"No hay ningún cambio posible en educación si no cambiamos la cabeza de los docentes"

-Hay un tema que está en el centro de la atención pública, básicamente por haber despertado algunos desentendimientos: la futura ley de educación. Usted reúne una triple condición que la hace interlocutora relevante; es docente, es universitaria y es legisladora integrante de la Comisión de Educación y Cultura de Diputados. ¿Qué está ocurriendo con este tema? ¿Hubo suficiente participación de la ciudadanía?

-Hubo la participación posible en un país que ha negado, históricamente, los procesos participativos en cualquier ámbito. Venimos de una matriz cultural, tanto en el siglo XX como en el XIX, en que la participación ciudadana ha sido concebida en función de lo que establece la democracia representativa y las elecciones cada cinco años. Nada que ver con los modelos que favorecen la participación directa del ciudadano en equis asuntos. Cuando asumimos el gobierno en 2005 veníamos de un proceso de discusión y participación a la interna de la fuerza política. En varias campañas electorales propusimos que, en temas de política educativa, la participación debía ser llevada al más amplio espacio posible. Este debate se propuso, se hizo, se logró ciertos niveles de participación nunca alcanzados en la historia… ¿Se puede perfeccionar? Obviamente. Hay que mejorar, ampliar esa participación. Pero lo que yo rescato de ese proceso es que fue muy heterogéneo en cuanto a los actores que convocó, tuvo cobertura nacional y acercó a gente de muy distintas generaciones. Me parece que esto es muy importante para un país envejecido, donde está muy afincado que los ejes de la política educativa sólo tienen derecho a determinarlos los más viejos. Parece que tener mucha edad da derecho a decidir y que los más jóvenes, bueno, lo que tienen que hacer es recibir esa educación. También hay que destacar que de este debate participaron muy distintos sectores sociales. A mí me tocó estar en reuniones en el interior profundo, en la zona rural, donde las comunidades ­escasas, en un campo despoblado- se interesaron en el tema. Ahora bien, hay gente, sobre todo desde la oposición, que ha descalificado esto, tomando como referencia el número de participantes. Creo que se incurre en un error. Primero, no se tiene en cuenta que venimos de una cultura muy individualista; segundo, para calificar esto no se puede tener en cuenta pura y exclusivamente la cantidad, sino la calidad.

-En ese proceso, ¿cuál fue el papel que cumplió el Congreso Nacional de la Educación?

-En realidad, la fuerza política, en el gobierno, lo que promovió fue un debate nacional y, luego, una posterior etapa de un congreso para discutir y sacar conclusiones acerca de la política nacional en materia educativa. Esa política se va a expresar también en una ley, pero no sólo en ella.

-¿A qué se refiere?

-En una ley hay cosas que no se pueden poner, porque tiene que ver no sólo con lo organizativo ­es decir, cuántos consejos, de qué manera, con qué estructura, cómo es el sistema- sino también con fines y principios. Eso tiene que estar en la ley. Pero hay aspectos, por ejemplo qué cosas concretas se tiene que enseñar, cómo articular esos contenidos que hacen a lo que los educadores decimos, al menos del siglo XVII para acá, que competen al campo de la didáctica y que no pueden, no deben aparecer en una ley. Pongo un ejemplo concreto: en una ley no puede aparecer cómo se tiene que enseñar las tablas. Sí debe aparece, como un principio de la política educativa, favorecer el cultivo de determinados valores como la solidaridad, la libertad, la justicia social, la democracia, etcétera. Eso sí. Son fines, principios determinados que se incluyen en una ley. Y no solamente la estructura, otras cosas. Pero hay aspectos que no. Eso se discutió, en un amplio debate, con distinto tipo de conclusiones; hay cosas que no se pudo llevar porque no hubo tiempo suficiente en la etapa congresal, pero ese material está. También hay que decir que desde nuestra perspectiva, como Movimiento de Participación Popular, creemos y hemos impulsado que el congreso y el debate deben instalarse de acá para adelante como una instancia más para la ciudadanía.

