Constructores critican al ministro de Economía

Las exoneraciones son incluidas en el articulado de la segunda ley de urgencia. Están orientadas solamente al sector privado y tienen una vigencia acotada en el tiempo, limitándose únicamente al año 2001. Por otra parte, ese beneficio tributario contemplará únicamente a quienes contraten personal que se encuentre en el seguro de paro y para obras superiores a los mil metros cuadrados.

El ministro de Economía sostuvo que la medida «por sí sola no mejorará los índices de desocupación que hoy son históricos, pero, según la experiencia de los últimos años en el país, la recuperación del empleo sigue a la de la producción con un rezago de aproximadamente un año». Con base en este anuncio, para el gobierno se estaría entonces aumentando la producción en el 2002, si se tiene en cuenta que las medidas de reactivación del empleo del Poder Ejecutivo se estarían aplicando –y, según Bensión, viendo sus resultados– el año entrante.

«Creo que definitivamente el gobierno debe evaluar los porcentajes de aportación que tiene el sector de la construcción», aseguró el presidente de a gremial, Ignacio Otegui. El empresario sostuvo que la construcción paga «de más» entre un 23 y 24 por ciento por concepto de aportes al BPS. Ese aporte «de más» implica la no generación de 3 mil puestos de trabajo directos y 3 mil indirectos, agregó Otegui.

«El país, con la misma inversión, podría tener hoy seis mil puestos de trabajo más, sin subsidiar a otros sectores de la economía, o al propio BPS, a costillas del que compra el producto del sector construcción», aseguró. Según el presidente de la Cámara Nacional de la Construcción, por cada 100 pesos de jornal que se abona, «pagamos 92 pesos al Banco de Previsión Social por concepto de leyes sociales, nosotros o quien nos compra el producto, y allí están los 23 o 24 pesos que estamos pagando de más».

Otegui dijo que «esos 23 o 24 pesos implican 50 millones de pesos al año, e invertidos en producto son 6 mil puestos de trabajo más».

Objeciones del Sunca

También el sindicato de la construcción, al igual que la Cámara empresarial, entienden que las medidas anunciadas por el equipo económico para generar puestos de trabajo en el sector son insatisfactorias.

«El límite de un año daría para ser muy poco tiempo en la construcción», dijo el secretario general del Sunca, Jorge Mesa, porque una inversión que se decida en enero o febrero próximo se pone en marcha tres o cuatro meses después de una serie de requerimientos municipales y toma volumen cuando termina el año».

Los beneficios tributarios atañen a aquellas construcciones que superen los mil metros cuadrados.