
Si bien el doctor Pablo Correa no quiso adelantar cómo se caratularán las demandas, ni en qué juzgado las presentaría, sí dijo a LA REPUBLICA, que el accionar de los representantes de la Justicia que archivaron la denuncia contra los ahorristas que ocuparon las viviendas fue “justificar la justicia por mano propia. Eso sería incluso como un quiebre de las instituciones”.
Desde el sábado de la semana pasada, día en que las familias ingresaron a las viviendas sin autorización de la empresa, la idea de los representantes legales de la empresa ha sido recuperar los inmuebles, hasta que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, pague o se comprometa a pagar la deuda, que aseguran asciende a los 27 millones de pesos.
Vale recordar que dicha deuda no sólo sería por la construcción del complejo ubicado en el 2220 de la calle Zum Felde, sino por otros dos construidos en el departamento de Cerro Largo, concretamente en las localidades de Aceguá y Río Branco.
Correa dijo en su momento que no era la intención de la empresa tomar como rehenes a las familias y que para ello estaban dispuestos a negociar con el ministerio, al cual no intimaban al pago inmediato, sino que lo solucionarían firmando un compromiso donde se reconoce la deuda y se compromete a pagarla en el tiempo que considere necesario.
Por su parte, desde la secretaría de Estado se informaba que de acuerdo a sus ténicos únicamente se debían menos de seis mil pesos y que ante ello, y luego de haberlo revisado en más de una oportunidad, no podían comprometerse a pagar algo que no deben.
El propio ministro, arquitecto Mariano Arana, estuvo presente en el campamento de los ahorristas, donde dijo estar muy indignado ante el comportamiento de la empresa, que indicó estaba tomando de rehenes a las familias, para tratar de presionar y que de alguna forma se hicieran gestiones para que la Intendencia Municipal de Montevideo no le cobrara unas garantías por el incumplimiento de otras obras. Incluso desde el ministerio se elevaron comunicados de prensa, en los cuales se afirmaba que no se debía más de 5.249 pesos y también se utilizaba el calificativo de rehenes al hablar de los ahorristas.
Por su parte el titular de la empresa, Jorge Brizzio, en su momento señaló a LA REPUBLICA que la historia era a la inversa y que quien tomaba de rehenes a las personas era el organismo estatal.
Lo cierto es que mientras cruzaban acusaciones, las familias seguían en la calle, hasta que el sábado de la semana pasada tomaron la decisión de ocupar.
Los abogados que representan a gran parte de los ahorristas, intimarán en las próximas horas a la empresa para que haga las escrituraciones de las 89 viviendas y que entregue el reglamento de coopropiedad.
Uno de los profesionales, el doctor Rafael Silva, dijo acerca las inminentes demandas de la empresa, que a su entender en el ambito civil se presentará un pedido de desalojo, pero que son hechos que ellos tomaban como previsibles, pues descontaban que la empresa no se quedaría de brazos cruzados.
Por otra parte, y si bien no es algo inmediato, los abogados no descartan iniciarle juicio por daños y perjuicios tanto a la constructora como el ministerio. Vale recordar que hubo familias que estuvieron viviendo acampados frente al complejo exactamente tres semanas, pues les habían prometido que podrían tomar posesión el 29 de diciembre y varios ya habían dejado sus anteriores fincas.
Mañana y pasado el Ministerio de Vivienda realizará una inspección en el complejo de la calle Zum Felde, para comprobar que cada uno de los ahorristas está en su correspondiente vivienda y que todo está en orden.
Hasta la pasada jornada más del 90% de los ahorristas habían tomado posesión de sus viviendas y de acuerdo a uno de sus voceros, sólo faltaban ocupar tres viviendas, que pertenecen a funcionarios de la Armada, que actualmente están embarcados.
Para tener luz en los pasajes y zonas comunes del complejo, los ahorristas deberán formar una comisión, para luego presentarse formalmente ante UTE.
De esa forma la luz estará a nombre de todos y la factura llegará a nombre de la comisión y la pagarán entre todos, cual gastos comunes de un edificio. Por el momento las familias alumbran los corredores con luz de sus propias casas, como forma de seguridad. Ayer hizo exactamente una semana desde que varias familias tomaron la decisión de entrar a sus casas, al no tener respuestas concretas, ya sea del ministerio o de la empresa. La frase que los encabezó fue “no nos dejaron otra opción”. Desde hace una semana cada una de las familias está acondicionando sus fincas; limpiándolas, cortando el césped que estaba muy crecido a la vez que se encargaban de actualizar los trámites del agua y de la luz. Uno de sus voceros dijo ayer, que habían pasado una semana tranquila tras el festejo, asado incluído, luego de que el juez penal de 4º Turno, doctor Jorge Díaz, decidiera archivar la denuncia que la empresa les realizó por hurto, engaño e invasión de feudo ajeno. Ahora que ya están casi todos en sus respectivas viviendas, esperan tranquilos la inspección del ministerio.
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