Gobierno decretó la esencialidad: los anestesistas buscan impugnar medida

El decreto fue adoptado ayer ante el paro de anestesistas y cirujanos de Salud Pública que dejó sin atender a pacientes de los hospitales Pereira Rossell y Maciel y ante la huelga programada por parte del Sindicato Médico del Uruguay (SMU) y la Federación Médica del Interior (FEMI) para el próximo jueves.

A solicitud del Ministerio de Salud Pública (MSP), en la tarde de ayer el ministro de Trabajo, Eduardo Bonomi, firmó el decreto de esencialidad para los anestesistas y médicos cirujanos.

El decreto que toma validez «a partir de la firma ministerial», según dijo Bonomi a LA REPUBLICA, establece la esencialidad de la actividad profesional en el sector anestésico-quirúrgico.

Bonomi señaló que los servicios que estrictamente se deberán cumplir son: «los de urgencia, emergencia, servicios ambulatorios, hospitalización, blocks quirúrgicos (intervenciones quirúrgicas de urgencia, emergencia, de coordinación y oncológicas de niños y adultos) y salas de parto».

Este es el 5º decreto de esencialidad que firma el gobierno de Tabaré Vázquez desde su asunción, en marzo de 2005.

Cabe recordar que los anteriores decretos firmados fueron en los sectores de: transporte de carga profesional, operadores de tránsito aéreo, Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y en la recolección de residuos en el departamento de Maldonado.

Tanto en el caso del INAU y de la recolección de residuos, «si bien los decretos fueron firmados, no tuvieron que ser aplicados porque se llegó a un acuerdo antes de ser puestos en vigencia», explicó el ministro Bonomi.

 

«Huelga afecta la salud»

La ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz informó ayer, durante el acuerdo ministerial en Suárez y Reyes, acerca del estado de situación del sistema de salud pública y sobre la huelga que vienen realizando los anestesistas y médicos.

Muñoz informó que su secretaría de Estado constató que durante el fin de semana pasado «se dejó de operar a pacientes oncológicos y también de los hospitales Pereira Rossell y Maciel».

A la vez, criticó que si un niño que tiene una operación coordinada, como por ejemplo de una hernia, «no puede permitirse que la misma llegue a estrangularse para realizar la intervención quirúrgica». Muñoz acotó que todos los paros anteriores en la actividad médica habían cumplido con las emergencias y las coordinaciones de acuerdo a las pautas establecidas por el SMU.

Esa situación y el hecho de que desde el SMU y la FEMI se resolviera realizar un paro a partir del próximo jueves y después de que el gobierno propusiera la conformación de una mesa de diálogo tripartita, llevó al Ejecutivo a resolver plantear la esencialidad para las actividades médico­quirúrgicas en los servicios de salud del Estado.

La decisión de determinar el paro para el jueves fue tomado como la «negociación» de la mesa de negociación propuesta por el gobierno.

Durante el acuerdo ministerial, Vázquez señaló que el gobierno «no puede dejar de defender» a los sectores más vulnerables de la población que son quienes se atienden en ASSE y recurren a los hospitales del Montevideo y del interior del país.

Dijo que la decisión de detener las actividades es una huelga «contra los más pobres», porque precisamente se deja de brindar atención en Salud Pública y no en las mutualistas privadas.

En ese marco el MSP se abocó, «luego de afectada la necesidad de los ciudadanos más desprotegidos», a solicitarle inmediatamente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social redactar la resolución de esencialidad para los servicios de asistencia y cirugía en los hospitales públicos del país».

El MSP incluyó en la resolución a aquellas tareas que «realmente deben cumplirse, además de lo que tiene pautado el SMU y FEMI para los días de paro, y las intervenciones de coordinación que tengan todos sus estudios realizados, así como las operaciones oncológicas y todas las coordinaciones de niños del Pereira Rossell», señaló Muñoz.

La secretaria de Estado dijo que el gobierno «comprende» las medidas de los gremios, las cuales ratifica como «legítimas», sin embargo, aseguró que «la huelga por parte de un sector de médicos afecta verdaderamente la salud de la población».

Señaló que el gobierno no está dispuesto a que se repitan experiencias anteriores haciendo referencia a la extensa huelga anestésico ­ quirúrgica del año 1993 en la cual se pudo constatar que «existieron muertes evitables».

Muñoz dijo que en el caso de que no se acate la decisión de esencialidad hay previstas sanciones.

«El decreto tiene la sanción, la expulsión es la caída del contrato en el caso de la Comisión de Apoyo. Mientras que el MSP tiene diversos regímenes contractuales por lo que no podemos hacer referencia a una única medida», resaltó la secretaria de Estado.

Incluso, aseguró que podría procederse a cubrir aquellos cargos que quedaran vacantes a través de llamados públicos nacionales e internacionales.

Muñoz afirmó que hay médicos uruguayos que sin necesidad de reválidas hoy están trabajando en Chile, y que todos los países del Mercosur tienen revalidas simultáneas.

