Junta canaria contra Cáceres

Tal como informó días atrás LA REPUBLICA, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) emitió una resolución acerca de la decisión del ministro de Transporte Lucio Cáceres, quien entregó la mencionada línea –explotada hasta entonces por Raincoop– a la Compañía de Omnibus Pando Sociedad Anónima (Copsa).

Esto motivó que Raincoop presentara un recurso administrativo que no tuvo respuesta, por lo cual promovió una acción de nulidad ante el TCA, cuyos integrantes acogieron la solicitud. El pasado 26 de noviembre de 1999 Raincoop formuló un reclamo por reparación patrimonial, el que podría determinar una pérdida de 10 millones de dólares para el Estado. En la sesión del deliberativo efectuada el pasado viernes y que terminó en la madrugada de ayer, los ediles canarios trataron, como último punto del orden del día, la situación creada en la Costa de Oro ante la falta de la línea 222. Como antecedente «cercano», varios curules recordaron las movilizaciones sociales que generó hace cinco años la decisión del MTOP de dejar «en suspenso» el servicio prestado por Raincoop y hacer lugar al recurso presentado por Copsa.

Finalmente, la mayoría del plenario aprobó enviar una minuta al MTOP para que «a la brevedad» reinstaure el servicio 222, detallando previamente cuál será su recorrido.

De todos modos, los ediles no estipularon qué empresa deberá prestarlo.

Esta moción fue aprobada por el Foro Batllista, el EP-FA, el Partido Nacional y la mayoría de la Lista 15, dado que la edila de ese sector colorado y habitante de Parque del Plata, Mayra Salsamendi, se negó a votarla y se mostró a favor del servicio brindado actualmente por Copsa.

Cobro de chapas

Asimismo, el Encuentro Progresista ingresó como «grave y urgente» el cobro por concepto de cambio de chapas de vehículos que la comuna canaria dispuso en forma obligatoria para los automovilistas canarios, bajo la advertencia de aplicar multas a quienes no lo hagan.

Con la oposición del Foro Batllista, el resto de los sectores solicitó formalmente a la intendencia que «suspenda» la medida.

Además, la mayoría de la junta propuso crear una comisión junto a técnicos del municipio a los efectos de estudiar la viabilidad del cobro en el futuro.