Desde el gobierno se asegura que los aportes en materia de salud que realizan los funcionarios públicos, al pasar a formar parte del Fonasa permitirán realizar deducciones en el IRPF y por ello no implican un impacto negativo sobre el salario.
Ante las intensas medidas de protesta que viene llevando adelante AEBU, en reclamo del “mantenimiento integral de las prestaciones de salud para los trabajadores activos y pasivos, y continuar un proceso de recuperación del salario real”, en la tarde de ayer una delegación del gremio se reunió con representantes del gobierno, entre los cuales se encontraban el director y subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Enrique Rubio y Conrado Ramos, respectivamente; el asesor del Ministerio de Economía y Finanzas, Daniel Mesa; el director nacional de Trabajo, Julio Baráibar; y el vicepresidente del Banco de Seguros del Estado, Mario Castro.
El encuentro se realizó en horas de la tarde en el Edificio Libertad y fue catalogado por los representantes del Ejecutivo como “franco y positivo”. Sin embargo, la representante de AEBU, Laura Gomensoro, dijo que “las partes aún están tan alejadas como antes”.
Luego de la reunión Rubio dijo en conferencia de prensa, en la cual no participaron los delegados de AEBU, que el gobierno está impulsando varias reformas estructurales al mismo tiempo y que ellas interactúan entre sí.
Señaló que la ley establece que todos los trabajadores deberán aportar al Fonasa un porcentaje de sus ingresos. Ese aporte es de un 3% para quienes tienen ingresos menores a 5 mil pesos, 4,5% si superan ese monto de retribución pero no tienen hijos, y 6% si a la vez de superar los 5 mil pesos tienen hijos menores de 18 años. “Esto rige para todos los trabajadores del país y sin excepción”, pero al mismo tiempo están los aportes por concepto de IRPF. Rubio indicó que hasta el momento, en el caso de las empresas públicas, el costo de la cobertura de salud corría por parte de éstas. El director de la OPP dijo que esa partida se incluía en los ingresos y por lo tanto era sujeta a gravamen por el IRPF. Ahora, como los aportes serán de los trabajadores, pasarán a deducirse de los ingresos y por lo tanto, una cosa compensará a la otra y “más en el caso de ingresos salariales altos, como son los de los bancarios”.
En cuanto a las prestaciones, aseguró que el gobierno “está dispuesto a mantener el conjunto de las mismas más allá de que en algún caso habrá que estudiar algún exceso”. Rubio indicó que “las prestaciones de salud de los trabajadores de las empresas públicas son en general mayores que las que se establecen en el Seguro Nacional de Salud y la intención es respetarlas. El problema es que se parte de bases diferentes, la situación no es igual en todos lados”. En cuanto a “los excesos”, dijo que se hará un estudio pormenorizado pero explicó que hay casos en los cuales “se financian intervenciones en el exterior”.
Sobre aspectos técnicos de la propuesta, Daniel Mesa dijo que se debe tener “claro que todos somos iguales ante la ley, principio que es aplicable tanto para los impuestos como las contribuciones establecidas, por ejemplo, en el Sistema Nacional Integrado de Salud”. “Todos los trabajadores tienen el mismo trato y los bancarios oficiales tienen el mismo trato que todos los empleados”, remarcó Mesa. Acotó que los bancos tendrán que aportar al Fonasa “un 5 % del total de la masa salarial, como hacen todos los empleadores del país, y ese porcentaje es una parte de lo que hoy los bancos oficiales gastan en beneficios de salud para sus trabajadores”. Los representantes del Ejecutivo aclararon que lo que informaron ayer es una propuesta no solamente para los bancarios, sino que se ha elaborado para el conjunto de las empresas públicas y la Universidad de la República.
Rubio también indicó que el gobierno está dispuesto “a analizar la aplicación de un esquema de gradualidad para que los bancarios lleguen a aportar el 4,5% o el 6%, como ya se ha establecido para la Administración Central. Lo que está claro es que al final lo terminarán aportando, porque es una disposición legal y es la base del sistema solidario de salud”.
Por otro lado, Rubio dijo que tales aspectos serán planteados por el gobierno el próximo miércoles a través de una propuesta concreta ante el Consejo Superior Salarial, y que después los instrumentará el Parlamento. Luego de tal instancia “se ingresará a analizar otros asuntos que son “específicos” de la situación bancaria tales como “el convenio salarial (en algunos casos son comunes al resto de los funcionarios públicos y en otros son específicos de la situación bancaria) y los no salariales que tienen que ver con la reestructura y modernización de las empresas públicas financieras y no financieras”. *
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