Memorándum confidencial de Batlle sobre aduaneros

El presidente Jorge Batlle exhibió ayer durante la reunión del Consejo de Ministros un memorándum confidencial que contiene una nómina de funcionarios y una evaluación sobre el funcionamiento de los puestos aduaneros.

Munido con una carpeta roja con algunas hojas, el mandatario habló largo y tendido sobre el tema del contrabando.

«El subproducto de la aftosa fue el tema del contrabando», dijo Batlle palabras más palabras menos, según informaron participantes de la reunión.

El jefe de Estado sostuvo que la situación de la aftosa fue pretexto para combatir «efectivamente» el contrabando. Batlle habló de la necesidad de actuar para «que las empresas nacionales no paguen el pato» generado por el ingreso de mercadería ilegal.

En tal sentido, afirmó que existe una competencia «desleal» y puso como ejemplo la situación generada con los refrescos.

Durante la reunión, Batlle leyó de la carpeta roja algunos casos de funcionarios involucrados en irregularidades. Si bien no dio nombres, el jefe de Estado tiene toda la información: dónde trabajan, a quién responden y hasta cómo distribuyen la mercadería.

Esta información no es conocida en la Dirección Nacional de Aduanas, según informaron ayer a LA REPUBLICA fuentes de esa repartición del Estado.

El secretario de la Presidencia, Raúl Lago, manifestó que existe una «decisión del gobierno de continuar con todas las medidas tendientes a evitar la proliferación o la continuidad del ingreso ilegal de mercadería al país».

El ministro de Economía también se refirió al tema a la salida de la reunión y afirmó que por el momento no está planteada la flexibilización de las medidas. «Se han tomado medidas internas en la aduana y se busca el combate (del contrabando) de la forma lo más adecuada posible».

El gobierno también realizará un seguimiento del estado patrimonial de los funcionarios aduaneros. En tal sentido se espera que estas funcionarios realicen sus declaraciones juradas sobre su estado patrimonial, tal cual lo estable la ley anticorrupción aprobada en la pasada legislatura.

El combate al contrabando fue instalado en el debate público hace poco más de dos semanas por el propio presidente Batlle. El mandatario aseguró que los puestos aduaneros ubicados en el límite con Brasil está trabajando «horrorosamente mal», y aseguró que algunos funcionarios cobraban hasta 2.000 pesos para dejar pasar mercadería.

El fin de semana pasado, Batlle volvió a referirse al tema, e indicó que «cuando viene un ómnibus de Brasil a Uruguay y va a pasar la frontera, a cada pasajero le piden 100 pesos, y cuando uno dice que no, los demás le protestan. Esto no puede ser. Eso no está en la ley ni en ninguno de nosotros ir a reprimir, esto tiene que ser una actitud de todos los uruguayos, como hacen los demás países que defienden su trabajo».

Resolución de funcionarios

En tanto, la Asociación de Funcionarios Aduaneros (AFA) emitió ayer un comunicado en el que expresa que continuará con el control de las operaciones aduaneras y declara persona no grata a la Asociación de Despachantes de Aduanas.

La resolución indica que la AFA resolvió «continuar con el control y responsabilidad de las operaciones aduaneras dando cumplimiento estricto a todas las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, sin aceptar presiones de ninguna naturaleza que implique cualquier tipo de flexibilidad en el ejercicio de la función aduanera».

Además y debido a las declaraciones efectuadas por el presidente de la Asociación de Despachantes de Aduana, Carlos Longobardo, la AFA resolvió: «a) declarar persona no grata a la Asociación de Despachantes de Aduana en su calidad de persona jurídica. b) exigir a esa Asociación la presentación de las pruebas de sus manifestaciones, remitidas a través de su Presidente. c) Reservarse el derecho de iniciar las acciones legales pertinentes frente a tales dichos».