Proponen varios cambios en normativa que regula delitos de comunicación

Las modificaciones fueron elaboradas por un grupo de técnicos de APU, del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) y de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc). También participa el Ministerio de Educación y los abogados independientes Juan Faroppa y Juan Fagúndez.

El abogado de Ielsur, Diego Camaño, adelantó que la intención es «adecuar» la legislación uruguaya a la normativa internacional. «Básicamente, el proyecto tiene como norte que los objetos de interés público no puedan ser castigados penalmente», explicó.

Las propuestas incluidas en el borrador serán presentadas el martes, en una conferencia de prensa que se desarrollará en la sede de APU, ubicada en la calle San José 1130 a partir de la hora 11, en coincidencia con el Día del Periodista.

Camaño dijo a LA REPUBLICA que si bien se trata de una iniciativa formulada desde el ámbito del periodismo, «la intención es resguardar la libertad de expresión de todos los ciudadanos, porque cuando hay un tema de interés público lo bueno es conocer todas las opiniones».

Entre otras cosas, la normativa proyectada prevé la derogación de los delitos de «desacato» y «atentado al honor de jefes de Estado extranjero», contenidos actualmente en el CP. «Nosotros consideramos que la libertad de expresión debe primar por sobre el honor», indicó Camaño.

Además, el proyecto propone cambios a la normativa que regula los delitos de «difamación» e «injurias», los cuales se pretende despenalizar en los casos de informaciones y opiniones sobre temas de interés público, como forma de fortalecer la libertad de expresión.

Camaño dijo que el próximo paso será estudiar los mecanismos para elevar la propuesta a consideración del gobierno. Explicó que las opciones más factibles son a través del Ministerio de Educación y la comisión que trabaja en la actualización del CP, que preside el catedrático Milton Cairoli.

 

Ultimos antecedentes

El mes pasado, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) absolvió al ex director de Rentas, Eduardo Zaidensztat quien había sido condenado en junio de 2006 por sus dichos contra una decisión del entonces juez penal Pablo Eguren, quien procesó sin prisión a tres empresarios acusados de defraudación fiscal.

La condena fue apelada por la defensa de Zaidensztat, pero el Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión del juez Néstor Valetti, por lo que se presentó un recurso de casación ante la Corporación, la que finalmente absolvió al ex director de la DGI.

Incluso, en un pasaje del fallo de la SCJ se llamó a «armonizar» la legislación del delito de «desacato» con la normativa vigente a nivel internacional. «Competería a nuestros legisladores derogar o adecuar la citada norma», cuestionaron los ministros.

Otro caso que despertó polémica fue la condena contra el periodista de Paysandú Carlos Dogliani, a quien el ex intendente sanducero Alvaro Lamas acusó por «difamación», con motivo de una investigación periodística publicada en el semanario «El Regional».

Dogliani denunció públicamente que el jefe comunal exoneró a un poderoso hacendado local del pago de 300 mil dólares por concepto de una deuda con la comuna. Tras el proceso judicial de primera instancia, un Tribunal de Apelaciones absolvió al periodista.

Sin embargo, Lamas presentó un recurso de casación ante la SCJ, que el año pasado condenó a Dogliani a cinco meses de prisión. Actualmente, el caso está a estudio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya que la defensa considera que la condena viola la libertad de expresión.