Procesaron ayer a 4 militares y 4 civiles por el robo de las armas: "La investigación sigue"

Luego de una extensa jornada de interrogatorios, a iniciativa de la fiscal Penal de 11º Turno, doctora Cristina González, el juez Miguez procesó a cuatro soldados de tropa y cuatro civiles por el robo de un fusil FAL de la base Boiso Lanza, sede del Comando de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU).

Según informó anoche un comunicado de la División de Comunicación Institucional de la Suprema Corte de Justicia, los soldados de iniciales JAPA, EDRO, JARM y PDLS, fueron remitidos con prisión por un delito de «peculado en régimen de reiteración real».

Mientras, un recluso del complejo carcelario de Santiago Vázquez de iniciales LDO fue enjuiciado con prisión por el delito de «peculado en reiteración real», en calidad de «coautor», en su condición de ser quien realizó los contactos para vender el arma.

Además, el juez Miguez dispuso los procesamientos pero sin prisión de otros tres civiles: dos mujeres (CEPF y TPS) y un hombre de iniciales ABM por el delito de «receptación». Según se comprobó, las mujeres habían ocultado el fusil y dieron aviso al hombre para que lo retirara.

La semana pasada, en el marco de inspección de rutina realizada en la Base Boiso Lanza, se constató el faltante de 11 fusiles FAL y dos subametralladoras FMK-3. Además, fueron sustraídos nueve cargadores para los rifles FAL y cuatro cargadores de las subametralladoras FMK-3.

Apenas conocida esta situación, las autoridades de la FAU denunciaron el hecho en la Seccional 17ª, que dio curso al Ministerio del Interior. También se denunció el robo ante el Juzgado de Instrucción Militar de 1er. Turno, a cargo del coronel (r) Gustavo D’Olivera.

 

La operativa del robo

De acuerdo a lo que se desprende de la investigación y de las confesiones de los implicados, el recluso LDO, de 37 años y con profusos antecedentes penales, era quien manejaba los hilos de la banda desde la prisión. El encargaba a los uniformados las armas y les pagaba 30 mil pesos por cada unidad robada. El robo de cada una de las 13 armas sustraídas de los depósitos de Boiso Lanza requería de la participación de dos efectivos de la Fuerza Aérea.

Aún quedan eslabones de la cadena sin aclarar. Entre los hilos sueltos de la trama se busca identificar a quien o quienes comercializaban las armas robadas, tanto a los vendedores como a los compradores.

En la etapa que se abrió tras los primeros procesamientos, la investigación de Inteligencia policial se orienta a lograr recuperar el resto del armamento robado y a establecer la integración de toda la red delictiva montada para sacar una a una las poderosas armas de guerra de la sede de la Fuerza Aérea.

Anoche, tras el procesamiento dispuesto por el juez Miguez, tres de los militares y el recluso reincidente quedaron en Cárcel Central, sitio que puede ser el destino definitivo de los uniformados tras los trámites de rigor. El cuarto integrante de la Fuerza Aérea fue trasladado bajo severas medidas de seguridad nuevamente al Hospital Central de las FFAA donde es atendido de una delicada enfermedad que padece.

 

El destino de las armas

Uno de los civiles procesados habría reconocido la intención de los compradores del arma recuperada de trasladarla a Brasil. Si bien todavía se desconoce el paradero del restante armamento robado, en caso que surjan nuevos datos, el magistrado cursará nuevas citaciones.

Anoche, al retirarse del Juzgado Penal de la calle Bartolomé Mitre casi Buenos Aires, el juez Miguez explicó a los medios de comunicación que lo aguardaban que el inicio de la investigación ­tal cual informó ayer LA REPUBLICA­ fue la recuperación de uno de los fusiles robados.

«El procedimiento comienza con un allanamiento donde se encontró un fusil FAL, y a partir de ahí se investigan a las personas que podrían estar vinculadas con el hecho, y surge de la situación que había vinculados cuatro soldados de la Fuerza Aérea», explicó el magistrado.

Según una investigación publicada el domingo por el diario Folha de San Pablo, una importante cantidad de las armas que utiliza el crimen organizado en Brasil proviene de organismos de seguridad de países vecinos como Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay.

De acuerdo con la publicación, el 20% de las armas de gran porte confiscadas por la policía brasileña provienen de los ejércitos de los países mencionados. El desvío de armas fue descubierto en una investigación conjunta realizada por los países involucrados, agregó el informe de Folha de San Pablo.

 

La investigación

En su edición de ayer, LA REPUBLICA informó sobre los avances de la investigación policial a cargo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) en el marco de la cual se había recuperado uno de los 11 fusiles FAL robados de la base Boiso Lanza. Un comunicado de prensa difundido ayer por la Dirección de Relaciones Públicas de la FAU, firmado por el coronel aviador Mariano Rodrigo, ratificó lo informado ayer por LA REPUBLICA en cuanto a los logros alcanzados en la indagatoria.

El arma sustraída fue encontrada la semana pasada en uno de los varios allanamientos llevados a cabos en varios puntos del país. El fusil fue ubicado desarmado y envuelto en bolsas de nailon en una vivienda en la zona de Camino Maldonado y Altair.

El robo se habría producido mientras los soldados ahora procesados cumplían la guardia perimetral, ya que el depósito del armamento de la compañía de la Policía Militar no presentó señales de haber sido forzado, lo que generó mayor preocupación en el Comando de la Fuerza Aérea. *