Astori pidió "rápida dilucidación" a la DGI sobre el caso Casal

El ministro de Economía, Danilo Astori, anunció ayer «una rápida dilucidación de este tema, sobre la base de los criterios que se aplican normalmente a cualquier contribuyente de este país», porque en Uruguay «no hay diferencias entre contribuyentes».

El empresario Francisco Casal se «agravia» en la demanda que presentó ante la Justicia Civil porque la DGI no pudo, durante los 6 años que lo investigó, determinar cuál era el derecho aplicable a sus actividades, que consisten en adquirir, a través de sociedades del exterior, los derechos económicos de los futbolistas a los clubes uruguayos para venderlos posteriormente a un club extranjero.

El impuesto por el que se investiga al empresario Casal, el IRIC, fue eliminado con la entrada en vigencia de la reforma tributaria, el 1º de junio de 2007, por lo que la disyuntiva se remonta a los impuestos aplicados previo a esta fecha, dijeron las fuentes.

Los representantes de Casal son los doctores Leonardo Costa y Oscar Brum, ambos integrantes del gobierno de Jorge Batlle.

 

Secreto tributario

El director de la DGI, Nelsón Hernández, indicó que sus declaraciones se encuentran bajo «la vigencia del secreto tributario» y, por tanto, se negó a realizar cualquier afirmación que implique el reconocimiento o la negativa de una investigación tendiente a «determinar tributos del contribuyente que sea».

«Cuando se desarrollan actividades industriales y comerciales no hay solo un tributo que recae sobre esa actividad», así como «cuando la DGI inicia una actuación administrativa lo hace a los efectos de determinar, no un tributo, sino todos aquellos que gravan la actividad», explicó Hernández.

La liquidación de «un impuesto no implica que no puedan liquidarse otros», porque hay «impuestos diferentes que dan origen a obligaciones distintas por parte del contribuyente», y por tanto, las acciones inspectivas abarcan diversos aspectos, resaltó el director de la DGI.

El contador Hernández indicó, en tanto, que la demanda de «no innovar» que solicitó el empresario ante la Justicia Civil «no le impide a la DGI pronunciarse» con respecto a la acción inspectiva que se pueda estar llevando adelante contra el contribuyente.

El jerarca reafirmó su «sorpresa» ante la acción iniciada por Casal, porque es «un tema que debe resolverse por los canales de la administración tributaria y no de la Justicia Civil», y prefirió no comentar la presencia de Leonardo Costa, hasta hace poco asesor de la DGI, como uno de los impulsores de la demanda.

El jerarca indicó, sin embargo, que «los 10 millones de dólares aportados por concepto de transferencias que señala la demanda los aportaron los clubes, no Francisco Casal. Es un error de la información, porque los representantes, las personas no pueden ser dueñas de los derechos federativos de los jugadores», dijo Hernández.