El gobierno podría "extranjerizar" las preciadas reservas subterráneas de agua

«El segundo gobierno de Julio Sanguinetti ya había autorizado a OSE, en el artículo 750 de su presupuesto, Ley 16.736 del 5 de enero del 96, a otorgar a privados, mediante el régimen de concesión de obra pública –y leo textual lo que sigue–, «la realización de obras y la prestación del servicio de saneamiento y de suministro de agua potable en el interior del país», recordó una fuente del sindicato de trabajadores de OSE.

«Lo que nosotros advertimos», explicó, «es que también está en el Interior la planta de Aguas Corrientes que abastece de agua potable a un millón 800 mil usuarios de Montevideo, y que también está en el Interior la distribución y el saneamiento que quieren privatizar en Canelones, Colonia, Paysandú y San José, como también lo estaba en Maldonado».

«Pero lo más grave», continuó, «es que también están en el Interior los acuíferos subterráneos de Raigón y Guaraní, en San José y Tacuarembó» y «la única normativa vigente», es «el viejo Código de Aguas, que comenzó a regir el 1º de marzo de 1979 por el Decreto-ley 14.859″. «El código no dice ni una sola palabra sobre las reservas subterráneas», alertó la fuente.

«Crearon la Ursip para privatizar»

El reciente Mensaje Complementario del Presupuesto Quinquenal, remitido al Parlamento por el gobierno de Jorge Batlle, creó, en su artículo 19, la Unidad Reguladora de Servicios de Interés Público (Ursip), que centralizará en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) la regulación de los actuales servicios públicos de agua, gas, electricidad, combustibles, etc.

«Nada impide la concesión a empresas extranjeras de la explotación de las reservas naturales de agua dulce, en régimen de concesión de obra pública, ya sean yacimientos profundos o subterráneos», confirmó a LA REPUBLICA una fuente de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, COFE.

Además, explicó la fuente de la organización que representa a sindicatos de organismos del Estado, que la reforma de la Carta Orgánica de OSE, aprobada hace escasas semanas por el Parlamento, autorizó al ente a vender agua bruta, o sea, sin potabilizar, y comercializar por separado la UPA, la Unidad Potabilizadora de Agua.

«Tampoco hay norma», volvió a advertir la fuente, «que impida al gobierno conceder a privados extranjeros la exportación de agua bruta de las reservas, y además conceder a las mismas trasnacionales la comercialización de las UPAs, o conceder la potabilización del agua en territorio nacional para su posterior exportación embotellada».

Fuentes de Ffose consideraron por su parte en forma tajante que la Ursip, creada por mensaje complementario, podría ser utilizada por la OPP para regular la anunciada «privatización» del suministro de agua potable y saneamiento en Canelones, Colonia, Paysandú y San José. «No creo casualidad que las multinacionales del agua se estén instalando en Uruguay cuando Batlle emprende iniciativas neoliberales que podrían implicar una pérdida de patrimonio nacional», resumió una fuente.