"Sistema penitenciario en crisis por la política criminal y penitenciaria"

María Noel Rodríguez, asesora en asuntos penitenciarios de la ministra del Interior, Daisy Tourné, acaba de llegar de Suecia. En ese país, participó junto a otros representantes del seminario internacional que se viene desarrollando en distintos países (en Uruguay se realizó en el mes de marzo de este año), y que tiene como tema fundamental «los sistemas penitenciarios y los derechos fundamentales». La actividad fue organizada por el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (Ilanu) y el Instituto Raoul Wallenberg de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de Suecia. En una entrevista concedida a LA REPUBLICA, al ser consultada sobre la experiencia del modelo carcelario de dicho país, expreso que Uruguay está «en un momento importante para no agravar aun más la situación de crisis que vive el sistema carcelario. Sin embargo, tenemos probabilidades de que nos coloquen en muy mala posición a nivel regional». Tenemos una tasa de priorización que nos ubica en el tercer lugar en la lista de países en América Latina. Tras Panamá y Chile que superan el número de reclusos en proporción a la población nacional. Lo cual es visto como «un alerta» al que hay que prestar atención. «¿Qué está pasando que nuestro país tiene un porcentaje tan alto de presos en relación a otros países que presentan índices de criminalidad mucho más altos?». Para la doctora y asesora del Ministerio del Interior, desde el año 2005 el problema está en que Uruguay está utilizando «en forma excesiva» la pena privativa de libertad.

 

–¿Cuál fue el principal aprendizaje en tu paso por Suecia en el marco de tu visita al sistema penitenciario de ese país?

–Suecia es un país con nueve millones de habitantes y una población reclusa de cinco mil personas. Uruguay es un país con más de tres millones de habitantes y tiene 7.200 personas privadas de libertad. Ante esta premisa, nos planteamos la primera interrogante: ¿qué es lo que está haciendo Suecia que nos muestra una tasa de priorización mucho más manejable? Y aparece la primera experiencia: ellos apuntan a otras formas de castigo y utilizan las penas alternativas y, bajo esa modalidad, tienen casi diez mil personas que están sometidas al control penal pero sin ser ingresadas a los centros de reclusión. Utilizan fundamentalmente el trabajo comunitario, el arresto domiciliario y vimos en forma muy clara cómo se aplica el monitoreo electrónico o las conocidas pulseras o tobilleras. Este último sistema es aplicado a presos con delitos menores o que se encuentran en la última etapa del proceso. Para ser utilizado, la persona debe aceptarlo en forma voluntaria y debe comprometerse a fijar un domicilio, aceptar un plan de seguimiento, no consumir drogas, alcohol y ser monitoreada por un personal técnico. Además, deberá pagar cinco euros diarios que serán aportados a un Fondo de las Víctimas de Delitos.

 

–¿Este sistema de monitoreo electrónico a las personas que cometieron delitos podría ser aplicado en Uruguay?

–No estamos diciendo que se pueda aplicar en forma inmediata e igual en nuestro país, pero pensamos que este tipo de sistema cierra perfectamente.

Creemos que haciendo algunos ajustes a la legislación actual que tenemos en materia de penas alternativas podríamos aumentar el número de personas que pudieran ser beneficiarias de un régimen de libertad vigilada, o de arresto domiciliario bajo control electrónico, o trabajo comunitario. Creemos que eso es posible.

En el caso del seguimiento a través de una pulsera o tobillera electrónica no se genera rechazo en la opinión pública porque estas personas no quedan en una situación de impunidad. Pero tenés a una pena mucho más útil porque le permitís trabajar, formás un ser productivo y, como broche perfecto, parte de lo que esa persona gana va en beneficio de las víctimas. Esas son las experiencias que Uruguay tiene que aprender. Todos los organismos del Estado tenemos que trabajar juntos para tener una política criminal diferente que realmente atienda el problema que tenemos en nuestro sistema penal y penitenciario y que se pueda disminuir el uso de la pena privativa de libertad. Con esto no proponemos generar espacios de impunidad, sino redimensionar el sistema penitenciario y tener en prisión a aquellas personas que necesariamente hay que privarlas de su libertad por la peligrosidad del delito y su impacto. Pero hay una serie de delincuentes y delitos que no necesariamente tienen que ser castigados con la pena privativa. Es en esas tras formas mucho más eficientes y menos costosas en las que debemos trabajar.

 

–¿En ese sentido se debe avanzar en la reforma del Código del Proceso Penal?

–Uruguay es el único país de América Latina que todavía mantiene un proceso penal inquisitivo que establece una distancia tan grande entre lo que es la figura del juez y la persona que finalmente será procesada o condenada. Aspiramos a que la comisión de reforma del Código del Proceso Penal para fines de este año cuente con un Código de procesamiento penal alternativo, junto a las reformas que puedan partir del Código Penal, que también está siendo revisado. Todas estas reformas tienen que caminar entrelazadas y deben procurar la definición de una política criminal y penitenciaria diferente a la que hoy tenemos, que de alguna manera no deja de ser una de las causas de la crisis de nuestro sistema penitenciario.

 

–¿Las instituciones están preparadas para recibir los cambios que se darán a través de esa reforma del proceso penal?

–Quizás el cambio más fuerte que el sistema penal reciba es el de la reforma del proceso penal. Eso se previó en la Ley de Humanización, y para eso se dispuso que en la comisión de reforma estuviera un representante del Ministerio de Economía y Finanzas, porque un proceso acusatorio y oral implica la necesidad de nuevos recursos humanos y locativos. Si bien es un tema que excede a nosotros, creemos que Uruguay necesita este cambio y que todos los países de la región se lo han dado a pesar de sus dificultades económicas, como es el caso de Nicaragua y Paraguay. Un cambio en el proceso penal también impactará al proceso policial y deberá ajustar su procedimiento y rol. En tanto, lo que hace a la ley de penas alternativas creemos que es necesario reforzar en ese sentido la figura del Patronato de Encarcelados. Su participación es esencial para la rehabilitación de las personas que recuperan su libertad, y si pretendemos que sea el patronato el que haga el seguimiento de las penas alternativas debe seguir siendo fortalecido.

–¿Cuáles son las condiciones de trabajo actuales de los funcionarios que trabajan en el sistema penitenciario?

–Si hay algo que la ministra ha dejado claro es esto: hay presos sin uniformes y presos con uniformes. Yo entiendo que, de todos los funcionarios públicos, son los que están en peores condiciones. Para eso estamos generado un espacio de trabajo en común con la Dirección Nacional de Cárceles y con el Círculo Policial Penitenciario, a los efectos de poder identificar cuáles podrían ser las medidas a tomar para mejorar su condición laboral y entre las que se analiza la posibilidad de brindarles una prima –que quedó sin poder establecerse a través de la ley de rendición– la posibilidad de retiro antes de lo establecido y establecer una licencia especial para contemplar el difícil rol que tienen ellos dentro del sistema. Esa licencia consistiría en brindarle al funcionario quince días más sobre los treinta días establecidos por ley, y que pueda utilizarlos ante determinadas situaciones, por ejemplo, luego de haber vivido una situación de reyerta, motín o muertes. Ese funcionario debe ser sacado rápidamente de ese ámbito y se le tiene que brindar la ayuda y el espacio para que pueda limpiar su cabeza d
e la situación que vivió. Hasta ahora esto no se ha podido hacer y creemos que el incremento de funcionarios ayudará en ese sentido. Hoy no se puede decirle a un funcionario que se vaya para su casa luego de haber vivido algún tipo de incidente grave dentro de la cárcel, porque no hay personal adicional suficiente para que lo cubra. *