Hay una "industria de juicios contra el Estado", dijo Rubio

El presidente de la República, Tabaré Vázquez dispuso la creación de un sistema de coordinación entre el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), para que las áreas jurídicas de las distintas dependencias públicas fijen políticas de defensa del interés común, a raíz de los multimillonarios juicios que debe enfrentar el Estado.

Hace más de un año que los juicios contra el Estado han generado gran preocupación al gobierno de izquierda.

Ya en setiembre de 2006 el subsecretario del ministerio de Educación y Cultura, Felipe Michelini, aseguró públicamente que la Dirección de Asuntos Constitucionales, Laborales y Registrales de su secretaría de Estado disponía de un diagnóstico en el que se hablaba de la existencia de dos mil juicios contra el Estado a octubre de 2005, con reclamos algo superiores a los US$ 600 millones.

Dicha dirección tiene hoy el cometido de llevar adelante un trabajo «coordinado y metódico» de la defensoría del Estado.

Pero la preocupación del gobierno no cesa, y en tal sentido, el presidente Vázquez hace dos semanas dio la directiva para concretar una coordinación entre la Secretaría de la Presidencia y la OPP, con el cometido de que las áreas jurídicas de las distintas dependencias públicas fijen políticas de defensa del interés común.

 

Industria de juicios contra el Estado

En ese marco, ayer Rubio expresó públicamente que el gobierno trabaja «fuertemente para erradicar» lo que a su entender se convirtió en una «industria de juicios contra el Estado» la cual ha sido montada en el país «desde hace décadas» ya que se planea, muchas veces, reclamos multimillonarios por situaciones insólitas y que causa graves perjuicios a la sociedad, dado los costos que esta debe afrontar».

Según el jerarca, en muchos casos se verificó «la desidia más completa en la defensa jurídica de diversas áreas del Estado, frente a situaciones insólitas que ocasionaron graves pérdidas al erario».

Rubio añadió que no se trata de situaciones puntuales, sino que son «cuestiones sistemáticas», y añadió que existen «estudios jurídicos, que viven a expensas de este tipo de juicios contra el Estado».

Por otro lado, se refirió a la importancia de evaluar «caso por caso», sin descuidar «algunas situaciones notorias que fueron denunciadas por juicios multimillonarios donde prácticamente no se había ejercido el derecho de defensa».

Este tipo de hechos determinó que algunos secretarios de Estado iniciaran acciones legales para «revisar procedimientos, detectar omisiones y corregir desvíos».

Por tal motivo, Rubio resaltó que se mantendrá una conducta «vigilante en defensa de la sociedad», porque si bien el Estado «comete errores, y en muchos casos actúa en perjuicio de los ciudadanos, quienes tienen derecho a reclamar, pero también existen planteos absolutamente desmesurados».

En tal sentido, puso como ejemplo los juicios que llevan adelante los ex guardahilos de Antel, los que a consideración del jerarca, «no tiene fundamento, porque existe una relación privada de por medio que unió en su momento a las dos partes del contrato». *