El gobierno ignora destino de cientos de millones de dólares

El gobierno reconoció que ignora a dónde van a parar cientos de millones de dólares que las empresas del Estado, asociadas con firmas privadas, invierten en sus diferentes negocios.

El Poder Ejecutivo viene estudiando una serie de medidas de contralor –que en algunos casos se superponen– para verificar el destino de esos fondos y que en muchos casos escapan de la órbita del Equipo Económico y del Tribunal de Cuentas.

Tanto en la Ley de Presupuesto, actualmente a estudio en el Senado, como en la segunda Ley de Urgencia, se crean ámbitos y cargos de contralor.

En la segunda ley de urgente consideración está el capítulo «Fiscalización de Sociedades Comerciales en las que participen los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados».

Tendrá como cometido el contralor a las situaciones contractuales generadas desde hace 10 años, autorizando a entes y servicios descentralizados para que participen en sociedades o asociaciones con entidades públicas en algunos casos y con privados en otros.

En la actualidad, alrededor de siete u ocho organismos públicos participan de este tipo de asociaciones, incluyendo UTE, que tiene inversiones en el Interior; Ancap, que tiene distintos tipos de emprendimientos dentro y fuera del país; Pluna, que participa en la sociedad anónima Pluna SA, y el Banco República y el de Seguros del Estado, que participan en la administradora de fondos de retiro AFAP República.

En esas sociedades se manejan fondos públicos, pero la información que se brinda y la participación que se tiene en ella no está regulada por la ley, simplemente rigen normas de control en algunos casos por el Poder Ejecutivo y en otros por el Tribunal de Cuentas a través de las normas constitucionales.

Pero cuando los organismos invierten parte de esos dineros públicos –inversión que suele ser cada vez más importante– en emprendimientos privados, se pierde la pista de todo lo que está ocurriendo, reconoció el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Ariel Davrieux.

La Ley de Presupuesto y particularmente la segunda ley de urgencia contienen artículos y disposiciones que plantean que en esos emprendimientos haya algún tipo de control de parte de los propios organismos y que, por otro lado, se suministre información en forma periódica sobre los distintos resultados que obtienen en esas actividades. Las normas tienen carácter retroactivo.

«Nosotros planteamos nuestra preocupación por el seguimiento y algunos directores de entes autonómos nos dicen que cuando se invierten millones de dólares actuamos libremente en ese tema sin nigún control», relató el director de la OPP.