-¿Y eso con qué propósito?

-Bueno, en el período que sea ­nosotros lo proponemos cada tres años, o sea que en el período de gobierno sería una vez- la ciudadanía debe evaluar lo que se hizo… Hay que pensar que lo que se hace en materia educativa no es como hacer sillas ¿verdad? Son políticas que impactan en el mediano y largo plazo. No es una cosa de un día para el otro. Entonces, la población podrá así evaluar, diseñar alternativas porque las circunstancias nacionales y regionales van cambiando, y proponer cosas. Ese es el elemento que fundamenta la existencia del congreso y del debate. Pero hay otro elemento, que hace acuerdo con otro de los principios que nosotros incorporamos en el proyecto de ley: el principio de la participación, que llamamos «participación protagónica». Participar, educa. Participar protagónicamente para tomar decisiones, si bien el debate no era preceptivo. ¿Qué quiere decir? No todo lo que se resolvió, de la A hasta la Z, automáticamente debe ser contemplado. Esa participación, además, tiene que ser favorecida en el sentido de que amplía, fortifica el sentimiento democrático de la gente.

-Ahora bien, toda esta movida ­con protestas contra el borrador de ley de educación redactado por el Ministerio de Educación y Cultura, entre otras cosas porque no contemplaría el cogobierno establecido en el congreso­, que involucra no sólo a estudiantes sino a docentes, ¿a qué responde?

-Yo no voy a hablar del anteproyecto de ley, porque todavía no es un proyecto. Sí puedo hablar claramente de nuestra posición como sector político, y aprovecho para pasar un «chivo»: cualquiera puede entrar en Internet, en el portal del MPP, y hallará el documento conceptual sobre el que hemos trabajado. La primera precisión es que los asuntos más importantes que tiene que incorporar una ley de educación no son sólo los relativos a la autonomía y el cogobierno, aunque son muy importantes. Hay que tener en claro algunas cosas: en primer lugar, la Constitución de la República plantea dos principios muy importantes en materia de enseñanza, el de autonomía y el de coordinación. Son dos principios que están en tensión entre sí. ¡Y vaya si a uno le da trabajo, cuando anda por el exterior, explicar la fuerte tradición autonomista que tiene la educación uruguaya! En general, en la mayoría de los países la educación depende, lo cual es una fortísima herencia napoleónica, de los ministerios, del Poder Ejecutivo. Nosotros somos herederos de una tradición muy latinoamericana, que viene del siglo XVIII, cuando en Córdoba se hace ese planteo autonómico y luego se extiende a toda América Latina, incluyendo el tema del cogobierno. Estos dos principios en tensión se tienen que clarificar…

-¿Eso qué significa?

-Bueno, acá vamos a temas más generales. Creemos que la triste realidad del Uruguay hoy, plantea que no existe un sistema como tal en materia educativa a nivel nacional. Hay una realidad muy fragmentada. Los países no funcionan cuando no tienen un sistema educativo como tal. Un sistema que tengan sus objetivos claramente delineados, que sus piezas se articulen, que tenga un método, en fin… Según la realidad constitucional, el Uruguay es, en esto también, un país original, porque históricamente ha planteado que no es ni estatista cien por ciento ni tiene educación privada cien por ciento. Hay una gran responsabilidad por parte del Estado, pero habilita, en el artículo 68 de la Constitución, la libertad de enseñanza: todo padre tiene derecho a enviar a su hijo al centro educativo que desee, pero ­es lo que nosotros decimos­ debe hacerlo sobre una base fundamental, teniendo en cuenta que el sujet
o de derecho es el que se educa. El Estado debe garantizar ese derecho y la calidad de educación de ese sujeto, tenga la edad que tenga…

