Traslados ilegales: nuevas pruebas contra accionar represivo en 1978

López Goldaracena pidió incorporar al caso una copia de la circular 8/976 del Ministerio de Relaciones Exteriores, del 18 de febrero de 1976, firmada por el canciller Juan Carlos Blanco, en la que destaca el «papel relevante» del Servicio Exterior en cuanto a la situación de las personas exiliadas.

En el documento se establecieron instrucciones a los jefes de misión. Además, se recuerda a los jerarcas la disposición del gobierno de la época para que el Servicio Exterior fuera uno de los agentes en la represión contra opositores al régimen.

La circular señala también que la Dirección de Asuntos Políticos del Ministerio de Relaciones Exteriores «coordina las acciones en el exterior y es enlace con las demás agencias nacionales participantes de esta misión», según establece el escrito al que accedió LA REPUBLICA.

La comunicación culmina por un mensaje del canciller Blanco: «Estoy seguro de que esta inmensa responsabilidad será asumida por el Servicio Exterior con el patriotismo y el coraje exigidos por las circunstancias».

López Goldaracena argumenta que este documento debe analizarse particularmente por su fecha (febrero de 1976), momento en el que se registraron denuncias internacionales sobre violaciones a los DDHH, meses antes de los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz.

Por otra parte, al escrito también se adjuntó una copia de la comunicación «confidencial» H3-1/1978, del 18 de diciembre de 1978, remitida por el embajador uruguayo en Buenos Aires, Luis María de Posadas al entonces canciller, Adolfo Folle Martínez.

En este segundo documento se hace referencia a los uruguayos radicados en Argentina y especialmente al «porcentaje de agentes subversivos».

A criterio del denunciante, este informe es de «gran importancia» ya que demuestra las labores de inteligencia realizadas por el Servicio Exterior. *