Investigación de robo en Boiso Lanza exhibe sutiles fisuras entre Policía y la Fuerza Aérea

Los jerarcas de Inteligencia policial se proponen en la etapa que se abrió con los procesamientos dispuestos por el juez Ricardo Migues, avanzar hacia el esclarecimiento del destino del resto de las armas ­se recuperó sólo un fusil FAL­, completar la red de personas con y sin uniforme implicadas, las vías de comercialización y eventual salida del país del material sustraído.

De acuerdo a información en poder de LA REPUBLICA el estado anímico de los militares encarcelados es descrito como «tenso», pues algunos de ellos temen posibles represalias personales o familiares. Si bien los cuatro procesados por peculado han admitido su participación, existe la presunción en los investigadores policiales de que «saben más» y no se descarta que el magistrado actuante autorice nuevos interrogatorios para tratar de profundizar en la escabrosa trama delictiva que sacude a la Fuerza Aérea. Ayer, el subsecretario del Ministerio del Interior, Ricardo Bernal, cuestionó que la Policía no tuviera participación en los interrogatorios en el marco de la investigación que derivó en los procesamientos de cuatro militares y cuatro civiles por el robo de armas de guerra de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU).

«Hubiera sido importante que la Policía pudiera tomar contacto con las personas detenidas ya que por razones de plazos tuvieron que ir directamente a ser indagados por la Justicia», dijo Bernal consultado por Telenoche 4.

No escapó a cualquier observador atento del caso que en las palabras del número dos del Ministerio del Interior se deslizaba una velada crítica hacia la Fuerza Aérea, en especial a las características de los interrogatorios, que de acuerdo a algunas fuentes «no fueron todo lo profesionalmente esperable».

Para el jerarca del Ministerio del Interior ahora es necesario «ver cómo podemos continuar la investigación que se está tratando de llevar adelante en forma conjunta con los servicios de la Fuerza Aérea, para intercambiar la información disponible».

El hecho de que los militares quedaran recluidos en Cárcel Central ofrece garantías, según la opinión de los investigadores consultados, pues no sólo «están seguros» sino que también están «a mano» para continuar interrogándolos si la Justicia penal lo consiente.

Para la Policía, aún restan muchos aspectos relevantes para repasar, desde las fechas hasta la modalidad de los robos y los apoyos recibidos.

 

Sin vínculo con narcotráfico

Por otra parte, el juez Ricardo Migues dijo ayer que hasta el momento no hay información que relacione el episodio de las armas de guerra robadas con el narcotráfico, tal como lo indicó el lunes el presidente en ejercicio, Rodolfo Nin Novoa.

«No tenemos esa información que dio el vicepresidente. De cualquier manera, solicité informes al Ministerio de Defensa, de modo que si hay algún elemento de ese tipo, estoy plenamente seguro de que me lo van a hacer llegar», dijo el magistrado en declaraciones a radio El Espectador.

«En la instrucción manejé la venta de esas armas para la obtención de dinero. Ninguna de las personas que fueron sometidas a interrogatorio me dijo que el destino de ese dinero fuera comprar drogas. No me lo manifestaron», aclaró Migues. El juez dijo además que en la instrucción del caso, previo a disponer los procesamientos, «hubo versiones contradictorias» porque «al principio se autoinculpaban uno a otro, pero se llegó, a través de los careos, a una versión única y conformada de todas las situaciones». *