Guardavidas canarios resisten privatización

Canelones

Rodeados de efectivos policiales, los guardavidas de Canelones pretendieron ayer ser recibidos por la secretaria general de la comuna, Marianella Medina, ante la anunciada privatización del servicio. Según el gremio, la licitación ya fue otorgada a una empresa que tiene como representante a un militar y profesor de educación física «vinculado a la dictadura».

Sobre las 15.30 de la víspera, alrededor de 50 integrantes de la Asociación de Guardavidas de Canelones (AGC) ingresaron a la Intendencia de Canelones (IMC). Ante una versión que indicaba que tratarían de ocupar el edificio, varios policías se colocaron en la puerta. Los delegados del sindicato subieron al segundo piso y pidieron ser recibidos por Medina. Unos 20 minutos más tarde, una funcionaria de la comuna les comunicó que la jerarca no los recibiría, según informó a LA REPUBLICA el dirigente de AGC Edgardo Camejo.

El director de Administración de la IMC, Jorge Alonso, ofreció una mediación que tampoco tuvo éxito. Cuando aguardaban una respuesta, un jerarca de la Jefatura de Policía de Canelones que comandaba el operativo dentro de la Intendencia les advirtió que si no se retiraban por voluntad propia, deberían desalojarlos.

Luego de una breve asamblea a pocos metros del despacho del intendente Tabaré Hackenbruch, los guardavidas optaron por irse bajo palmas y cánticos. «La IMC suspendió el pago a los funcionarios alegando que era por culpa nuestra», afirmó Camejo, quien sostuvo que «se trata de un ‘bolazo'».

Militar de la dictadura

El dirigente gremial denunció que la licitación pública realizada por el Municipio para la provisión de material técnico y personal de guardavidas «ya fue adjudicada a la empresa Lagotur, la cual tiene como representante a Luis Alberto Fleitas, un militar vinculado a la dictadura».

Anunció además que el próximo jueves serán recibidos por el ministro de Turismo, Alfonso Varela, al tiempo que solicitaron una audiencia con el ministro de Deporte, Jaime Trobo. Este martes, los encargados hasta la pasada temporada de la vigilancia de las playas y ríos del departamento realizarán una asamblea, en la que decidirán cuáles serán las futuras movilizaciones. Camejo consideró como «desmedida» la presencia policial en el edificio del Municipio. «Parece que hay un interés de la IMC de no escuchar nuestros puntos de vista para que la gente no se entere de las verdaderas intenciones de la licitación».