La SCJ se pregunta qué medidas pretende el Colegio de Abogados

La corporación señala tener «total conciencia de la situación financiera que padece el Poder Judicial, en particular la de los funcionarios de menor sueldo, como resultado de un Presupuesto que le adjudica 1,4% del Presupuesto del Estado, mientras que en varios países americanos dicho porcentaje asciende del 3% al 6%», y que para paliar esta situación se han venido entregando a los funcionarios no magistrados crecientes partidas que desde principios del año 1999 se han estabilizado en $ 800 mensuales.

Simultáneamente se comenzó a elaborar un proyecto de presupuesto «racional y adecuado que contemplara las necesidades mínimas del servicio en el quinquenio, procurando en lo posible el mejoramiento funcional y el de las remuneraciones, incluso con partidas e incentivos especiales». A tales efectos se formaron grupos de trabajo asesorados por consultores internacionales y nacionales, que funcionaron regularmente durante más de un año y que para ello se convocó a participar en dichos grupos a las Asociaciones de Magistrados, Actuarios y Funcionarios y ninguna de ellas concurrió. En el comunicado de la SCJ se hace mención a un grupo participante en las recientes elecciones de AFJU de que se perdió «…la gran oportunidad de participar en una forma constructiva con los argumentos, propuestas y aportes que entre todos y desde nuestra historia deberíamos haber sido convocados a elaborar.»

Se recuerda que el 9 de agosto de 2000, cuando faltaban pocos días para la presentación del Proyecto de Presupuesto, la AFJU presentó una propuesta de reestructura de los escalafones administrativos. «A raíz de eso fueron recibidos en el Acuerdo por la Corporación en pleno por primera vez en la historia del Poder Judicial, se debatió el planteamiento efectuado, se aceptaron algunas de las propuestas y se hizo ver a los señores representantes de la Asociación la imposibilidad de rever lo ya estudiado por la Corte durante varios meses y ya resuelto».

Luego de remitido el presupuesto al Parlamento, la AFJU expresó su disconformidad con el mismo, el que entiende da preferencia a los Servicios Administrativos frente a los Jurisdiccionales, lo que la SCJ niega.

El comunicado informa que luego de instalado el conflicto de los funcionarios y actuarios, la Corte procuró no agravar los enfrentamientos en tanto el servicio continuaba funcionando.

Tras no ser atendidos sus reclamos por el Poder Legislativo el conflicto se intensificó, por lo que el pasado 20 la SCJ emitió la resolución N° 766, «procurando de esa manera asegurar a los justiciables el debido proceso, sin perjuicio de otras medidas.

Reiteró así una solución que viene siendo adoptada desde el año 1993 y que en su momento fue vista con beneplácito siendo en los hechos un paliativo para situaciones similares a la presente».

La SCJ marca la «actitud totalmente opuesta» de la última asamblea del CAU respecto a otra realizada en 1995 donde solicitó que se declarara con carácter general la inhabilitación de los Servicios del Poder Judicial a todos los efectos».

Respecto a la resuelto en la última asamblea del CAU «la Corte se pregunta qué medida concreta pretende el Colegio de Abogados del Uruguay en la declaración antes mencionada, si efectivamente asiste razón a un periodista que ha dicho «que se trata de una formulación elíptica con el fin de que la Corte declare esencial el servicio de justicia».