Por otro lado, la secretaria de Estado dijo que «en la actualidad los anestesistas se llegó a un valor hora de 340 pesos, con 4 guardias al mes, totalizan un ingreso de 32 mil pesos, 8 mil pesos por guardia, y si bien no es una cifra desmesurada» es considerable si trabajan full time en un centro hospitalario y estuvieran a disposición.

Muñoz señaló que el MSP «no quiere violentar una escala salarial que ASSE debe estudiar, pero no se puede dejar de lado al médico de cabecera que atienden cotidianamente todos los problemas de la población, y en el que se sustenta verdaderamente el cambio de modelo de atención».

 

«283 % de aumento salarial»

Por otro lado, la secretaria de Estado difundió los logros de la gestión de izquierda durante los dos años y medio de gobierno hacia los servicios de Salud del Estado.

En ese marco enumeró que ASSE «tiene una cobertura de salud de 44,4% para la totalidad del país en lo cual la dotación presupuestal desde el año 2004 al 2007 tuvo un incremento de 116 millones de dólares». Ese dinero ha sido repartido entre «salarios y equipamiento».

«Ingresamos con un salario para los médicos de 4.500 pesos, y llegamos a 12.766 a la fecha, no es una salario acorde con las responsabilidades para un médico que solamente trabaje en salud publica, pero sí decimos que ha aumentado en un 283 % para los médicos, no así para los funcionarios no médicos que han tenido un aumento de un 5% por encima de los aumentos que ha conquistado COFE. Por tanto, ya tenemos una propuesta con Economía para lograr un ajuste de los no médicos y no se logre un desfasaje tan grande», aseguró Muñoz.

En cuanto a equipamiento de salud pública, dijo que entre el 2005 y 2006 se han comprado siete equipos nuevos de anestesia para el Pereira Rossell, y hay en tránsito equipos de anestesia para Carmelo, Colonia y San José, tres para el Hospital de Salto, uno para Artigas y Flores. Además de la compra de 25 ambulancias, de las cuales 10 se distribuyeron en Montevideo y 15 en los distintos centros asistenciales del interior del país.

 

Nin Nova y Xavier  cuestionan huelga

El vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Novoa, y la senadora socialista Mónica Xavier cuestionaron ayer la huelga que lleva adelante el gremio de los anestesistas y cirujanos. Además, remarcaron que es una «huelga hacia los pobres». El vicepresidente dijo a El Espectador que hay una «incomprensión» del esfuerzo que el gobierno ha efectuado en la materia.

Nin Novoa puntualizó que se han acrecentado los salarios mínimos en 183% -pasando de 4.500 pesos a 12.500 pesos, y las inversiones en un 120%. Agregó que hubo una gran inversión en materia de recursos para los hospitales públicos, fundamentalmente en el interior del país, don
de «mejoró notoriamente», según puntualizó Nin, el acceso a los medicamentos. «Comprendemos que aún falta mucho», expresó el vicepresidente, a la vez que rechazó de plano la huelga y efectuó un llamado a la reflexión.

«Ahora, si todo lo que no conseguimos, lo arreglamos no en base a la negociación, sino en base a la huelga y para eso nos olvidamos que la huelga, además, se está haciendo en los hospitales públicos, donde se atiende a la gente más pobre, porque son los que usan los hospitales; es una huelga que perjudica particularmente y únicamente a los pobres, porque en las mutualistas y en las clínicas privadas no se hace huelga, entonces me parece que no es justo. Hay que hacer un llamado a la reflexión para tratar de seguir encontrando soluciones, porque el gobierno ha tenido no sólo la mejor disposición, sino que con hechos concretos ha demostrado la importancia que la da al sector de la salud», expresó Nin Novoa.

Por su parte, la coordinadora de bancada, senadora Mónica Xavier, sostuvo que «la paralización de actividades en contra del sector público afecta directamente la atención de los usuarios más débiles y de menores recursos». También destacó, al igual que Nin, que el gobierno ha triplicado los ingresos de los salarios médicos en el sector público.

Por otra parte, hoy martes la Comisión de Salud de Diputados se involucrará en el conflicto entre anestesistas y el Ministerio de Salud Pública para intentar mediar en el mismo. Legisladores del Frente Amplio plantearán en la reunión ponerse a disposición de las partes -si ellas así lo entienden- con ese fin, pero también hay otras posiciones -desde el Partido Nacional- que hablan de un mayor involucramiento.

 

Malestar de los gremios

Los médicos no se esperaban tanta amplitud en los servicios declarados esenciales por el gobierno pero en principio piensan acatar las medidas.

El paro de 24 horas votado por las asambleas del Sindicato Medico del Uruguay (SMU) y de la Federación Médica del Interior (FEMI), para el 16 de agosto sigue en pie. Y también ese día comienzan sus medidas los cirujanos nucleados en las Sociedades Anestésico Quirúrgicas (SAQ).

