Batlle encarcelaría a los policías y los aduaneros vinculados al contrabando

«Hay un jefe de Policía al que no le queda ni un mes de trabajo; los receptores están peor», confió a LA REPUBLICA un allegado al presidente Batlle.

Los ministros Guillermo Stirling, de Interior; y Gonzalo González, de Ganadería, participaron de las investigaciones, al igual que la jueza penal Ana Lima y el inspector principal Luis Pereira Saldías, de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

Stirling, dijo el informante, dispuso que los expedientes ministeriales de Interior y Ganadería, «iniciados a mediados de junio por orden de Batlle», fueran derivados «en breve» al despacho de la jueza Penal Ana Lima, junto a «documentos confidenciales» elaborados por inteligencia policial.

González, mientras tanto, viajó de incógnito a los pasos de frontera con oficiales de inteligencia policial para comprobar la facilidad con que los alimentos pueden trasponer las barreras sanitarias.

Los primeros procesamientos podríanconcretarse en diciembre, antes del comienzo de la feria judicial mayor, estimó la fuente.

Las investigaciones judiciales posteriores incluirían un seguimiento de la evolución patrimonial de policías y aduaneros durante los últimos cargos y destinos.

Algunos de los receptores sospechosos tendrían propiedades en Brasil.

Investiga Inteligencia Policial

La investigación de policías y aduaneros sospechosos de incurrir en actos de corrupción está a cargo de oficiales superiores de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNI), quienes siguieron pistas descubiertas en capturas e incautaciones logradas por la Jefatura de Policía de Lavalleja.

«El propio director de inteligencia viajó a la frontera para comprobar las pistas», señaló la fuente.

El director de inteligencia policial, el inspector Luis Pereira Saldías, habría quedado «asombrado» con lo que pudo indagar, comentó la fuente. «Nunca pensó que hubiera tanto policía metido en el contrabando; quedó alarmado y aconsejó a Stirling investigar hasta las últimas consecuencias».

Un oficial de inteligencia designado por Pereira habría participado en interrogatorios a contrabandistas que revelaron operaciones que arrojaron serias dudas sobre la actuación de policías y aduaneros. Las investigaciones cumplidas por inteligencia policial descubrieron nuevas modalidades de contrabando, hasta ahora desconocidas por las autoridades, que habilitarían a la Justicia Penal a disponer nuevos procedimientos.

Lavalleja, «un ejemplo»

En forma reiterada durante los últimos meses, el presidente Jorge Batlle puso como ejemplo la actuación de la Jefatura de Policía de Lavalleja, un departamento que no tiene frontera con Brasil. Incluso felicitó a los policías de la Jefatura en varias apariciones públicas en medios nacionales. «Lavalleja incautó más contrabando y logró procesar más contrabandistas que todas las jefaturas de la frontera», explicó la fuente, un cercano colaborador del Presidente.

Según información publicada por la Presidencia de la República en su página en internet, la Jefatura de Lavalleja detuvo y procesó más contrabandistas que las otras cuatro jefaturas de la Región Policial Nº 3, que también integran las jefaturas de Policía de Cerro Largo, Rocha, Treinta y Tres y Maldonado.

El informante destacó que las estadísticas del año 2000 revelan que Lavalleja detuvo en operativos contra el contrabando a 58 contrabandistas: 28 resultaron procesados, incluido un funcionario policial.

Cerro Largo, en cambio, detuvo a 56, pero las pruebas incriminatorias aportadas por los policías sólo permitieron el procesamiento de 15. Maldonado detuvo a 39; pero ninguno resultó procesado. Rocha detuvo 35; pero sólo uno fue procesado. Treinta y Tres detuvo sólo a 25, y sólo uno fue procesado. Los demás detenidos quedaron en libertad por falta de pruebas, o emplazados sin fecha, o con elevación de antecedentes.

Fuera de la Región 3, que integra Lavalleja, pero en la misma cercanía con Brasil, la Jefatura de Artigas detuvo a 15 y 9 fueron procesados. Rivera detuvo a 9 sin lograr ningún procesado. Tacuarembó detuvo a 58 pero sólo tres fueron procesados con prisión. Los demás quedaron en libertad.

«Guerra frontal al contrabando»

En una sesión del Consejo de Ministros, el pasado 14 de noviembre, el presidente Batlle anunció «una guerra frontal al contrabando», y advirtió sobre los graves perjuicios que ocasiona el ingreso ilegal de mercaderías en la economía nacional. Adelantó, explícitamente, que sancionaría a los funcionarios incursos en actos de corrupción.

Catorce días antes, el 1º de noviembre, ya habían sido sumariados los receptores de Aduanas de Rivera, Río Branco, Chuy y Aceguá. El 13, los de Salto, Rocha y Punta del Este. Otros sumarios continuaron en curso por disposición del director Nacional de Aduanas, Jorge Sienra, quien actuó en acuerdo con Batlle.

Meses después, Batlle reiteró que el contrabando perjudica la economía nacional en millones de dólares, volvió a aludir a los funcionarios coimeros que dejan sin control las mercaderías que ingresan por ómnibus o aviones, y además criticó a comercios y depósitos que aceptan operar con mercaderías de contrabando. El Presidente ya sustituyó, además, al jefe de Policía Caminera.

Un Presidente y dos ministros

El impulso propagandístico de Batlle estuvo secundado por los ministros Abreu y González, que advirtieron a la población acerca de los perjuicios económicos y sanitarios que acarrea el contrabando. Tanto Abreu como González son blancos.

El ministro de Industria, Sergio Abreu, dijo que el Estado pierde de recaudar cifras millonarias en impuestos sólo por el contrabando de azúcar y cigarrillos, y mencionó el caso de los refrescos y las cervezas.

González advirtió con insistencia acerca del peligro que representa para la salud animal y humana el contrabando de raciones y alimentos, y alertó respecto al impacto que tendría sobre la economía uruguaya la propagación de enfermedades ya erradicadas hace años del territorio nacional.

Destituciones y eventuales procesamientos serían un reclamado epílogo para la campaña mediática de Batlle, ya varias veces desafiado a presentar pruebas de sus acusaciones tanto por sectores políticos como por asociaciones comerciales e industriales que empezaron a exigir resultados más concretos.