Amplían ley jubilatoria de 1992

A instancias del Presidente Tabaré Vázquez, el Secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández le trasladó el viernes, a un grupo de jubilados y funcionarios restituidos a organismos del Estado, la voluntad del gobierno de contemplar, a través de un proyecto de ley, una ampliación de la ley jubilatoria sancionada en el año 1992.

Así lo informó a LA REPUBLICA el secretario de la organización que agrupa a los destituidos, Pedro Puppo, luego del encuentro en el Edificio Libertad, desarrollado a la hora 14, en el que participó junto a otros siete damnificados.

A mediados de enero, los reclamantes habían elevado su petición a los integrantes de la Comisión Permanente y también habían efectuado movilizaciones en Suárez y Reyes.

«Se habló de promover un proyecto de ley sobre el asunto de los funcionarios restituidos del Estado, de la Ley 15.083 del 28 de noviembre de 1985.

Los destituidos por la dictadura reclaman una ampliación de la ley jubilatoria sancionada en el año 1992.

En ella se contemplan ciertos beneficios a la hora de realizar los trámites de la jubilación, «pero resulta que muchísimos destituidos no están amparados en la ley por las condiciones que les ponen», dijo Puppo, al recordar que los funcionarios que se pudieron amparar en aquella ocasión eran de algunos organismos como Ancap, ANEP, Sodre, BPS pero «muchos quedaron afuera» del beneficio.

Por tanto, «la situación es inequitativa», agregó.

El mayor escollo que advierte la organización es que la ley contiene un artículo que establece que, para ampararse en el beneficio jubilatorio, se debía contar con 10 años de actividad al día de haber sido destituido.

«Así quedaron unos 500 compañeros sin ese beneficio», sostuvo Puppo «porque al momento de haber sido destituidos no contaban con los años suficientes de trabajo ya que eran muy jóvenes», por lo cual, este requisito para destacados juristas «es un disparate».

Para Puppo, ante todo, «ésta es una definición de tipo político».