Un edil forista pregunta a la IMM por un abogado

El edil del Foro Batllista Cesar García Acosta envió a la Intendencia de Montevideo (IMM) un pedido de informes acerca de la contratación, por parte de la comuna, del abogado Daniel Ferrere, del estudio jurídico «Ferrere Lamaison abogados», con la finalidad de representar al municipio ante las reparticiones estatales competentes para el registro de marcas y de propiedad intelectual referentes al funcionamiento de la Orquesta Filarmónica de Montevideo.

García Acosta indicó que la comuna dispuso autorizar «al doctor Daniel Ferrere, de «Ferrere Lamaison abogados», la representación del municipio para solicitar registros de marcas y sus renovaciones, deducir oposiciones, transferir marcas, aceptar transferencias, solicitar patentes de invención, modelos de utilidad, diseños y modelos industriales». Según el curul, también se otorgó autorización al profesional para «elevar solicitudes, desestimientos, declaraciones, apelaciones, recursos de revocación y jerárquicos».

Con esta actitud, dijo García Acosta, la comuna «delega actos y diligencias que alcanzan hasta la transferencia de marcas, hecho que encuadraba en la figura del contrato, no observándose el cumplimiento de los procedimientos de selección previos a la contratación como lo marca el Texto Ordenado de Contabilidad Financiera (Tocaf). Asimismo, pacta transferencias extrajudiciales que se delegan en dicho estudio jurídico, las que se observan como intransferibles conforme el artículo 35 numeral 9 de la Ley 9.515″. Dicha norma establece que «compete al intendente representar al departamento en sus relaciones con los poderes del Estado o con los demás gobiernos departamentales, y sus contrataciones con órganos oficiales o privados».

El edil forista solicita que la IMM informe «en qué hipótesis de las previstas por el decreto 25.398 se encuadra el poder otorgado a Ferrere Lamaison abogados y si se lo consideró como un órgano oficial privado». En agosto pasado García Acosta había remitido una solicitud de informes al municipio capitalino en la cual preguntaba sobre la cantidad de abogados, escribanos y procuradores que «integran los escalafones profesionales en la administración departamental y cuántos de ellos se desempeñan tanto en la División Servicios Jurídicos como en el Servicio de Procuraduría Fiscal».