Nueve jueces y fiscales declararán como testigos en juicio contra el MEC

En caso de una sentencia favorable, los funcionarios percibirán una indemnización cercana a los 35 millones de pesos.

En la particular instancia, que tendrá lugar el próximo miércoles 19 de diciembre, comparecerán como testigos ante la jueza de lo Contencioso Administrativo de 1er. Turno, doctora Cristina Cabrera, nueve magistrados y fiscales, informaron a LA REPUBLICA fuentes vinculadas al caso.

Los testigos citados son: la jueza penal y presidenta de la Asociación de Magistrados del Uruguay, Anabella Damasco; el juez penal Homero Da Costa; las fiscales penales Mirtha Guianze y Olga Carballo y la fiscal departamental de Río Branco, Patricia Lanzani.

Además, fueron convocados la jueza de Familia María de Vega; la jueza letrada de la Ciudad de la Costa, Marta Lechini; el fiscal Civil Edward Hernández y la ex fiscal adjunta penal y actual funcionaria de la Fiscalía de Corte Ana Moris.

La magistrada Cabrera interrogará a los testigos respecto a la función que cumplen los 100 funcionarios en las Fiscalías Penales, Civiles y de Menores de todo el país. Los trabajadores representan a los fiscales en las audiencias y también participan en la elaboración de dictámenes.

«No es común que quien está actuando en el ámbito de la Justicia tenga que recurrir a la vía judicial para acceder a un derecho. No es lógico que un fiscal tenga que recurrir a la Justicia para solucionar un conflicto de este tipo», dijo una fuente cercana a los demandantes.

 

El reclamo al MEC

A fines de abril del año pasado, más del 60% de los asesores letrados a nivel nacional iniciaron un juicio contra el MEC reclamando una suma próxima a los 35 millones de pesos, por una recuperación salarial acordada en 2006 que no se cumplió.

La demanda busca anular un decreto de 1987, por el cual los asesores letrados fueron removidos del escalafón «N» y pasaron al escalafón «A», lo que generó diferencias en los salarios con los jueces de Paz de la capital, con quienes se encontraban equiparados jerárquicamente desde 1985.

Además, otro grupo de funcionarios inició una demanda similar, pero ante el Juzgado Civil de 1er. Turno, donde la sentencia les fue desfavorable. El fallo fue apelado, y actualmente se encuentra a estudio de un Tribunal de Apelaciones.

El reclamo en la sede de lo Contencioso Administrativo, patrocinado por el abogado constitucionalista Augusto Durán Martínez, busca lograr una indemnización para los asesores letrados, equivalente a unos 35 millones de pesos, lo que representaría la retroactividad por los cuatro últimos años.

Para solucionar este diferendo, en la Rendición de Cuentas de 2006 se aprobó una equiparación salarial a cuatro años a partir del 1º de enero pasado, fórmula con la cual los secretarios letrados recuperarían la diferencia salarial con los magistrados que toman como referencia.

Sin embargo, el mecanismo no se implementó. Recién a fines de julio pasado se aprobó un decreto que estableció un aumento desde agosto y que además prevé incrementos progresivos en enero de 2008 y 2009, para alcanzar la equiparación total con los jueces de Paz de la capital en 2010. *