-Por tanto debe ejercer una cierta tutela sobre la actividad privada…

-Sí, la actividad privada educativa, sea donde sea. Y tutelar los derechos de quienes estudian y los derechos de quienes enseñan, a lo que ahora estamos haciendo referencia, a diferencia de la ley vigente: el concepto de libertad de cátedra. Nosotros creemos, a diferencia de lo que plantea la actual legislación ­que «el docente tendrá libertad de cátedra en el nivel que corresponda»­, que eso es inherente a la condición del docente. Claro que para el ejercicio de su libertad de cátedra ese docente debe tener fundados argumentos. En cuanto al cogobierno, ante esta realidad fragmentada de hoy, es necesario crear un sistema nacional de educación. Y dentro de él, plantear el sistema nacional estatal. ¿Qué instituciones estarían allí? Fundamentalmente tres: la Universidad de la República, lo que hoy está bajo la ANEP y el INAU, porque no hay que olvidar que tiene como cometido, nada más y nada menos, que la política nacional sobre infancia y adolescencia. Tanto la Universidad, como los niveles de la ANEP a su cargo, deben mantenerse como entes autónomos. Lo dice la propia Constitución. Y tiene que haber autonomía en cuatro niveles: la autonomía técnica, administrativa, financiera ­que vaya si sufrimos durante la dictadura cuando se le quitó a la Udelar­ y también autonomía de gobierno. No sólo para la integración de los consejos sino para que atraviese, desde los centros de base, la escuela primaria, el liceo, la escuela técnica, etcétera, hacia arriba, todos los niveles.

-¿Quiénes deben participar de ese proceso de cogobierno?

-Los docentes, regulando su elección por voto ante la Corte Electoral ­teniendo en cuenta la antigüedad, la profesionalidad, la idoneidad ética­ y también los funcionarios técnicos, administrativos y de servicio, que muchas veces se los olvida pero que tienen montañas de cosas para aportar en un aspecto fundamental: la gestión. Y si esto lo llevamos al nivel micro, por ejemplo de cada escuela, ¡vaya si los funcionarios que no son docentes saben del funcionamiento de la institución! ¿Y quiénes más deben participar? Lo que llamamos «los referentes familiares», que no sólo son los padres; hoy las familias han tenido una evolución distinta y deben participar todos aquellos que son referentes y permiten vincular a la familia con la institución escolar. Y tienen que participar, en el nivel que corresponda, los estudiantes mayores de 18 años. En todos los casos planteamos, a su vez, la posibilidad de un mecanismo de revocación. Una de las críticas que se le ha hecho a los sistemas representativos es que, una vez electo el representante, se desvincula, pasa los años que dura su período y se desvía de los propósitos originales. Hoy no hay mecanismos para sacar a esa persona y sustituirla por otra que cumpla lo que piensan los padres. De ahí viene la creación de una figura, que es el recurso de revocación, a través del cual, por una vez en cada período, con equis porcentaje de firmas, los padres que, por ejemplo, no se sienten representados por Nora Castro, que salió electa en su momento y no cumplió, piden que sea sustituida por Antonio Pippo…

-¡Dios me libre y me guarde!

-Pero es que eso democratiza la gestión. Ahora bien, ¿cuál es la otra crítica que se hace, que está bastante generalizada, es histórica? Se dice: «Pero si se plantea una autonomía con estos niveles de cogobierno, sin injerencia del Poder Ejecutivo, en realidad los entes de enseñanza se desvinculan del proyecto de gobierno». Entonces, ¿va por un lado el proyecto de educación y por otro el proyecto de gobierno? Recordemos que en las propuestas del siglo XIX, donde se decía que todos los cambios dependían pura y exclusivamente de la educación, fueron felizmente superadas porque operan otros factores importantes, aunque admitamos que sin cambios en la educación no se hace el gran cambio global. Además, no se le puede poner el balde en la cabeza a los muchachos en torno a un proyecto, porque la vida personal y los proyectos personales, y la vida de una sociedad, afortunadamente son mucho más ricos que el mandato de un gobierno. Además, necesitamos, como nunca, y yo creo que en el Uruguay se da con gran claridad, cabezas críticas, creativas, innovadoras, en un país que exige incorporar conocimiento. Lo creadores de conocimiento no nacen por una varita mágica, hay que formarlos. Si les ponemos el balde ­»sigan el proyecto progresista del Frente pura y exclusivamente»-, ah, por ese camino no lo vamos a lograr.

