No a "guerra de drogas" de EEUU
La moción reivindica los avances del gobierno del FA en el combate a las drogas y plantea líneas de acción futura en este tema. En el plano conceptual plantean la necesidad de un debate nacional que «sólo puede propiciarse desde un Estado que asuma combatir al gran narcotráfico y delitos conexos, al lavado de activos y a la corrupción que genera en la sociedad. Y desde un Estado que dé respuestas en prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social».
La «desregulación consensuada»
Proponen un enfoque de derechos y responsabilidades que conduzca a «la desregulación consensuada», y advierten que la concepción desde la «seguridad nacional» promovida por EEUU no ha resuelto el problema y ha conducido al aumento de la presencia militar de ese país en «enclaves estratégicos del continente».
La moción, a la que accedió LA REPUBLICA, comienza haciendo un balance de lo que cataloga como «avances importantes» para abordar el tema de las drogas en los dos años y medio de gobierno del FA.
Desde el punto de vista político señala como central que «el problema mundial de las drogas ha tenido en nuestro país un proceso de negación y omisión tanto a nivel del Estado como de la sociedad» y agrega que «el presidente Tabaré Vázquez en su discurso del 1° de marzo coloca por primera vez el tema en la agenda pública y como compromiso del nuevo gobierno».
La propuesta también destaca que «la Junta Nacional de Drogas ha sido el organismo en el gobierno del FA que logró instalar el tema en la agenda pública y darle el estatuto de política de estado». En ese marco, señala como logros: la creación de la Primera Red de Asistencia en Drogas; articulación de acciones con todas las intendencias, con el MSP, el INAU y la Udelar; creación de la Coordinadora Intersectorial de Políticas de Alcohol avanzando en incluir el tema de las denominadas drogas legales; programas de reducción de daños, y dispositivos y programas de prevención en el ámbito laboral en coordinación con el PIT-CNT y la Red de Empresas Publicas; creación de la Comisión Mixta con el Codicen, generando el enfoque preventivo a nivel de todo el sistema educativo y convenio con el Poder Judicial.
El balance también reivindica que no sólo se trató de políticas de prevención y atención, sino que «paralelamente la decisión firme de atacar el fenómeno del narcotráfico caiga quien caiga, logra incautaciones récords y los primeros procesamientos por lavado de dinero».
Líneas para una política
En cuanto a la definición de líneas políticas de acción, la moción plantea la necesidad de «profundizar una estrategia política contra la exclusión social, que ubique el problema drogas como un tema de derechos humanos individuales y colectivos. También de responsabilidades individuales y colectivas». Se pronuncia por «instalar un Debate Nacional sobre Drogas donde la conciencia social y jurídica le dé una oportunidad a la tolerancia social y la desregulación consensuada, al tratamiento humano y progresista sobre un fenómeno donde el prohibicionismo y la «tolerancia cero» han mostrado su fracaso. Este debate sólo puede propiciarse desde un Estado que asuma combatir al gran narcotráfico y delitos conexos, al lavado de activos y a la corrupción que genera en la sociedad. Y desde un Estado que dé respuestas en prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social, de quienes acuden en pos de ayuda». La moción rechaza explícitamente la estrategia de EEUU de «guerra a las drogas» y señala: «el concepto de «guerra de las drogas» en la política exterior de los EEUU que abordado como tema de «seguridad nacional» ha llevado a acciones que generan polémica, rispidez y enfrentamiento con varios países de la región. Se ha señalado con justeza que concomitante a esta «guerra» se ha consolidado la presencia militar de EEUU en enclaves estratégicos de la región.
El fundamentalismo de corte moralista que abona esta intervención impide el despliegue de un debate abierto donde se sopesen realmente costos y beneficios sociales y reales sobre la estrategia hemisférica».
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