Argentina formalizó segunda protesta ante Uruguay, en menos de 24 horas

La primera fue recibida el jueves, en la cual el gobierno de Kirchner le pide a su par uruguayo la detención de las obras de Botnia, teniendo en cuenta el accidente ocurrido en la planta de Fray Bentos el pasado 14 de agosto. La nueva carta de la víspera responde a la protesta uruguaya, por una supuesta pasividad del gobierno argentino ante presuntos actos de incitación al terrorismo.

En la recta final para el inicio de la producción en la planta de Botnia, el clima diplomático entre Uruguay y Argentina se tensa cada vez más. Lejos de un entendimiento, las partes están cada vez más alejadas.

El endurecimiento en las declaraciones de los asambleístas de Gualeguaychú, con afirmaciones de la probabilidad de atentados terroristas contra la planta en Fray Bentos, la resolución de un juez federal de garantizar la libre circulación de rutas, el accidente de sulfuro de sodio que afectó a 12 obreros de Botnia, y la denuncia de tres mujeres de Gualeguaychú, de que también fueron afectadas por una supuesta «nube tóxica», enrareció aún más el panorama.

Parecería ser que, como en un juego de ajedrez, las partes mueven sus piezas, ante lo que se avecina, la inauguración de la planta, que según se dice, podría darse el próximo 17 de setiembre.

El martes, el gobierno uruguayo envió una nota a su par argentino, manifestando preocupación por los reiterados actos de incitación de particulares en territorio argentino de «invasión, sabotaje y terrorismo» contra instalaciones en territorio uruguayo. A lo que se sumaba, la acusación de una pasividad del gobierno argentino, ante la andanada de ataques verbales, proveniente de Gualeguaychú.

Ese mismo día, por la mañana, ocurre el accidente en la planta de Botnia con la propagación de una bolsa de sulfuro de sodio debido a una incorrecta manipulación y los efectos del viento. Tres mujeres de Gualeguaychú denunciaron que fueron afectadas por esa «nube tóxica», hecho que registra la Cancillería argentina.

El jueves, el embajador Bustillo, es convocado para recibir una carta de protesta del gobierno de Kirchner. En la misma se establece que se insta nuevamente a «detener el proyecto de Orion, en el marco de la necesidad de evitar un agravamiento de las fuertes tensiones ya existentes entre ambos países».

Argentina cataloga el emprendimiento de Botnia como «ilícito, autorizado y desarrollado sobre un recurso fluvial compartido en violación de un tratado bilateral».

Entiende que el accidente del día 14, «evidencia que es perjudicial para el ecosistema asociado al río Uruguay y sus áreas de influencia».

En tal sentido, fuentes de la Cancillería uruguaya aclararon que seguramente, no habrá respuesta a esta protesta argentina.

 

Dura respuesta argentina

Ayer, la Cancillería del gobierno de Kirchner respondió a la nota presentada por Uruguay de preocupación por los actos de incitación al «terrorismo».

En la respuesta, Argentina rechazó «con indignación» esas alusiones considerando las mismas no sólo ofensivas, sino «particularmente injustas para un país que ha sufrido en carne propia el flagelo del terrorismo y que ha hecho del combate contra el mismo uno de los pilares de su política exterior».

En lo que se refiere a las acusaciones, la nota argentina se inquieta por la generalidad y superficialidad de las mismas, que deberían en todo caso haberse basado en una previa verificación de la veracidad, tenor y circunstancias de las supuestas «incitaciones».

Conforme se señala en la nota argentina, «no es con este tipo de manifestaciones efectistas e irreflexivas que pueden sentarse las bases para una solución de la controversia que mantienen nuestros países: todo lo contrario, tales manifestaciones sólo contribuyen a agravar las fuertes tensiones ya existentes».

Finalmente, se insta al Uruguay «a reconducir la controversia al terreno de los hechos, de las realidades que muestran cómo se insiste insensiblemente en promover un proyecto industrial ilícito sobre un recurso compartido, que ha dado recientemente pruebas de su carácter perjudicial para el ecosistema asociado al Río Uruguay y a sus áreas de influencia, con particular detrimento a la salud y bienestar de las comunidades adyacentes a ese curso fluvial».

Por último, la Cancillería instruyó a sus representaciones diplomáticas ante la Corte Internacional de Justicia y la Organización de Estados Americanos a entregar a dichos organismos sendas copias de la nota entregada a las autoridades uruguayas. *