En tensa sesión, Partido Nacional votó el juicio político al intendente De los Santos

La primera de las mociones, impulsada por los ediles de Renovación, sector liderado por el diputado doctor Federico Casaretto, contiene una batería de acusaciones contra el intendente De los Santos, por supuestas violaciones a la Constitución de la República y a la legalidad vigente.

La larga y por momentos muy tensa sesión se inició minutos después de la hora 21.00 del martes y concluyó a las 4.47 del miércoles con un clima enrarecido por las permanentes agresiones verbales y alusiones de carácter personal y partidario que se dieron a lo largo de la noche, y que obligaron a suspenderla al menos en seis ocasiones.

El primero en referirse al tema fue el presidente del cuerpo, ingeniero agrimensor Gastón Pereira (708), quien en una suerte de «enroque» con el edil Roberto Domínguez (Cabildo 1813), pasó a ocupar su banca para exponer desde una óptica muy crítica respecto a la gestión del intendente De los Santos, adelantando que, «vamos a mocionar que sean elevados al Senado de la República los antecedentes vinculados con múltiples licitaciones relacionadas con el bacheo de calles, el aseo urbano, la compra de material granular, el alquiler de maquinarias, así como el manejo de las canteras de materiales y la planta asfáltica, el caso Satenil, la compra de casetas de guardavidas, y el caso Delamar».

Luego hicieron uso de la palabra varios ediles de las dos bancadas representadas en el Legislativo, en medio de sucesivas interrupciones por insultos y acusaciones cruzadas e intentos de agresión física que fueron impedidos por la mayoría de los curules y la propia guardia del recinto.

A las 3.49 de la madrugada, y luego de producirse un error en el tablero electrónico que marca el orden de los expositores, lo que generó nuevas discusiones y hasta el retiro de sala de algún edil, se propuso cerrar la lista de oradores y comenzar a votar tres mociones: la del PN, la del presidente del cuerpo, Gastón Pereira, y una tercera elaborada por el doctor Rafael Barla (738), quien fue el expositor más destacado de la sesión en defensa del intendente municipal, esgrimiendo sólidos argumentos de carácter legal respecto a la invalidez de lo denunciado.

Puesta a votación la propuesta blanca de remitir al Senado el pedido de inicio de juicio político al intendente De los Santos, fue aprobada por 15 votos en 31 (sólo necesitaba 11 voluntades). La del presidente Gastón Pereira en tanto, también fue aprobada, en este caso con los 15 votos de la bancada opositora, más el suyo y el del edil de Cabildo 1813 Rodolfo Domínguez. En tanto la moción del doctor Barla ni siquiera fue puesta a consideración por ser excluyente de las anteriores.

Finalmente se votó afirmativamente el envío en forma urgente de todo lo actuado en torno al tema.

 

Estrategia política  sin fundamento

La totalidad de los ediles que responden el intendente De los Santos coincidieron en señalar que esta instancia responde a una estrategia del PN que no asume que perdió el gobierno departamental, y que mediáticamente ha estado anunciando largamente el inicio de un juicio político, impulsado por «el edil 32″, quien según el edil aliancista Víctor Hugo Castro es el diputado doctor Federico Casaretto.

El doctor Rafael Barla, quien realizó una prolongada exposición en la que desbarató cada uno de los argumentos utilizados por el PN para acusar de ilegalidades y violaciones a la Constitución de la República al intendente De los Santos, aclaró en primer lugar que la instancia no se trataba de un pedido de juicio político, sino de juicio público, según lo establece la Constitución de la República en su Art. 102; y que existe una superposición incompatible en algunas de las acusaciones, ya que el PN ha realizado distintas denuncias en el ámbito penal, por ejemplo en el caso Satenil SA, el de las casetas de guardavidas, y el del secretario general doctor Enrique Pérez Morad, en tanto dio argumentos contrarios respecto a otras acusaciones que no se ajustan a lo realmente ocurrido; por ejemplo en el caso de un abogado municipal cesante por la administración municipal, el decreto de retroactividad sobre patentes de rodados, gratificaciones y ajustes salariales del funcionariado, y las suplencias ejercidas al frente del municipio por parte tanto del ingeniero Alvaro Luzardo como del doctor Enrique Pérez Morad al frente de la comuna.

Concluyendo, el doctor Barla sostuvo que la oposición no tiene razón en ninguno de los hechos denunciados «y acá están las pruebas que no constituyen ninguna ilegalidad; pero estamos perdiendo de vista que las causales de juicio público son violaciones a la Constitución u otros delitos graves y por tanto el planteamiento debe ser concretamente: cuáles son los delitos que ha cometido el intendente, su tipificación delictual; si ha sido en calidad de autor, coautor, cómplice; cuál ha sido la intervención, cuáles han sido los coautores o cómplices que se quiere establecer; las causas dolosas de la maniobra eventualmente si hay una, dos, tres, o hubo, y además cuáles son las pruebas que llevan a que nosotros como fiscales podamos acompañar dicho temperamento». *