Ruptura: empresarios irán ante OIT

Las 22 cámaras empresariales del país resolvieron ayer presentar formalmente ante la OIT una denuncia contra el Poder Ejecutivo a raíz de que «el proyecto de negociación colectiva que promueve el gobierno no es bueno y no recoge las sugerencias del sector empresarial», según señaló a LA REPUBLICA el presidente de la Cámara de Industrias, Diego Balestra.

El titular de la CIU dijo que «los artículos 21º, que refiere a la ocupación de los lugares de trabajo, y el 22º, 23º y 24º, que están vinculados a la resolución de los conflictos, no son compartidos por las cámaras», sentenció.

Balestra dijo, además, que «de parte del gobierno se dice que se está dialogando, pero nunca se le da la razón al empresario y, por tanto, todo se remite a un diálogo de sordos».

Acto seguido, el presidente de la CIU señaló que, a su juicio, «un claro ejemplo es lo que pasó con la ley de tercerizaciones, en donde el gobierno insiste en que se tomó una cantidad de puntos que plantearon los empresarios, pero no se dice que de esos puntos, a renglón seguido, está introducida una nueva frase que hace que sea perjudicial lo anterior», concluyó.

Consultado por LA REPUBLICA sobre la resolución de las cámaras empresariales, el ministro de Trabajo, Eduardo Bonomi, dijo que «ya se sabía que el capítulo de prevención y solución de conflictos iba a ser un tema álgido con los empresarios, pero la oportunidad de negociar ese punto en el ámbito tripartito convocado por el Ministerio de Trabajo lo perdieron luego de que decidieron abandonar esa instancia de diálogo, a raíz del rechazo a la ley de tercerizaciones».

Bonomi agregó: «En oportunidad de un almuerzo en la Cámara de Industrias, a fines del año pasado, donde estuvo presente el vicepresidente de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), Daniel Funes de Rioja; Balestra me pidió que sacara ese capítulo del proyecto de ley. Yo le dije que no podía hacerlo porque el tema ahora estaba a resolución del Parlamento».

Acto seguido, Bonomi sostuvo que «en esa oportunidad, el vicepresidente de la OIE estuvo de acuerdo en que el proyecto se negociara en el Parlamento, dado que a su juicio era un ámbito tripartito legítimo».

El ministro de Trabajo dijo que «si bien Funes de Rioja no compartía, al igual que los empresarios uruguayos, el capítulo sobre prevención y resolución de conflictos, sí avaló la discusión en el Parlamento y eso es lo que hay que hacer ahora», concluyó.

«Yo estoy de acuerdo en ir al Parlamento para explicar la posición del Ministerio, pero no puedo retirar el proyecto que ahora está a estudio de los legisladores porque eso sería una payasada y el gobierno no está para hacer payasadas», sentenció Bonomi.

El ministro de Trabajo deslizó que «quizás el problema de los empresarios es que no quieren discutir en el Parlamento porque piensan que la correlación de fuerzas en ese ámbito es desfavorable para sus intereses». No obstante, Bonomi señaló que «para que las leyes funcionen no sólo se necesitan mayorías para que se aprueben en el Parlamento, sino también ciertos consensos sociales que las sostengan».

El ministro de Trabajo concluyó que «los empresarios deberían entender que en los ámbitos tripartitos no sale exactamente lo que quiere cada parte, y eso es producto del propio proceso de negociación».

El criticado artículo 21º sostiene que la ocupación parcial o total de los lugares de trabajo deberá realizarse en forma pacífica, y establece los siguientes criterios:

«a) Inmediatamente de producida la ocupación, se deberá dejar constancia documentada del estado de los bienes muebles e inmuebles.

b) La organización sindical más representativa de los trabajadores ocupantes deberá adoptar las medidas que considere apropiadas para prevenir daños en las instalaciones, maquinarias, equipos y bienes de la empresa o de terceros, así como aquellas destinadas a prevenir o corregir de forma inmediata, en caso de producirse, los actos de violencia.

c) Deberán adoptarse medidas tendientes a preservar bienes perecederos o a mantener en funcionamiento los procesos que no pueden ser interrumpidos sin poner en riesgo la viabilidad de la explotación o la estabilidad laboral de los trabajadores de la empresa.

d) Sin perjuicio de lo dispuesto en el literal precedente, los ocupantes no podrán asumir el giro o funcionamiento normal de la empresa, salvo en aquellos casos en que el empleador haya abandonado la explotación o no tenga representante en el país.