-Claro, una educación como política del Estado, que toma distancia de los gobiernos de turno…

-Varela fue muy previsor en eso. Dijo algo así como: «Pobre de la sociedad cuya educación esté sujeta a los vaivenes de la política de turno». Algo sabía en materia educativa este señor. Lo que decimos nosotros, y prevemos en nuestro proyecto, es que, como parte de la política nacional, haya coordinación de esa política nacional educativa con las políticas sociales. Tenemos que trabajar para la no discriminación, la igualdad de oportunidades, para que todos ejerzan ese derecho humano que es el acceso a la educación, pero con una coordinación con las políticas sociales que tienen ya su inclusión en el proyecto político y, además, su relación con el resto de la política nacional. No hay un despegue de la política educativa total, como que vaya por otra canaleta…

-¿Y cuál sería la relación?

-A través de las coordinaciones que se establecen entre las distintas políticas, para favorecer el desarrollo pleno de los sujetos de la educación.

-¿Eso no necesitaría alguna supra estructura, o de organización de segundo grado?

-Vea, hoy existe el gabinete de políticas sociales. Es un buen ámbito donde se expresan distintos aspectos… Ahí puede ser, pero con el fin de favorecer al sujeto, insisto… Aquí hay que tener claras dos cosas. Primero, a nivel de la persona hay que garantizarle el más pleno desarrollo, sean cuales sean sus capacidades; ése es un objetivo que no se puede perder de vista en ningún momento. Tan importante como eso, es favorecer que una sociedad, a la que han castigado de la manera que la han castigado, se la saque a flote colectivamente. Pero eso no se logra dándole órdenes, sino favoreciendo la formación de las cabezas pensantes de la gente. Y articulando ­y ojo que esto no es una herencia solamente de los anteriores gobiernos sino producto de un sistema en que se vive­ para que la política educativa incluya también la relación entre trabajo manual e intelectual. Como un objetivo importante. Una aclaración esencial: lo que no puedo hacer es una educación pobre para pobres. La cuestión es que todos tengan las mismas posibilidades de acceso a la educación de la mejor calidad.

-¿Cambio en la formación de docentes y también cambio de programas?

-No hay ningún cambio posible en materia educativa si no cambiamos la cabeza de los docentes, de los que se van a formar ahora y de los que están formados. En un análisis de pedagogía comparada, hasta ahora, los mejores niveles de la formación se alcanzan cuando el docente se inserta en un sistema de nivel universitario, que requiere cuatro elementos: por un lado, tres que se articulan estrechamente ­la docencia, la investigación y la extensión­, y por otro, que no es casual, la carga horaria media, que está establecida a nivel internacional. Claro, con eso sólo, si no hay interés… Yo estoy absolutamente convencida que los docentes uruguayos, a los que no se les ha dado estrictamente esa oportunidad, están muy dispuestos a hacerlo. Eso no va a estar en una ley. Habrá que ver qué mecanismos
se instrumentan para que los docentes lleguen a ese nivel, se actualicen, se perfeccionen, sigan haciendo maestrías, posgrados, etcétera.

En cuanto a los contenidos, ese principio de autonomía técnica es el que habilitará que la selección de los programas se haga dentro de cada organismo con los criterios que correspondan. Un ejemplo claro: la Universidad de la República tiene autonomía técnica; si estuviésemos pensando que esa autonomía no debiera existir y desde el Poder Ejecutivo se resolviera qué cosas se estudian… bueno, la Facultad de Derecho debería esperar a que el Ejecutivo dijese si se estudia derecho romano o no. Eso no es competencia del Poder Ejecutivo.

Son los cuerpos técnicos los que deben ver, en cada momento, cuáles son los contenidos y su actualización a los nuevos tiempos. *