Se aprobó nuevo régimen para deudas en el campo

Fue un plenario, ¿cómo decirlo piadosamente?, de cierta vistosidad. Al comienzo, Adriana Peña (independiente, Partido Nacional), de regreso de un viaje, repartió besos como en cumpleaños de quince, luciendo una chaqueta y pantalón de combinación discutible.

Era el momento en que presidía la Mesa el diputado Tabaré Hackenbruch (Foro Batllista), porque Enrique Pintado –se dijo– estaba en una cita con el ginecólogo (por su esposa, obvio, al punto de que al regreso se lo vio enterito).

Héctor Tajam (Espacio 609), con tono campechano, tipo amigo íntimo de Serafín J. García, y la suficiente minuciosidad y parsimonia como para inducir a más de uno al suicidio genital, informó el proyecto de ley de régimen de cancelación de créditos de deudores agropecuarios.

«El proyecto –dijo– se inspira en la iniciativa de los senadores Jorge Saravia y Víctor Vaillant de crear un mecanismo que permitiera a los deudores agropecuarios con vocación de pago continuar su actividad productiva. Se busca completar la gama de soluciones implementadas hasta ahora, atendiendo a las dimensiones productiva y social del endeudamiento, en un marco de vigencia y respeto de los contratos».

Mientras Jorge Gandini (Alianza Nacional) resoplaba y exhibía su intención de embestir en cualquier momento, Tajam aclaró que el proyecto «establece a qué acreedores se incluiría en este mecanismo, las condiciones que deben cumplir los deudores y la estructura proyectada, que se apoya en el consentimiento de ambos, utilizándose instrumentos ya existentes: todos los gravámenes posteriores a la primera hipoteca o al primer pago quedan cancelados sin remate judicial y se protegen eventuales derechos adquiridos por terceros, ya que cuando el crédito fuere inferior al valor del bien –y a efectos de cancelación de gravámenes, embargos e interdicciones– será necesario el consentimiento de los acreedores con segunda o ulteriores hipotecas y de la totalidad de los embargantes que lo siguieren». Colonización se constituirá en fiador solidario y, en contrapartida, podrá desalojar, cuando corresponda, al productor del inmueble. Además, se prevé un tratamiento tributario especial para los fideicomisos que sean creados en el marco de este proyecto de ley.

Tajam añadió que también «se establecen criterios para los contratos de arrendamiento o de crédito de uso operativo que se firmen, un máximo de veinte años de plazo para los contratos y un valor de arrendamiento límite, vinculado al precio de mercado del campo y sus formas de actualización, así como el saldo final definitivo a pagar en caso de opción de recompra».

Y Gandini, finalmente, embistió, aunque no como bagual, tal vez para tomar mayor distancia aun de modos verbales herreristas. Hizo el informe en minoría, cuestionando la solución proyectada. Su voz se advirtió erguida, bien dura, aunque su argumentación –para cualquiera que recordase anteriores debates sobre la misma cuestión– se asemejó a una cuatro por cuatro de la reiteración y el abundamiento. En su ayuda concurrió Carlos González Alvarez (Alianza Nacional), quien, como buen hombre de campo, aportó unas cuantas argumentaciones que sonaron más sólidas aunque no impidieron lo inevitable: con votos del oficialismo, el proyecto fue aprobado.