La Intendencia de Maldonado gastó U$S 30 millones en cinco meses

Maldonado

El documento revela varios hechos demostrativos del descalabro de las finanzas municipales. Entre ellos, que el ejercicio 1999 arrojó un déficit de 29.200.000 dólares y que en enero y febrero de este año se recaudó un 18 por ciento menos de lo previsto. Es decir, faltaron 20 millones de dólares. Además, la Intendencia gastó 10.500.000 dólares más de lo que estaba previsto (2.600.000 dólares en sueldos; 800 mil dólares en funcionamiento y 7.100.000 dólares en inversiones).

Al 21 de diciembre de 1999, según el Tribunal, la comuna tenía un superavit acumulado de 6.600.000 dólares, pero no se incluyen los 9.900.000 dólares de compromisos de inversión pendientes de ejecución por obra licitada y adjudicada, pendiente o en vías de ejecución. Por lo que hay un déficit real de 3.300.000 dólares que debe enjugarse con la recaudación del año 2000. A principios de este año tenía 17.800.000 dólares disponibles en caja, pero los gastó en los primeros cinco meses del año junto a gran parte de la recaudación de enero y febrero.

Por otro lado, UTE, Antel y OSE le reclaman 600 mil dólares más de lo que surge de las cuentas de la propia Intendencia. El organismo destaca, en tanto, que «a pesar de esta crisis financiera, se le descontaron 300 mil dólares en impuestos al Hotel Conrad».

¿Cuáles son las razones para que la comuna más rica del país pase ahora a ser deficitaria? Por lo pronto el TCR revela que «durante el ejercicio se comprometieron gastos sin contar con crédito suficiente en los rubros respectivos, contraviniendo así lo dispuesto por el artículo 15 del Tocaf. Dichos gastos una vez observados por el delegado de este Tribunal fueron reiterados por el ordenador competente».

Pero además el organismo ratifica el desorden al observar la Rendición, entre otras cosas, por «la no realización de arqueos de caja periódicos (que) contraviene lo dispuesto por el artículo 102 del Tocaf». En los considerandos el TCR asegura que «de acuerdo a información proporcionada por la Tesorería Municipal, durante el Ejercicio 1999 y exceptuando el arqueo al 31/12/99, no se realizaron arqueos por personal de Contaduría o Auditoría Interna».

Todo parece indicar que las causas de los problemas financieros no son mucho más que dos: la pronunciada baja en la recaudación y los millonarios gastos realizados durante la campaña electoral para apoyar a su candidato oficial, Enrique Antía quien gracias a los casi 30 millones de dólares gastados en año electoral, finalmente logró ser electo intendente.

Una semana atrás el dirigente nacionalista opositor Ricardo Alcorta denunciaba que el déficit municipal llegaba a las 27 millones de dólares, aunque también aclaraba que «el mismo se debía a la notoria disminución de los ingresos».

Ahora el documento del máximo órgano de contralor del país, publicado en su sitio web (www.tcr.gub.uy) demuestra que Alcorta no estaba equivocado y que las finanzas municipales llegaron al descalabro absoluto. Incluso el gobierno tuvo que pedir adelantos al Ministerio de Economía y Finanzas. Según la carpeta 152316-E. 4645-20/09/00, la Intendencia gestionó ante el Ministerio de Economía y Finanzas la entrega de un adelanto de cuatro millones de pesos a cuenta de las utilidades que le corresponden por concepto de explotación de juegos de azar en los casinos del Estado correspondiente al ejercicio 2000. Por otro lado, pospuso hasta febrero del año los pagos que debía realizar a todas las empresas que contratan con el municipio por pequeñas obras o servicios.

Recientemente el director de Hacienda, Nuble Guadalupe, respondió un pedido de informes que le dirigiera la Junta Departamental diciendo «que llegarán a fines del presente año con un saldo de caja casi nulo». Aunque otras fuentes vinculadas al gobierno aseguraron que «en este momento a la comuna le falta dinero para pagar la totalidad de los aguinaldos».

El gobierno nunca ha querido mostrar sus números públicamente, más que a través de declaraciones de sus jerarcas. Pero una y otra vez esas declaraciones terminan dándose de bruces con la realidad.

