brasileñas para la compra de grandes extensiones de campo a los efectos de destinarlo a la plantación de pinos y eucaliptus.
El incidente fue denunciado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país por el diputado (Partido Colorado) Guido Machado, quien en diálogo con LA REPUBLICA manifestó que “en los años que tengo nunca vimos nada igual y de ninguna forma lo podemos permitir, por lo que espero que la Cancillería actúe de inmediato”.
Los activistas plantean una serie de reivindicaciones entre las que se cuenta impedir la aprobación de una ley que reduce las llamadas ” fajas de frontera”. El gobierno brasileño mantiene vigente una ley que prohíbe la compra de tierras por parte de empresas extranjeras en las zonas fronterizas. La aprobación de la enmienda, segúnlos activistas, “atenta contra la soberanía del pueblo brasileño”.
Colacce recibe a AEBU
El próximo viernes, el ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Carlos Colacce, recibirá en su despacho a una delegación de AEBU, que solicitara el martes pasado una audiencia con el nuevo secretario de Estado.
La intención de los funcionarios bancarios es retomar el diálogo con las autoridades en busca de llegar a un acuerdo que permita consolidar la reestructura del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU).
El fin de semana, la Asamblea General de funcionarios del BHU, aprobó por mayoría, rechazar la firma de un acta de entendimiento que planteaban los ministerios de Vivienda y Economía, para ejecutar en lo inmediato, los cambios que llevaban a consolidar la función de la Agencia Nacional de Vivienda, y reestructurar al Hipotecario.
Sin embargo, en la noche del martes, el Consejo del Sector Oficial de AEBU puso a consideración lo resuelto por los funcionarios del BHU. Con 7 votos a 4, este organismo no refrendó lo aprobado por la asamblea de trabajadores del Hipotecario.
Piden desafuero de Mazzullo La fiscal de Durazno, Cristina Falcomer, pidió al juez Gerardo Núñez, el procesamiento con prisión de Alessandro y Jorge Mazzullo, y el desafuero del ex intendente de Flores y actual diputado, Carlos Mazzullo, por delitos contra la administración pública.
La denuncia contra el ex intendente, su hijo y su hermano, fue radicada en el juzgado de Durazno a comienzos de 2007, por el actual intendente de Flores, Armando Castaingdebat, basado en una auditoría del Tribunal de Cuentas de la República (TCR), que constató irregularidades en el manejo de los fondos públicos por parte de los implicados. Entre los delitos mencionados se detallan compras realizadas por el hijo del intendente, Alessandro Mazzullo que era secretario personal del jefe comunal, con fondos de la comuna y para uso personal.
El informe también señala el mal manejo de la publicidad oficial. El intendente electo en 2005, Walter Echevarría, prometió a lo largo de su campaña electoral que, si ganaba las elecciones, pediría una auditoría al TCR. Tras la muerte de Echevarría, Castaingdebat solicitó al TCR que inicie la auditoría, y según el abogado de la Intendencia de Flores, José Luis González, “la IMF presentó la denuncia para salvar su responsabilidad institucional”.
Según explicó González, la fiscal solicitó al juez que instrumente el pedido de desafuero para el hoy diputado Carlos Mazzullo.
El juez Núñez dió la vista al abogado defensor, Dr. Gastón Chaves, y tras un pedido de análisis se espera que a fines de marzo el juez defina si determina el procesamiento.
El ministro Agazzi confirmó que la ley que establece el pago del subsidio a los productores del litoral del país ya fue aprobada por ambas cámaras, y que sólo resta que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social termine de realizar la lista de los pescadores que se vieron afectados por la veda de pesca en el Río Uruguay entre Fray Bentos y la Represa de Salto Grande.
El jerarca remarcó que el proyecto establece que van a producirse vedas anuales a partir del 1º de setiembre próximo y hasta el 28 de febrero, por razones reproductivas de los peces. En este sentido expresó que la cartera está trabajando en una solución estructural que brinde una solución a esos pescadores, ya que la mayoría no están inscriptos en el BPS y por tanto no tienen derecho a seguro de paro. Agazzi remarcó que el subsidio se implementó como solución “sólo por esta vez”.
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