La Universidad y RAMI plantearán hoy sus acuerdos y objeciones a la Ley de Radios Comunitarias

Oscar Orcajo, director de la emisora universitaria (Uniradio), quien reivindica la participación de la sociedad civil en los medios de comunicación, sostiene que en este debate parlamentario hay aspectos que no pueden «negociarse», como lo es el financiamiento de las radios comunitarias, en cuanto a la obtención de publicidad, y el segundo aspecto es el referido al alcance de las radios.

El oficialismo le dio su expreso apoyo al proyecto a nivel de la Cámara de Representantes, el mismo que fuera elaborado por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc), la Asociación de la Prensa del Uruguay (APU), la Universidad de la República, entre otras organizaciones.

Pero a nivel de los legisladores blancos y colorados, hubo cuestionamientos de orden jurídico al proyecto, al igual que los reparos efectuados por las gremiales de Andebu y RAMI.

Hoy a las 14 horas, comparecerá en Diputados las autoridades de RAMI y de la Universidad de la República, representada por el director de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Alvaro Gascue, y el profesor de Derecho y Deontología de la Comunicación, Martín Prats.

Sobre la postura de la institución universitaria, Oscar Orcajo dijo a LA REPUBLICA que el proyecto buscar «romper el esquema de la existencia de solamente 400 empresas privadas y apenas 10 emisoras estatales».

Dijo que quienes cuestionan la propuesta, aducen que algunos de los artículos van en contra del ordenamiento jurídico superiores, y entienden que estas radios no deben tener publicidad para su financiación.

La intención del Senado es aprobar el proyecto lo antes posible, y entienden que la Ley sea aprobada en noviembre o diciembre próximos.

Orcajo sostiene que es posible hacer ciertas concesiones en el transcurso del debate, pero considera que hay determinados aspectos del proyecto que no se puede transar. El director de Uniradio enfatizó que es imposible ceder en lo referente a la financiación de las radios comunitaria a través de la publicidad.

«Debemos proteger el derecho al acceso de la sociedad civil de a la radiodifusión», enfatizó. Sostuvo que Uniradio es la excepción, en cuanto a su condición de comunitaria, y que fuera otorgada su frecuencia por el Poder Ejecutivo.

Tanto sea Amarc, como la Universidad reivindican que en aquellos departamentos donde quede libre una frecuencia, sea adjudicada a una radio de carácter comunitario. En ese caso, piden que las frecuencias que fueran quitadas al grupo Rupenian, pasen a manos de los «comunitarios».

«Debemos repartir un poco mejor y llegar a una mayor equidad», acotó Orcajo, quien reafirmó que «algunos puntos del proyecto pueden cambiar, pero el espíritu debe permanecer».

 

¿Hasta dónde deben llegar y cómo se financiarán?

En cuanto a la polémica por el alcance de estas radios, sostuvo que no se puede limitar el mismo, porque su distancia de llegada dependerá de los destinatarios que tendrá esa emisora. Dijo a modo de ejemplo, que una radio del gremio de los estudiantes universitarios (FEUU) no puede circunscribirse a un barrio o ciudad, porque hay estudiantes universitarios en todo el país. Sin embargo, para una radio comunitaria barrial el alcance no debería superar los límites de esa zona.

Orcajo dijo que muchos empresarios radiales quieren que las emisoras comunitarias sean «pocas, pequeñas y pobres». Añadió que el argumento del acotamiento geográfico para estas emisoras es utilizado para minimizar el proyecto.

Espera que el parlamento apruebe rápidamente esta iniciativa, ya que para otorgar una frecuencia debe hacerse hasta un año antes de las elecciones nacionales, y 6 meses después de las mismas. Una vez aprobada la ley antes de fin de año, se deberá aguardar su reglamentación.

 

Andebu y su posición

La Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos (Andebu), presentó ante la Cámara de Senadores un documento de trabajo, planteando una serie de precisiones respecto al proyecto de regulación de la Radiodifusión Comunitaria.

Advierte que el proyecto recibió aprobación en Diputados sin haber tenido «un necesario consenso.»

Afirma que esta legislación cuenta con errores jurídicos. Según Andebu, este proyecto contiene disposiciones contrarias a normas internacionales, susceptibles de generar situaciones de responsabilidad respecto a los demás Estados.

Advierte que la autorización para prestar un servicio de radiodifusión no constituye un ejercicio del Derecho a la libre comunicación de los pensamientos, sino a la libertad de Industria y Comercio que la Constitución reconoce en su artículo 36, y puede sufrir limitaciones por razones de interés general.

La gremial de broadcasters sostienen que deben ejecutarse cambios en una serie de puntos: titularidad, sustentabilidad económica, reserva del espectro radioeléctrico, alcance, plazo y sanciones.

Andebu entiende que las emisoras comunitarias autorizadas no podrán operar en ningún caso como estaciones repetidoras. Propone que esas emisoras no podrán difundir contenidos que no estén comprendidos en el respectivo proyecto. *