Por ejemplo: en ocasión de dos temporales que afectaron gravemente a Maldonado a fines del mes de abril, jerarcas municipales aseguraron que «le habían costado 800 mil dólares»; pero poco después el entonces intendente Camilo Tortorella aseguró que «habían gastado 800 mil dólares en cada uno de los dos temporales».

Tres fuentes municipales indicaron a LA REPUBLICA que «la Intendencia sólo puede mostrar comprobantes de gastos por no más de 60 mil dólares». De ser así, se gastaron más de 1.500.000 de dólares que no se pueden comprobar. Pero en el legislativo departamental –organismo responsable del control de la gestión– ningún edil ha preguntado nada.

Una observación tras otra

Durante la campaña electoral, todos los candidatos a intendente excepto Antía denunciaron la existencia de gravísimos actos de corrupción cometidos por los gobernantes salientes. Cada uno de los dos blancos (Ricardo Alcorta y Ambrosio Rodríguez); los dos colorados (Benito Stern y Conrado Bonilla); el encuentrista Darío Pérez y el nuevoespacista Heriberto Sosa, tenían su propia lista de irregularidades que sumadas hacían más de un centenar.

Mientras tanto desde la comuna aseguraban que «respondían con obras». Y tal como ocurrió en 1994, habían acumulado millones de dólares para volcarlos en año electoral. Pavimento, cordón cuneta, caminos rurales, iluminación, saneamiento y otras tantas obras de infraestructura, ocupaban a varias empresas y centenares de trabajadores.

Esos trabajos son observados ahora por el TCR ya que no estaban incluidos en el presupuesto quinquenal y por lo tanto no había crédito para su realización. Pero, peor aún. Los vecinos de los barrios que vieron crecer el asfalto y el hormigón, ahora denuncian que a seis meses de entregados los trabajos ya no queda nada y sólo hay pozos.

Y esa ha sido la constante: la baja calidad de las obras y el alto costo de las mismas generan la sospecha de «gato encerrado».

Sirva a modo de ejemplo la siguiente observación del TCR que revela no sólo ampliaciones de contratos que no están permitidas por el Tocaf, sino además, que el llamado a licitación no fue publicado con anterioridad.

El dictamen del Tribunal de Cuentas dice: «Por resolución del Intendente de Maldonado de fecha 31/05/99 se adjudicó la construcción de la infraestructura vial para el fraccionamiento de Granja Cugnetti a la firma Mir Limitada por un monto total de $ 4.346.241,80 IVA incluido y un monto imponible de mano de obra de $ 566.665,60; que este Tribunal en Sesión de fecha 22/09/99 acordó observar el gasto en virtud de que la adjudicataria presentó un certificado del Registro de Obras Públicas vencido y además que se incumplió el Artículo 47 del Tocaf en cuanto a que las publicaciones no se realizaron con la antelación de 15 días hábiles a la fecha de la apertura; que posteriormente se reiteró el gasto según Resolución del intendente de Maldonado de fecha 21/10/99, manteniéndose la observación original en Acuerdo de este Tribunal de fecha 24.11.99; que en la oportunidad el intendente de Maldonado por resolución de fecha 21/06/00 dispuso una ampliación del 85.62% para la construcción de la infraestructura vial, al amparo de lo dispuesto por el Artículo 63 del Tocaf por un monto de $ 3.721.252 menos un descuento del 6.5%; que según la información contable de fecha 23/06/00 el Rubro 205.612.2060, no presenta disponibilidad».

Existen decenas de ejemplos como éste e incluso es posible encontrar la adjudicación por trabajos por unos cinco mill
ones de dólares –incluidas ampliaciones del 100 por ciento– a una empresa a la que está notoriamente vinculado un importante dirigente nacionalista.

El Tribunal también observó los contratos de obra del sicólogo Daniel Esquivel y del contador Gustavo Ibáñez, ingresados por la actual administración. Curiosamente la documentación que la propia Intendencia le solicita a las empresas o particulares con las que contrata, no se los exigió a personas a las que contrató.