Los médicos destacaron que el decreto es una medida inédita e incluso algunos lo tipificaron de «dictatorial». La norma abarca «todas las actividades de los profesionales de especialidades anestésico quirúrgicas en áreas de urgencia, emergencia, servicios ambulatorios, hospitalización, block quirúrgicos (intervenciones quirúrgicas de urgencia, emergencia, de coordinación y oncológicas de adultos y niños) y salas de parto. Asimismo se incluyen todas las actividades asistenciales necesarias para el diagnostico, tratamiento y seguimiento de los pacientes comprendidos en las situaciones precedentemente expuestas» explica su texto.

 

Un decreto polémico

La ministra de salud, doctora María Julia Muñoz dijo que se declaró la esencialidad de los servicios que brindan los cirujanos y anestesistas, para no poner en peligro la asistencia de la población.

«El servicio esencial (intervenciones de emergencia, urgencia y oncológicas) es lo que están cubriendo actualmente los anestesistas» explicó a LA REPUBLICA el dirigente de la SAQ, doctor Julio de Fuentes.

«Si todo el servicio fuera declarado esencial, los gremios no tendrían sus derechos laborales para manifestar su disconformidad y eso iría en contra de la reglamentación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)» agregó De Fuentes.

El director del centro hospitalario Pereira Rossell, doctor Fernando Tomasina, indicó a LA REPUBLICA que «es una medida del gobierno para asegurar las intervenciones quirúrgicas y dar garantía a la población de que los servicios se vana cumplir».

Gustavo Bogliacini de la Sociedad Anestésico Quirúrgica afirmó que «la ministra «miente, no hubo ninguna operación suspendida a ningún niño, de acuerdo a lo que afirmó el delegado anestesista del Hospital Pereira Rossell».

 

Cientos de pacientes en espera

Tomasina dijo que tienen una lista de espera de 500 pacientes, que no es solo resultado del paro porque las demoras vienen de antes. El médico aclaró que las denuncias que recibió la ministra Muñoz sobre la supuesta suspensión de una intervención quirúrgica oncológica, provino de los usuarios y no del hospital.

«Es verdad que se han generado demoras en este tipo de cirugía pero no se suspendió ninguna», aclaró el director. Sin embargo, sí se han suspendido operaciones que no entran dentro de la guardia gremial. «Alrededor de 10 cirugías que no son de emergencia, por día, no se realizan desde que comenzó el conflicto, entre el hospital pediátrico y el de la mujer» agregó.

Por su parte el presidente de la Sociedad de Anestesiología, doctor José Vera, organización que comenzó con el paro en Salud Pública, ironizó sobre el decreto de esencialidad del gobierno. «Si las carencias de salud pública se resuelven a través de un decreto bienvenido sea. Pero no se puede obligar a nadie a trabajar con carencias de infraestructura», dijo a LA REPUBLICA el médico anestesista.

El presidente del SMU, doctor Alfredo Toledo indicó a LA REPUBLICA que cree que si a la ministra «le parece que puede contribuir a mejorar la situación está muy bien, porque ya se está aplicando el instructivo de esencialidad» dijo antes de saber el contenido del decreto.

En una declaración, el SMU declaró que el decreto de esencialidad es un «claro avasallamiento al derecho de huelga» y un «peligroso antecedente para todos los trabajadores del país». Además, sostiene que el fundamento del mismo es un «hecho falaz, dado que en ningún momento estuvo en juego la vida de los pacientes» ya que, en todo el país, la atención de emergencia, urgencia y patologías tumorales se mantuvo en todos sus términos. Además, ratificó la medida de paro médico de 24 horas prevista para este jueves.

 

Anestesistas: «Una afrenta»

Luego de la reunión que mantuvieron anoche los gremios de los médicos (FEMI, SMU, SAQ) muchos se declararon «indignados» por la medida del Ejecutivo. «Confirmamos la gravedad del decreto y vamos a analizarlo con nuestros asesores legales», afirmó Toledo. En principio, los médicos dijeron que acatarán las medidas de esencialidad impuestas por el Ejecutivo.

Por su parte, los anestesistas se fueron de la reunión muy molestos con el gobierno. El enojo era tan grande que estaban dispuestos a renunciar «en masa». Al cierre de esta edición, una asamblea resolvió estudiar los caminos legales para impugnar el decreto de esencialidad. Vera (SAQ) consideró que el decreto «no resuelve los graves problemas» de Salud Pública pero además sostuvo que «es una verdadera mentira lo que dice la ministra». «Se trata de un decreto empieza con una mentira y viola los acuerdos con la OIT, además de tratarse de un decreto de la época de Pacheco», agregó. Vera confirmó que los anestesistas acatarán la medida y calificó como una «afrenta» que «un gobierno de izquierda tenga que obligar a los médicos a trabajar». *