Normas para la protección de derechos

En el proyecto, aprobado por unanimidad y enviado al Ejecutivo para su promulgación como ley, «Uruguay reconoce el derecho inalienable de los migrantes y sus familias a la reunificación familiar, al acceso al debido proceso y a la justicia en igualdad de derechos con los nacionales», asegurándoles acceso a la salud, trabajo, seguridad social, vivienda y educación.

Se crea la Junta Nacional de Migración como organismo asesor y coordinador de políticas del Poder Ejecutivo, se definen las categorías de «residente» ­temporal y permanente­ y «no residente», los documentos y lugares de ingreso válidos, así como los impedimentos del ingreso y la permanencia. El Estado uruguayo procurará suscribir convenios con otros países donde residen compatriotas con el objeto de garantizarles idéntica igualdad de derechos.

Finalmente, se define con precisión el «tráfico de personas» y su castigo y agravantes especiales.