Parlamento sancionará proyecto de reparación

El Parlamento sancionará en la segunda mitad de este año el proyecto que resarcirá económicamente a los familiares de policías y militares muertos en combate contra la guerrilla. Cada grupo familiar del efectivo fallecido recibiría 150 mil dólares.

La necesidad de reparar a este sector de la sociedad fue incluso puesta de manifiesto por el mismo presidente Tabaré Vázquez en su discurso del 2 de marzo del año pasado, pocos días después de que el diputado de Nueva Fuerza Colorada, Daniel García Pintos, lo presentara en una conferencia de prensa el 11 de enero de 2007, en nombre de la llamada «Asociación 14 de abril de 1972″.

Este proyecto, que fue fuertemente resistido por la bancada del Frente Amplio y calificado de «aberrante» e «injusto», tuvo luego tres correcciones o borradores alternativos.

A saber, una del Poder Ejecutivo y dos a cargo del senador José Korzeniak. Según testigos confiables el propio presidente Tabaré Vázquez habría dicho oportunamente a legisladores que conforman un grupo de trabajo parlamentario sobre ese tema que «lo que apruebe el Parlamento en la materia, el Poder Ejecutivo lo sancionará sin objeciones».

El proyecto alternativo al del diputado García Pintos redactado por el Poder Ejecutivo llegó al Poder Legislativo el 26 de marzo del año pasado, con la firma de los ministros Danilo Astori, de Economía, Daisy Tourné, de Interior, y Azucena Berrutti, de Defensa.

La iniciativa otorga una reparación de 150 mil dólares y según el articulado, a los familiares directos de 66 policías, militares y civiles «víctimas de la sedición», generando un total de 13.500.000 dólares.

El senador socialista José Korzeniak, autor de dos borradores consecutivos sobre la materia, dijo a este diario que «el proyecto va a salir en esta legislatura» y que seguramente se promulgará «en la segunda mitad del año».

Acerca del monto reparatorio ­los 150 mil dólares­ Korzeniak manifestó que es una cifra que emana de parámetros internacionales y de organismos regionales «porque no nos podemos basar en las cifras que existen en el país y que maneja el Banco de Seguros del Estado para establecer indemnizaciones a los fallecidos por causas laborales (U$S 50.000) ya que el proyecto hace referencia a víctimas que se sucedieron en circunstancias muy especiales vividas en el país».

Al tiempo que en el Parlamento se estudiaba el proyecto en cuestión, la organización Crysol que agrupa a ex presos, exiliados y perseguidos por la pasada dictadura, presentó también otro proyecto que sus autores calificaron de «reparación integral» y que ponía en entredicho la iniciativa del Poder Ejecutivo.