Suntma reclama políticas de Estado

«Nosotros planteamos la necesidad de profundizar en el debate sobre estos temas (…) Es necesario discutir sobre varios aspectos entre los que están la renovación de la flota pesquera y el manejo de los recursos pesqueros, para la elaboración de una política pesquera de Estado», remarcó Franco.

El dirigente concurrió ayer, junto a varios representantes del Suntma, a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) para reunirse con el titular del organismo, Daniel Montiel. Los dirigentes le manifestaron su preocupación por las repercusiones de la decisión de la Comunidad Económica Europea, ya que temen pueda redundar en la paralización de la actividad.

Según manifestó Franco, la restricción, si bien abarca sólo a unas pocas empresas, las mismas emplean a miles de trabajadores. A modo de ejemplo, el dirigente aseguró que en una de ellas trabajan cerca de 2.000 personas en la planta y cerca de 200 en el mar.

Por su parte, Montiel dijo que según su previsiones, la medida no va a generar una paralización de la pesca. «Es posible que algunos trabajadores sean enviados a seguro de paro pero no creo que se trate de un número importante», dijo el jerarca. Montiel expresó que a su criterio la mayor parte de las empresas afectadas van a intentar aumentar las exportaciones hacia otros destinos como es el caso de Rusia y China.

El director especificó que la misión europea quitó los permisos de exportación a tres empresas pesqueras, debido a que no cumplían con los requisitos sanitarios del bloque. El incumplimiento se dio fundamentalmente en función de dos aspectos: en lo que refiere a la infraestructura de las empresas y en lo relacionado a los procedimientos de manipulación de la mercadería.

Además de sancionar a las plantas, la misión «advirtió» al organismo certificador uruguayo, la Dinara, sobre la ineficiencia al momento de las inspecciones.

Montiel admitió que no se cuenta con el número de inspectores necesario ni con la debida formación de los mismos para cumplir con el protocolo europeo. No obstante, afirmó que la resolución de estos aspectos estaba prevista dentro del proyecto de gestión pesquera que elaboró esta administración, «el problema fue que la comunidad nos ganó de mano», expresó.

El jerarca se manifestó confiado en que el asunto pueda resolverse luego de la visita de la delegación uruguaya a Bruselas, que se realizará el próximo fin de semana, y enfatizó en que la Dinara mantiene su autoridad frente a la Comunidad Europea, ya que de hecho puede seguir emitiendo certificados de exportación.

Haciendo uso de esas facultades, es que el organismo retiró a cuatros empresas más los permisos de exportación al bloque. En total, se estima que las pérdidas podrían ascender a los 80 millones de euros.