"Oposiciones" a ley del gobierno

Los colorados integrantes de la Comisión parlamentaria que analiza la segunda Ley de Urgencia estuvieron reunidos ayer definiendo la posición a asumir con relación al mensaje del Ejecutivo. En forma unánime, foristas y quincistas expusieron objeciones al artículo referente a la exoneración de aportes patronales en el ramo de la construcción. La propuesta, defendida la semana pasada por el ministro de Economía Alberto Bensión en la misma Comisión, apuntaría –según el gobierno– a generar una mayor demanda laboral en el ramo de la construcción, aunque están dirigidas únicamente al sector privado y con vigencia durante todo el año 2001.

Este beneficio, propuesto por el MEF, contemplaría únicamente a quienes contraten personal que se encuentre en el Seguro por Desempleo y para obras superiores a los mil metros cuadrados. Precisamente, esta disposición gubernativa referida al tamaño de la obra ha sido la principal objeción tanto de colorados, blancos y encuentristas.

«Las obras superiores a los mil metros cuadrados solamente podrían beneficiar a las construcciones que se encuentran en Montevideo, desamparando por otro lado a aquellas que se encuentran en el interior del país» dijo a LA REPUBLICA la quincista Glenda Rondán. Los nacionalistas, en tanto, entienden además que las medidas de exoneración en al construcción son limitantes, tanto en el tiempo como en las obras que se amparan. Un año de vigencia, suponen los blancos, no permitiría registrar el beneficio de mayor empleo.

Los colorados también propondrán modificaciones a las disposiciones de urgencia que conceden la posibilidad de crear sociedades anónimas dentro de las instituciones deportivas. Redactarán, por otra parte, un sustituto al artículo referido a las zonas francas y han presentado objeciones al artículo 61 concerniente al origen de los fondos necesarios para la construcción de las viviendas para los pasivos.

Varios sustitutos

Son los que propondrán hoy los encuentristas que integran la Comisión especial a la bancada del sector y que también ayer estuvieron analizando cada uno de los artículos. La izquierda compartimentó en cuatro sectores los capítulos de la segunda Ley de Urgencia: uno los que no van a votar, dos los que votarán, tres los que llegado el caso votarían y cuarto los artículos que preferirían modificar.

En el primero de los casos (los que no votarán) se encuentran los artículos referidos a las zonas francas, al de deportes y su promoción de talentos deportivos, al de agravar el delito de las violaciones sanitarias, al de cerrar el Registro de Aspirantes a Viviendas de Emergencia (RAVE), el de reducir por un año más los aportes patronales rurales y el capítulo concerniente a la libre importación de gas natural proveniente de la Argentina, aunque en este último el EP entiende que a UTE no le deberían cobrar el canon que le concede la ley a Ancap, por su condición monopólica.

En el capítulo de los artículos que «preferirían modificar» se encuentra el que alude a la integración propuesta por el gobierno en las Escuelas de Auditores. El EP entiende que el Tribunal de Cuentas debería tener dos integrantes en lugar de uno y en consecuencia desaparecer el que funcionaría en representación de la universidad privada. También proponen la integración de un representante de las organizaciones de pasivos en una comisión que tenga a su cargo el estudio de las soluciones habitaciones para jubilados y pensionistas. Aquí también sugieren modificar el término «construcción» por «solución habitacional».

Además, en esta sección, el EP incluye el artículo referido a las exoneraciones en la construcción. «Proponemos bajar el metraje de los mil metros cuadrados y amparar no sólo a las obras del ámbito privado sino también a las públicas sin que esto afecte el cronograma y el programa de construcción del Estado» especificó el diputado Enrique Pintado a LA REPUBLICA. En cuanto al artículo referido a la fiscalización y control de los convenios entre empresas públicas y privadas, la izquierda recomienda que se le dé participación al Tribunal de Cuentas y que, además de informar al Poder Ejecutivo como se propone originalmente, se le informe también al Tribunal «para que el parlamento tenga conocimiento de la situación» dijo Pintado.

En la sección «artículos votables» el EP apoyará aquellos artículos que hablan sobre la creación de una Comisión Fiscal en Conaprole y al del fomento del empleo. Los diputados que integran la Comisión que estudia la segunda Ley de Urgencia proponen también una serie de alternativas al capítulo referido al Seguro por Desempleo.

Sugieren que el Estado conceda un mes más de seguro de paro, el que se accionaría cada cuatro años de trabajo y para aquel dependiente mayor de 45 años de edad. También amparar en este beneficio social a los trabajadores domésticos, rurales y zafrales. Estos últimos se podrían acoger en el seguro de paro luego de dos años de trabajo acumulable.

Finalmente propondrán que una parte de los recursos generados por el juego del «5 de Oro» se destinen para el fondo de reconversión laboral. También que llegado el caso del despido de un trabajador que durante el período de actividad haya estado en una situación contractual irregular, el Estado accione los mecanismos legales para que la patronal deba triplicar el monto de ese despido. «Es una medida que apunta a desterrar la posibilidad de que se contrate personal ‘en negro'», sostuvo Pintado.