Cordero sigue en custodia de Policía Federal y puede ir a una cárcel de máxima seguridad

El coronel Manuel Cordero no será trasladado a Santana do Livramento como había solicitado su defensa y es posible que espere su extradición a Argentina o Uruguay ­a estudio del Supremo Tribunal Federal (STF)­ en una prisión de alta seguridad brasileña, se informó en Porto Alegre a LA REPUBLICA.

El superintendente de la Policía Federal de Rio Grande do Sul, inspector Ildo Gasparetto, dijo a LA REPUBLICA que en casos de extradición corresponde a esa dependencia policial la custodia de los detenidos, y que, según lo establecido en la normativa legal no pueden ser derivado a otras instalaciones.

Cordero había pedido que lo trasladaran a una unidad del Ejército o la Brigada Militar, cercanas a la ciudad de Santana do Livramento, donde fue detenido el pasado 26 de febrero, pero el reclamo fue negado este viernes a través de una resolución firmada por ministro relator del STF, Marco Aurelio de Mello.

«Comunique ao Juizo Federal que o extraditando debe permanecer sob a custodia da Policia Federal, nao cabendo a transferencia sugerida. Oficiem ao Ministro de Estado da Justica, encaminando copia de esta decisao. Publiquem», reza el escueto pronunciamiento fechado este 24 de agosto.

 

Una molestia

Entrevistado en su despacho de la sede estadual de la Policía Federal, en la Avenida Ipiranga 1365 de Porto Alegre, Gasparetto reconoció a LA REPUBLICA que el militar uruguayo tampoco debería permanecer en el celdario del primer piso, donde se encuentra desde el 12 de marzo último.

En la sede policial, Cordero ocupa una de las cinco celdas destinadas al tránsito de prisioneros desde que sufrió un malestar cardíaco que lo mantuvo varias semanas en un centro de salud gaúcho, pero su presencia en las instalaciones de la Policía Federal ya sería una «molestia».

El militar prófugo de la Justicia uruguaya, y requerido por los jueces federales argentinos Guillermo Montenegro y Daniel Rafecas, implica la presencia de un custodia permanente, gastos de alimentación y de cinco medicamentos diarios que significan gastos no previstos al presupuesto policial.

«Cordero tiene buen papo (diálogo)», indicó un asesor de prensa policial, quien explicó que aunque el militar no ha aceptado entrevistas con medios de prensa uruguayos, se muestra de buen ánimo y conversador con otros reclusos (estafadores, evasores o narcotraficantes), con los que ha compartido la celda.

 

Tres «opciones»

La policía federal dispone de sólo tres cárceles en todo el territorio brasileño y a una de ellas debería ser derivado el coronel Cordero si se continúa dilatando una decisión del Supremo Tribunal Federal, ante el cual la defensa del militar uruguayo hay interpuesto múltiples recursos jurídicos.

Una de las opciones sería la sobrepoblada Prisión Federal ubicada en las afueras de la capital, Brasilia, donde permanecen detenidos algunos de los más importantes reclusos del país. En particular logran llegar al lugar empresarios evasores de impuestos y «presos VIP», según se indicó. La segunda posibilidad sería el traslado de Cordero a la penitenciaría de Campo Grande, en el Estado de Mato Grosso, donde días atrás fue trasladado el narcotraficante colombiano Juan Carlos Ramírez Abadía, alias «Chupeta», detenido en San Pablo el 7 de agosto y requerido por Estados Unidos.

El tercer y más probable destino de Cordero, es la prisión federal de Catanduvas en el Estado de Paraná. Una flamante cárcel modelo de máxima seguridad, con capacidad para 200 reclusos que son monitoreados las 24 horas del día, que cuenta con un pabellón sanitario y block quirúrgico.

 

«Lesa humanidad»

El coronel Manuel Cordero ya es considerado en Brasil como un criminal de lesa humanidad, desde que el Supremo Tribunal Federal tomó conocimiento de algunos de los delitos por los que se le quiere juzgar, que incluyen tortura, asesinato, violación, robo, apropiación de menores y desapariciones forzadas.

Cordero había sido encausado por la Justicia Penal uruguaya en 2004 por el delito de apología de la tortura, pero luego de una serie de dilatorias jurídicas terminó por recusar al juez actuante, José Balcaldi, quien lo denunció por un delito de «desacato con ofensa».

El militar uruguayo, miembro del terrorífico Organo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) se fugó entonces a Brasil, donde fue ubicado en febrero de 2005 por el activista de derechos humanos brasileño Jair Krischke, quien un año más tarde promovió su detención.

El torturador fue requerido desde Argentina por el juez Montenegro, que indaga la causa Plan Cóndor, y por el juez Rafecas, a cargo del pozo «Automotores Orletti». En Uruguay, Cordero es solicitado por el juez Luis Charles, que atiende los casos de traslados a Uruguay de desaparecidos durante la dictadura. *