La Federación Rural exige cambios inmediatos en la política cambiaria

El reiterado reclamo de la Federación Rural por un tipo de cambio «competitivo» motivó a la organización concretar sus reclamos en un documento titulado «Crónica de una muerte anunciada», en el cual se analizan las políticas económicas de los últimos 35 años de gobierno, y particularmente cómo éstas han influido en el sector productivo.

El documento expresa, en primer lugar, cómo se fue desarrollando el atraso cambiario a partir del año 1979, evidenciando los efectos en el sector productivo, entre los que se encuentra el endeudamiento.

Los autores ejemplifican en el informe los efectos que ha tenido en el sector la «separación» entre el valor del dólar y el Indice de Precios al Consumo (IPC), concluyendo que la actual política cambiaria, al igual que lo hicieron muchas antes, está generando efectos «nefastos» para el sector agropecuario. Manifiestan que éste ha ido perdiendo progresivamente competitividad, lo cual sólo se ve atenuado por los elevados precios internacionales del sector.

Sin embargo, los autores advierten que «no puede preverse que esta situación de bonanza de los mercados exteriores pueda perdurar», por lo cual reclaman un cambio de política económica.

Para la FRU, en julio de 2007 el tipo de cambio, para ser competitivo, debería de haber estado fijado en $32,27, «lo que significa que estamos con un tipo de cambio atrasado del orden del 36,3%». La gremial fundamenta su reclamo en las conclusiones del Congreso de Washington (1990), en el que se expresó que «los países necesitan un tipo de cambio unificado (al menos para las transacciones comerciales), con un nivel suficientemente competitivo para inducir al rápido crecimiento de las exportaciones (no tradicionales y tradicionales), y manejado de manera de asegurar a los exportadores que la competitividad será mantenida en el futuro».

Asimismo, reclaman que se dé cumplimiento al Art. 50 inc. 1 de la Constitución de la República que dispone: «El estado orientara el comercio exterior de la República, protegiendo actividades productivas, cuyo destino sea la exportación o que reemplacen bienes de importación…».

Por otra parte, según figura en el documento, la consecuencia inevitable del daño que le ha generado el atraso cambiario al sector ha sido el endeudamiento. «El ‘atraso cambiario’ continuado y el sobre endeudamiento creciente son las dos caras de Jano: el segundo es la contracara del primero. En ese sentido el Estado y los gobiernos de turno que actuaron entre 1990 y 2006, generando ese proceso de atraso y endeudamiento tienen una fuerte cuota parte de responsabilidad, que en una hipótesis de alta implica indemnizar los daños al productor y en una hipótesis de mínima una solución al endeudamiento que se pareciera a la brasileña (30 años, 5 de gracia, en reales, a tasas compatibles con la capacidad de pago, etc.)», señalan.

Finalmente, el informe resalta entre las principales conclusiones la relación entre el atraso cambiario y la balanza comercial. «Destacamos dos períodos representativos del proceso que denunciamos de atraso cambiario (1979 ­ 1982 y 1990 ­ 2002).

En ambos casos se produjo durante los respectivos períodos de atraso del tipo de cambio con fuerte déficit continuado de la balanza comercial.

En ellos, cuando se produce la devaluación (26/11/82 y 20/06/02), se verifica la inmediata reacción del saldo de la balanza comercial que vuelve a ser positivo.

En el año 2006 se vuelve a apreciar un fuerte déficit de la balanza comercial acompañando el proceso de rezago cambiario que venia gestándose», concluye en determinada parte el informe.

Es por todo esto que la gremial demanda un cambio en la política cambiaria del país para que «nunca más se siga aplicando esa política económica que destruye lo que deseamos: un país productivo, en violación directa de la Constitución de la República». *