Diputados: fue aprobada la creación del Archivo Nacional de la Memoria

Fue una sesión rara; entreverada pero productiva. Se plantearon temas importantes y fueron aprobados varios proyectos de relevancia. Sin embargo, hubo unos ciertos abundamientos que hicieron temer un desplome generalizado de cuerpos de legisladores sobre sus bancas.

Pasó, por ejemplo, luego de que Luis Lacalle Pou (Herrerismo) introdujera, como asunto político y fuera del orden del día, información sobre el viaje oficial que, junto a Fernando Longo (Liga Federal Frenteamplista), hizo a Costa Rica en julio pasado. Para el hijo del Cuqui ­anoche luciendo una corbata dorada como jamás Trobo tendrá­ ese país centroamericano ha creado un «concepto ambiental» para caminar hacia el desarrollo sustentable. Ese concepto está basado, dijo, en un documento del presidente Oscar Arias llamado «Paz con la naturaleza», el cual, «a cuenta de mayor cantidad en la discusión de los asuntos ambientales», puso a disposición del cuerpo. Enseguida, Longo abundó, destacando las deudas de Uruguay con la defensa del ambiente e incorporando datos sobre compromisos nacionales e internacionales a cumplir.

De pronto, y mientras el patriarcado de la Cámara baja ojeaba el cambio de corte y coloración de la melena de Silvana Charlone (Espacio 90), a su vez analizado de forma minuciosa y hasta con contenida envidia por el resto de las legisladoras, a Jorge Patrone (Asamblea Uruguay) le agarró un berrinche: felicitó irónicamente a Lacalle Pou por haber introducido en el plenario tan fácilmente este complejo tema; recordó que junto al diputado Juan Carlos Souza (Espacio 609) había intentado lo mismo sin éxito en oportunidad anterior; y cerró, resoplando, a puro corte de navaja filosa: «El documento de Arias es un insumo que hace tiempo está en poder de la comisión correspondiente de esta Cámara. No hay ninguna novedad, Lacalle Pou no descubrió la pólvora».

Lamentablemente, Longo, su propio compañero de bancada, le pinchó la euforia reivindicativa: aclaró que el documento en cuestión había llegado hace apenas un mes. Patrone ­quien regresó de Venezuela demostrando con su redondeado abdomen que, entre otras virtudes, el gobierno de Chávez alimenta muy bien a sus visitantes­ quedó más caliente que un esquimal septuagenario en el Sahara.

¿Otro hecho inusual, que inflamó partes delicadas de los presentes? Una charla intensa, muy gestual y risueña entre Guido Machado, Germán Cardoso y Washington Abdala (Foro Batllista). ¿Hallaron una encuesta perdida ­como las partituras que Canaro encontraba «de casualidad»­ dándoles medio punto más que el mes pasado? ¿O acaso descubrieron cómo ponerle una cáscara de banana a Pedro Bordaberry? Tal era el jolgorio que, entre otros, se arrimaron Federico Casaretto (Alianza Nacional) y José Carlos Cardoso (Herrerismo). Pero nadie quiso hablar. No fuera que se enterase el hombre de las pobladas cejas.

 

Archivo de la memoria

El proyecto de creación del Archivo Nacional de la Memoria fue informado por Daniela Payssé (Asamblea Uruguay) y se constituyó en el asunto más destacado de la sesión. Este proyecto, aprobado por unanimidad, surgió a partir de la comparecencia, ante la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, de la ministra de Defensa y del secretario general de la Presidencia de la República, en agosto del año pasado. La idea fue «establecer normas claras sobre el manejo, conservación y sistematización de documentos y material de archivo vinculados a violaciones de los derechos humanos en situación de quiebre institucional».

Establece «el derecho de la sociedad a recuperar su memoria histórica y el derecho de las víctimas y sus familiares a saber cómo, cuándo y dónde se cometieron las violaciones a sus derechos humanos, manteniendo el delicado equilibrio entre derechos colectivos y la privacidad». Afirma, además, «el derecho inalienable a la verdad, el deber de recordar, la necesidad de preservación de los archivos y las medidas para facilitar su consulta».

De acuerdo al artículo 3º, «sus actividades principales serán relevar, recopilar, analizar, clasificar, duplicar, digitalizar, archivar, custodiar, centralizar la información y administrar todos los documentos relativos a las violaciones a los derechos humanos» entre el 9 de febrero de 1973 y el 1º de marzo de 1985.

La dirección del Archivo estará a cargo de un Consejo Directivo de cinco miembros: un representante del Ministerio de Educación y Cultura, uno del Archivo General de la Nación, uno de la Escuela Universitaria de Bibliotecología y dos de organizaciones no gubernamentales con notoria trayectoria en el campo del derecho al acceso a la información y a los derechos humanos en general.

