Macarena, la hija de María Claudia, pedirá reapertura de caso Gelman

En la última semana de febrero, Macarena Gelman, su abogado José Luis González y el embajador argentino Hernán Patiño Mayer, presentarán ante la Justicia un escrito para la reapertura de la indagatoria judicial sobre el secuestro, traslado ilegal, privación de libertad y desaparición de su madre, María Claudia García de Gelman.

Será la primera vez que Macarena, la nieta del poeta argentino Juan Gelman nacida en cautiverio en Montevideo, presentará una denuncia judicial en Uruguay para saber el destino de su madre, quien en agosto de 1976, en Buenos Aires, fue secuestrada embarazada junto a su esposo Marcelo, y llevada al «pozo» Automotores Orletti.

En octubre de 1976, en el marco de una serie de traslados de un grupo de uruguayos también secuestrados en Orletti, María Claudia fue traída a Montevideo y recluida en la sede del Servicio de Información de Defensa (SID) hasta que dio a luz a Macarena en el Hospital Militar aquel 1º de noviembre. Su madre fue luego asesinada y desaparecida.

El caso de María Claudia había sido presentado ante la Justicia por Juan Gelman en 2002, luego de ubicar el paradero de Macarena, quien había sido criada por la familia de un policía uruguayo, pero las actuaciones del juez Gustavo Mirabal no pudieron continuar por decisión del fiscal Enrique Möller quien ordenó archivar el caso.

En dos oportunidades la aparición de pruebas «supervinientes» posibilitaron reabrir la causa, pero en ambas ocasiones el propio representante del Ministerio Público se negó a acusar por entender que la Ley de Caducidad implicaba una amnistía que amparaba el caso ya que fue incluido en la Ley 15.848 por el presidente Jorge Batlle en 2003.

En abril de 2007, el expediente archivado del Caso Gelman fue incorporado como prueba en la causa del «segundo vuelo» de Orletti, que indagan el juez penal de 19º Turno, Luis Charles, y la fiscal Mirtha Guianze, luego de recibir testimonio de LA REPUBLICA respecto a que María Claudia era parte del «paquete» de aquel traslado.

 

Nuevos elementos

Desde la clausura de las actuaciones, que un tribunal de apelaciones confirmó al recriminar al juez Mirabal su intento de acción procesal de intentar continuar con una causa cuando la Fiscalía no iba a acusar, el caso Gelman fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que podría pronunciarse este año.

Sin embargo, en los últimos tres años en Uruguay ha surgido una serie de elementos que colocan al Caso Gelman en un nuevo escenario y posibilitan esta nueva denuncia por parte de Macarena, quien con 31 años de edad está decidida a conocer la verdad sobre lo ocurrido con su madre y pidió al abogado González una nueva denuncia.

En primer lugar, el 8 de agosto de 2005 en el informe sobre desaparecidos de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) el comandante en jefe Enrique Bonelli confirmó que el 5 de octubre de 1976 existió un «segundo vuelo» en el que trasladaron a Uruguay a 22 militantes del PVP que estaban secuestrados con María Claudia en Automotores Orletti.

El segundo hecho novedoso es la ubicación en 2006 de los restos de los desaparecidos Ubagesner Chávez Sosa y Fernando Miranda y el hallazgo de un trozo de radio, posiblemente de mujer, en predios militares, lo que confirmó la existencia de enterramientos clandestinos como se presume ocurrió con la madre de Macarena.

El tercer elemento de prueba que presentará el abogado González, es una serie de artículos de LA REPUBLICA cuyas investigaciones sobre derechos humanos aportan nuevos datos al caso Gelman desde la ubicación de la Base Valparaíso (confirmada por el represor Gilberto Vázquez), a sitios de reclusión y lugares de enterramiento.

Esos hechos posteriores al archivo del Caso Gelman se suman a la nueva interpretación que el Poder Ejecutivo ha dado a la Ley de Caducidad a partir de la asunción del presidente Tabaré Vázquez, quien ha permitido la indagatoria judicial de todas las denuncias de desaparición forzada antes de decidir si están amparadas en la Ley 15.848.

 

Pruebas y testigos

El abogado José Luis González pedirá a la Justicia que solicite al Ministerio de Defensa Nacional los nombres y direcciones de todo el personal oficial y subalterno que actuó en el SID, en el OCOA y en los centros de reclusión Base Valparaíso, «300 Carlos», «Casona de Punta Gorda», «Casona de Millán» y «Casona de Bulevar y Palmar».

También se solicitará al propio MDN que pida a la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) que proporcione los datos de todos los pilotos y personal aeronáutico que operaban en la base aérea de Carrasco, como la identificación de los responsables de la coordinación de los vuelos que el personal de la FAU realizaba.

En ese marco, también se requerirán los registros del personal aéreo que participó en todos los vuelos de la Fuerza Aérea, el Transporte Aérea Militar Uruguayo (TAMU) y las empresas Pluna y ARCO en aquellos días, como identificación del tipo de aviones que entonces se utilizaban para una eventual inspección de los mismos.

Al Ministerio del Interior se le demandará la verificación de los datos patronímicos de varias personas, eventuales testigos, como es el caso del supuesto José Norberto Narváez Cores, nombre con el que el ex coronel Gilberto Vázquez confiesa haber adquirido la Base Valparaíso, último paradero conocido de María Claudia.

Los denunciantes reclamarán, asimismo, los datos de los registros de propiedad inmueble de los locales donde funcionó la Base Valparaíso y otros eventuales sitios de reclusión y demandarán a la Justicia que se adopten medidas cautelares y se fijen zonas de exclusiones en unidades militares donde pudieron realizarse los enterramientos.

Entre los testigos solicitados se incluye a los militares y policías procesados y a los detenidos en trámite de extradición, al comandante Bonelli y su antecesor José Pedro Malaquín, el general Raúl Gloodtofsky, el antropólogo José López Mazz, otros militares, policías y periodistas, y a la viuda del coronel Juan Rodríguez Buratti.