Indagados por quema de banderas de EEUU tienen fronteras cerradas

Ayer, la Justicia continuó con la indagatoria por la quema de banderas de Estados Unidos registrada el 12 de abril, en una protesta de grupos radicales en reclamo de la libertad de Fernando Masseilot, el joven procesado por «sedición» durante la visita de George Bush.

La doctora Aída Vera Barreto, titular del Juzgado Penal de 20º Turno, tenía previsto tomarle declaración a Irma Leites, Rúben Hornos y Gustavo López, de Plenaria Memoria y Justicia, al dirigente del Partido de los Trabajadores Rafael Fernández y al ex tupamaro Washington Muñiz.

El objetivo de la audiencia era observar los videos de la marcha para determinar si los citados quemaron banderas de EEUU, para reclamar la excarcelación de Masseilot, quien fue liberado recientemente, hecho que podría configurar el delito de «vilipendio de símbolos patrios extranjeros».

Sin embargo, antes de comenzar con los interrogatorios, la jueza Vera Barreto informó al abogado Gustavo Salle, representante de los indagados, sobre una medida cautelar de «cierre de fronteras» que había sido dispuesta sobre sus clientes.

Ante ello, el defensor presentó un escrito planteando que sus patrocinados no volverán a declarar en virtud de que ya prestaron testimonio y «reconocieron que quemaron las banderas de Estados Unidos y lo van a hacer las veces que sea necesario», dijo Salle a LA REPUBLICA.

«Nunca me fue notificada la medida cautelar de cierre de fronteras, lo cual es un hecho muy grave porque mis clientes no tuvieron la posibilidad de refutar esa decisión», dijo Salle y agregó que esa disposición «viola el principio de inocencia» de los indagados.

«El año pasado presenté una denuncia contra el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, la cual recayó en la jueza Vera Barreto, quien no dispuso una medida cautelar de estas características; por tanto esto evidencia un criterio discriminatorio», argumentó el abogado.

Vera Barreto, en tanto, dijo a LA REPUBLICA que como el caso se encuentra en presumario, la defensa no debe ser notificada sobre las medidas tomadas. Ahora, la causa pasará a la fiscal Mónica Ferrero para que resuelva si pide procesar a alguno de los indagados. *