Cualquier persona mencionada en estos documentos podrá solicitar al Archivo que suprima sus datos personales de las copias de los originales que se entreguen a los interesados. Quedan exceptuados quienes hayan participado de violaciones a los derechos humanos, sean civiles, policías o militares. En ningún caso se suprimirán los datos del documento original, aunque las personas aludidas podrán hacer cuantas correcciones o aclaraciones crean del caso sobre lo allí contenido. La reserva de los datos personales cesará a los diez años de la muerte del involucrado o de quien hubiese solicitado la reserva.

Sobre el particular abundaron Beatriz Argimón (Correntada Wilsonista) y Nora Castro (Espacio 609). Demostrando que aun en la unidad hay matices, Pablo Alvarez y Carlos Gamou (Espacio 609) votaron el proyecto pero con una salvedad considerable: hay algo que les provoca cierto escozor y no es lo cierto sino las mentiras que puedan encerrar esos documentos creados durante la dictadura; discriminarlo, como señaló Gamou, será tarea necesaria, pero delicada y difícil y, para ejemplificarlo, recordó que hace poco se intentó enlodar la memoria de Tota Quinteros apelando a falacias grotescas y aduciendo la existencia de archivos probatorios.

 

Posada y el aborto

Iván Posada (Partido Independiente) fue autorizado a desarrollar, durante media hora, el complejo tema de la despenalización del aborto. Con una corbata cuya sobriedad agradeció hasta Benedicto XVI, e inalterable fidelidad a la vociferación, sentenció que «es necesario que todos meditemos, con el tiempo necesario, antes de instalar en la Cámara el debate por este tema».

Luego de un discurso que no le hizo asco a cierta intrincación, Posadas anunció la presentación de un proyecto de su autoría, con el objetivo de «aceptar el valor del concebido pero también de velar por los derechos de la mujer». Aunque se confesó agnóstico y contrario a la despenalización generalizada, aclaró que se trata de crear un consejo consultivo para decidir los casos «absolutamente excepcionales» en que se legalizaría un aborto; lo integrarían un médico, una psiquiatra y una especialista en el área social, «a fin, por otra parte, de apoyar a la mujer a superar las causas que la inducen al aborto y permitirle una decisión responsable».

Jorge Orrico (Asamblea Uruguay) y Gonzalo Novales (Alianza Nacional), valoraron la intención de Posada pero dejaron claro ­igual a un espejo o a la calva de Gamou­ que ni hay en sus bancadas opinión unánime sobre la cuestión, ni se daría un debate en esta sesión «porque eso está ocurriendo en el Senado».

Mientras yo padecía una tendencia para mí novedosa del presidente Pintado ­hacerse el jíbaro con los cortados que le manda a los periodistas­, Posada, duro como estaca, se agarró una calentura parecida a la de Mujica con los carniceros que venden pechito cruzado por asado de tira.

 

Otros temas y un planteo

El plenario aprobó anoche otros dos temas: el convenio con Rusia sobre cooperación en la lucha contra el tráfico ilícito y uso indebido de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y la extensión por hasta 180 días del subsidio por desempleo a los funcionarios de Rilomán, empresa vinculada al ex Banco de Crédito, que fueron afectados por el cierre de éste.

Antes, en plena media hora previa, Ruben Martínez Huelmo (Espacio 609) hizo un fuerte planteo contra las autoridades estadounidenses, que aun hoy, amparadas en una decisión de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), niegan información sobre el asesinato de Cecilia Fontana de Heber. Esa información podría llevar ante la Justicia uruguaya a los culpables. Según Martínez Huelmo, ello ocurre pese a la vigencia del «Freedom of Information Act», «un instituto de la legislación estadounidense promulgado en 1966 como Ley de Libertad de Información».

El diputado oficialista añadió: «Venimos con una vieja indignación personal a cuestas, porque desde Estados Unidos se intenta dar, ‘urbi et orbi’, lecciones de libertad y democracia (…) y algunos tontos noveleros lo repiten, pretendiendo hacernos olvidar que a la vuelta de la esquina (…) tienen una historia que los inculpa por este crimen y por muchos otros que se extienden por toda América Latina». Al final, proclamó: «…aquel atentado terrorista, que tenía como objetivo a tres integrantes de nuestra casa y tuvo un desenlace funesto, debe ser reexaminado con todas sus connotaciones y a la luz de las últimas informaciones. Ello en honor a nuestra dignidad nacional».

Martínez Huelmo pidió que sus dichos llegaran, entre otros destinos, a la Organización de Estados Americanos y al Parlamento del Mercosur.

No habló de la Embajada de Estados Unidos. Una de dos: o supuso que lo estaban grabando o se convenció de que Baxter le iba a dar menos pelota que al Pitufo Lombardo. *